Cuatro funcionarios del Diario Mayor EL DEBER y tres de la red de televisión PAT se incorporaron anoche a la huelga de hambre de los trabajadores de la prensa de Santa Cruz, que protestan desde hace 12 días en defensa de la libertad de expresión. A su vez, en diferentes ciudades del país circulan los libros para recolectar firmas y exigir la derogación de los artículos 16 y 23 de la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, mientras que el Gobierno advirtió que tal posibilidad es anticonstitucional.
Los periodistas Carmen Pérez y Gonzalo López, el operador de sistemas Michael Ortiz y el trabajador de la imprenta editorial Santa Cruz Mario Méndez se sumaron a la huelga de hambre, con lo que llegan a seis los funcionarios que representan a EL DEBER; antes se habían integrado el periodista Guíder Arancibia y el director ejecutivo del Diario Mayor, Pedro Rivero Jordán.
Por el lado de la red PAT asumieron la extrema medida el presentador de noticias Gary Áñez, el periodista Jesús Aponte y el camarógrafo Franklin Romero.
El recibimiento del púbico al nuevo grupo de huelguistas fue emotivo. Mientras la red PAT transmitió al vivo el ingreso y la ceremonia de recepción, EL DEBER digital, que se instaló en el lugar al mediodía con dos equipos de periodistas y la logística técnica, reportó minuto a minuto las incidencias.
Por iniciativa del Sindicato de Trabajadores Independientes, hace nueve días se inició en Santa Cruz de la Sierra la huelga de hambre en defensa de la libertad de expresión y de prensa, y el jueves la extrema medida fue asumida en siete departamentos del país; sin embargo, pese al clamor de la prensa, el presidente Evo Morales promulgó la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.
Para hoy está previsto que se integre a la huelga otro trabajador del Diario Mayor y para mañana convocarán una gran marcha con la participación de los trabajadores de todos los medios de comunicación de Santa Cruz; la protesta saldrá del monumento El Cristo.
Los trabajadores de la prensa y los dueños de medios de comunicación expresaron que no se oponen al espíritu de la ley antirracismo, pero exigen la anulación de los artículos 16 y 23, por considerar que coartan la libertad de expresión, concede carta blanca para que el Gobierno anule las licencias de los medios y encarcele a los periodistas que considere que autorizan y publican ideas racistas.
Si bien en la mayoría de las regiones los trabajadores de la prensa levantaron la huelga de hambre para priorizar la recolección de firmas, en Santa Cruz anoche se sumaron otras siete personas al piquete de 11 huelguistas y los responsables de la movilización anunciaron que hoy se integrarán por los menos otros cinco de diferentes medios.
Ayer, la Asociación de Periodistas de Bolivia y la Confederación de Trabajadores de la Prensa iniciaron la apertura de libros que busca recolectar un millón de firmas, en el marco de la Iniciativa Legislativa Ciudadana, prevista en la Constitución Política del Estado, para lograr la modificación de los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo, por considerar que vulneran el derecho a la libre expresión.
El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Pablo Zenteno, informó que los libros fueron entregados por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y que de inmediato salieron a circulación para lograr las firmas de la ciudadanía. Según el padrón electoral, bastarán 400.000 rúbricas ciudadanas para que la Asamblea Legislativa Plurinacional ejecute los mecanismos legales para modificar los polémicos artículos.
Sin embargo, para el Gobierno el pedido de suprimir los artículos 16 y 23 de la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, va en contra de la Carta Magna.
“Los que promueven el racismo y quienes recolectan firmas para una iniciativa legislativa están equivocados, porque fue el mismo pueblo, que el 25 de enero de 2009, votó en un referéndum la aprobación de la Constitución Política del Estado, que determina tener formas de lucha contra el racismo y la discriminación, por lo que recurrir a una iniciativa legislativa que vulnere o suprima los artículos 16 y 23 es ir en contra de la Constitución”, aseveró el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez.
El funcionario del Ejecutivo calificó la huelga de hambre que se lleva adelante en Santa Cruz como una medida injustificada y lesiva a la democracia, pues representaría la voz del “pensamiento racista que está en duelo y que no tardará mucho tiempo en apagarse”.
Además, complementó el viceministro Wilfredo Chávez, promover acciones legales de esta índole va en contra de los acuerdos internacionales que respaldan la legalidad de la democracia en el país.
Movilización en Provincias y departamento
Riberalta
Abre libros mañana
Robert Huari, ejecutivo de la prensa riberalteña, informó de que mañana se iniciará la recolección de firmas para que los ciudadanos rechacen los atentados a la libertad de expresión, particularmente los artículos 16 y 23 de la nueva Ley contra el Racismo.
Vallegrande
Habilitaron espacio
El comité sindical de la prensa de Vallegrande abrió ayer un libro notariado para registrar las firmas de la ciudadanía en apoyo al movimiento de los periodistas. En dos horas, 200 vecinos se registraron en la mesa habilitada en la plaza Rubén Terrazas.
Tarija
Tarijeños en acción
Luego de levantar la huelga de hambre que llevaban a cabo en la plaza Luis de Fuentes, los trabajadores de la prensa de Tarija, provincia Cercado, se concentraron en la apertura de libros y en una campaña de concienciación de la gente para apoyar la protesta.
Sucre
Capital movilizada
Trabajadores y propietarios de medios de comunicación realizaron una alianza para registrar la mayor cantidad de firmas y apuntalar la iniciativa ciudadana para derogar los dos artículos de la ley antirracismo, que coartan la libetad de expresión y de prensa.
Potosí
Expectativa citadina
Según los datos proporcionados por el diario El Potosí, mucha expectativa causó en la ciudadanía la apertura de libros para recolectar firmas. Los trabajadores de la prensa realizaron el sábado una marcha con un ataúd, simbolizando la muerte de la democracia.
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