Television, Radio y Periodicos

jueves, noviembre 04, 2010

Cierran programa televisivo e inician la “judicialización”

Antonia Largo amenazó con juicio a un canal de televisión y al periodista conductor de un programa de Potosí por haber dado curso a una llamada telefónica de un televidente que habría proferido términos racistas. El caso ocurrió antes de que la Ley antirracismo sea aprobada.

Un programa de televisión fue cerrado y su conductor despedido en previsión de una amenaza de juicio al calor de la Ley antirracismo. El fiscal de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, cuestionó el caso del medio al que una concejal del MAS amenazó con seguir proceso por la Ley 045. Dijo que ello representa el inicio de la aplicación de la “arquitectura jurídica y de la judicialización” contra la labor periodística.
Vargas expresó su preocupación, porque con el caso de Potosí se ingresaría a aplicar la estrategia que fue denunciada ante la OEA y la cual forma parte específicamente del Artículo 16 de la Ley antirracista, que vulnera la libertad de expresión.
“Un periódico destaca en su primera plana cómo esta norma se está aplicando de manera arbitraria y es el caso de un periodista en Potosí que va a ser acusado formalmente por una concejal del MAS, lo advertimos en su momento, porque es difícil controlar lo que puede decir un entrevistado y naturalmente nos parece un exceso y un abuso que el periodista sea amenazado con una multa y mucho menos con la suspención de la licencia del medio”, afirmó.
CASO MEDIÁTICO
En la ciudad de Potosí, en un programa de televisión, surgió una llamada donde el ciudadano habría expresado criterios “discriminadores” contra las autoridades del Concejo edil, situación que derivó en un pronunciamiento y anuncio de proceso legal por la concejal del MAS, dentro de la normativa de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación y su Artículo 16.
El periodista José Luis Acapani explicó que durante su espacio televisivo recibió una llamada de un televidente, lo que generó el conflicto y la suspensión del programa. “Le hicimos una nota a la concejala Largo sobre la posición del MAS con respeto a la suspensión de Eduardo Maldonado y esa nota pasé en el canal y un televidente dijo ‘qué pena, acerca de los concejales que tengamos los potosimos, es una vergüenza que tengamos ese tipo de autoridades’”, relató Apacani.
La concejal Antonia Largo (MAS) anunció entonces un proceso al canal y al comunicador por “discriminar” a las autoridades y los campesinos, pese a que oficialmente no existe ninguna reglamentación de la norma, por lo que la penalización no sería viable.
REPRESENTACIÓN ANTE OEA
Vargas, quien logró una audiencia el pasado 25 de octubre ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, fue recibido por el secretario ejecutivo de la organización, Santiago Cantón y otros representantes a quienes se les explicó las normas diseñadas y promulgadas por el Gobierno central y que vulneran la independencia del trabajo periodístico en Bolivia.
“Debemos destacar tres aspectos de la representación; la primera que se agenda la libertad de expresión de Bolivia para el mundo, porque los medios de comunicación de varios países han cubierto el tema. El segundo punto es que este tema se va a analizar para que esta organización se pronuncie formalmente, y tercero, es importante la invitación que se hizo a la relatora especial para la libertad de expresión de esta Comisión, para que verifique la cotidianidad de la cobertura periodística, acá en Bolivia”, dijo.
La prensa nacional debe esperar las conclusiones de la 140 sesión de audiencias de la Comisión de DDHH que se conocerían a fin de mes, según explicó el profesional, además de esperar la invitación formalizada por el Presidente y Gobierno boliviano para hacer efectiva la presencia de la veedora de la OEA.
ROL DE CANELAS
Se refirió también a la actuación del vocero gubernamental, Iván Canelas, quien estuvo presente como contraparte en la audiencia de la Comisión, así como la reunión efectuada con la directora de la Relatoría de libertad de información de la Comisión de DDHH, Catalina Botero, a quien Canelas invitó en nombre del Gobierno central para estar presente en Bolivia.
“El vocero presidencial cumple su papel y pinta un país de las maravillas donde no sólo existe libertad de expresión, sino libertinaje, con lo que no estamos de acuerdo, y muestra dos casos de malos ciudadanos que son racistas y discriminadores y a partir de ello pretende normar el trabajo de cientos de miles de profesionales que no deberían ser castigados”, expresó.
La veedora internacional podría hacerse presente en la primera semana de diciembre toda vez que el Estado remita una invitación formal. La directora Botero habría manifestado su predisposición de estar en el país para verificar las denuncias presentadas, así como los casos que son utilizados en la propaganda gubernamental.

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