La Autoridad de Telecomunicaciones (ATT) admitió una denuncia del viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, por presunto racismo contra la agencia ANF y los matutinos Página Siete y El Diario.
Éste es el segundo proceso iniciado por el Gobierno en contra de los tres medios. El primero es por una supuesta incitación al racismo que fue presentado ante la Fiscalía; esta instancia es la que deberá definir si la demanda continúa por esta vía o pasa a un tribunal de imprenta.
La denuncia indica que los tres medios habrían incurrido en una falta prevista en el numeral 1 del artículo 16 del reglamento de la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.
Página Siete intentó comunicarse con el director ejecutivo de la ATT, Cliford Paravicini, y el director jurídico de esa entidad, José Manuel Encinas, para conocer más detalles de este hecho, pero ninguna de las autoridades respondió a las llamadas realizadas.
Esta segunda demanda contra los medios antes mencionados también tiene su origen en la presunta distorsión de unas declaraciones del presidente Evo Morales sobre la producción agrícola en el oriente y la flojera.
El numeral 1 del artículo 16 del Decreto Supremo 0762, reglamento de la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación al que apela el viceministro Félix Cárdenas señala que se consideran faltas de los medios de comunicación, “cualquiera sea su naturaleza, la autorización de la difusión y publicación de ideas racistas y discriminatorias” como “expresiones deliberadas y sistemáticas, consistentes en manifestaciones verbales o escritas, con el propósito de dañar la dignidad de determinada persona o grupo por motivos racistas o discriminatorios”.
Esta falta y cuando se trata de la primera vez es sancionada, según establece el mismo decreto, con diez a 150 días de multa.
La misma norma establece que independientemente de la sanción administrativa impuesta, “el medio de comunicación cubrirá el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado, que serán determinados judicialmente”.
También se indica que la ATT puede iniciar directamente el procedimiento sancionatorio, “sin necesidad de intimación previa, cuando los medios de comunicación incurran en las faltas descritas en el artículo 16 del presente decreto supremo”.
Las organizaciones de periodistas rechazaron la apertura de un proceso contra estos medios.
Punto de vista
ANTONIO VARGAS Presidente de la APLPNo existe delito, eso debe quedar muy claro. Para nosotros no hay delito de imprenta ni mucho menos delito por difusión de discriminación o racismo, por lo tanto no se puede aplicar el artículo 281 del Código Penal, y naturalmente para nosotros toda esta embestida jurídica contra los medios de comunicación y la agencia de noticias la tomamos nosotros en contra del periodismo en Bolivia, toda vez que el Gobierno pretende de esta manera amedrentar para inducir a la censura y la autocensura de toda la prensa boliviana, y eso nos tiene absolutamente molestos y vamos a reclamar ante las instancias internacionales que correspondan denunciando al Gobierno boliviano por este nuevo amedrentamiento a la prensa. En ese sentido, nosotros consideramos que se está vulnerando la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa. Nosotros haremos llegar nuestra protesta con el relator especial para la libertad de expresión y para el racismo que está llegando de la Organización de Naciones Unidas.
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