• SIP ratifica que los artículos 16 y 23 de la norma antirracismo representan un grave deterioro a la libertad de prensa y la coacción al derecho del público boliviano a la información.
En una carta dirigida ayer al jefe de Estado, Evo Morales, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que aglutina a más de 1.300 publicaciones de las Américas exhortó a revertir los artículos 16 y 23 de la Ley Contra el Racismo. Sus ejecutivos ratificaron que esos contenidos atentan contra el derecho del público boliviano a la información.
La carta de la SIP es el segundo pronunciamiento contra los llamados “artículos mordaza”. La organización internacional encuentra al periodismo boliviano movilizado, con huelgas de hambre y en plena campaña para colectar más de un millón de firmas con la finalidad de impulsar una iniciativa ciudadana que permita la anulación de los dos artículos que conculcan la libertad de expresión e incurren en la “censura previa” prohibida por la nueva Constitución.
“En nombre de más de 1.300 publicaciones de las Américas que integran la Sociedad Interamericana de Prensa, queremos exhortarle a que revierta los artículos 16 y 23 de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, por considerar que se atenta contra el derecho del público a la información, siendo este propósito y la igualdad entre los ciudadanos, justamente lo que la nueva ley tiene como fin último y prioritario”, afirma la carta.
Lamenta “el grave deterioro a la libertad de prensa y la coacción al derecho del público a la información que esta ley acarrea para el pueblo boliviano. Nos preocupa especialmente que su Gobierno no haya prestado atención al movimiento de periodistas, medios de comunicación, organizaciones dedicadas a la libertad de prensa, sindicatos y demás sectores de la sociedad civil que se han expresado de forma solidaria y unánime en contra de las cláusulas mencionadas y de su próxima reglamentación”.
“Insistimos en que este estatuto incurre en serias restricciones a la libertad de prensa, por cuanto hace a los medios de comunicación pasibles de drásticas sanciones sobre declaraciones o noticias que aunque no concuerden con el criterio editorial del medio, tienen por sí mismas el valor noticioso ya que pueden provenir de fuentes de interés público o ser temas de interés público”, añade.
“Le exhortamos a que reconsidere la vigencia de esta ley, que para el bien de la democracia de su país, no debería contener premisas que permitan coartar el libre ejercicio del periodismo y el derecho del público a saber”, manifiesta.
El análisis de esa ley será uno de los temas principales que abordará la SIP en su próxima Asamblea General de Mérida, México, que se realizará entre el 5 y 9 de noviembre próximo. El mensaje de la SIP al jefe de Estado de Bolivia fue firmada por su presidente, Alejandro Aguirre, subdirector del Diario Las Américas, con sede en Miami; el primer vicepresidente Gonzalo Marroquín, director de Prensa Libre de Guatemala y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información Robert Rivard, director editorial del San Antonio Express-News, de San Antonio, Texas.
Pedro Rivero Jordán, director del diario El Deber de Santa Cruz, y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP para Bolivia, se adhirió ayer a una huelga de hambre que iniciaron hace más de una semana periodistas de varias localidades del país que exigen la anulación de los dos artículos citados de la legislación contra el racismo y la discriminación, aprobada la semana pasada.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.
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