La Sociedad Interamericana de Prensa hizo un balance sobre la situación de la libertad de prensa en América Latina, y presentó esta lunes sus conclusiones, lamentaron que existan Gobiernos que se están dedicando a 'desarrollar el odio y el miedo' y continúen acusando a los medios de ser opositores, como el caso boliviano, según aseguró Ricardo Trotti, director de la SIP.
"No poder resolver la corrupción, la inseguridad y la miseria es un problema que aqueja a gobiernos de todas las ideologías. Pero varios de ellos, en especial en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, prefieren culpar a los medios privados, a los que acusan de ejercer oposición política", opinó Trotti sobre "el discurso anti medios" en estos países.
Para Trotti, si estos gobiernos no creyeran en los medios, "no estarían comprándolos a través de testaferros o allegados como sucede con Nicolás Maduro, (Rafael) Correa, Evo Morales y Cristina Kirchner o con familiares como hace Daniel Ortega en Nicaragua".
"El grave problema de que posean medios es que los convierten en vehículos de propaganda para apoyar actos políticos, cambios constitucionales y procesos electorales que les permitan eternizarse en el poder", sostuvo el directivo de la SIP.
El peor semestre para los periodistas
Con 14 periodistas asesinados y varios países enfrentando medidas que restringen el acceso a la información, América Latina ha pasado por su "peor semestre" en lo que a libertad de prensa se refiere, indicó este lunes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Tras conocerse los informes sobre la libertad de prensa en Argentina, Ecuador, Venezuela y Cuba, entre otros, el presidente de la SIP, Jaime Mantilla, hizo un balance de su gestión e indicó que "estos gobiernos latinoamericanos se han dedicado a desarrollar el odio y el miedo".
Luego de advertir que en América Latina "se están esparciendo normas de ley mordaza", el director del Diario Hoy de Ecuador pidió al gremio combatirlas y estar vigilante sobre la pérdida de derechos que suponen estas medidas para los ciudadanos.
Las amenazas de varios gobiernos de la región que atentan contra la libertad de expresión centraron los debates de la 69 asamblea general de la SIP que se realiza hasta el martes en Denver, Colorado (noroeste de Estados Unidos), que incluyó también críticas muy duras al gobierno del presidente Barack Obama.
"Catorce periodistas han sido asesinados en este último semestre en Brasil, Guatemala, Haití y Paraguay, entre otros países, por denunciar los abusos del poder político y económico o tocar los intereses de los narcotraficantes, abusos e intereses que muchas veces van de la mano", resumió por su parte Ricardo Trotti, director de la SIP.
Para Trotti, "la violencia se incentiva por el alto grado de impunidad, producto de poderes judiciales débiles, ineficientes o subyugados al poder, lo que permitió que 17 casos de asesinatos de periodistas prescribieran en Colombia y México después de 20 años sin justicia".
Claudio Paolillo, del semanario uruguayo Búsqueda y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo que este ha sido "el peor semestre" en los últimos cinco años para el periodismo en las Américas.
"Existe un plan de demolición de las democracias para apuntalar a líderes mesiánicos que quieren perpetuarse en el poder", dijo Paolillo.
Agregó que "se trata de líderes que mantienen apariencias democráticas cada vez mas débiles".
Los informes más polémicos fueron los de los representantes de Cuba, Argentina, Venezuela, Ecuador y Estados Unidos.
Sobre el caso ecuatoriano, Juan Carlos Solines, expresidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador, dijo ante la audiencia que la nueva ley de telecomunicaciones "se trata de una intromisión directa del Gobierno en los contenidos periodísticos, ya que el gobierno decide quién puede ejercer la profesión y quién puede o no ser propietario de los medios".
El informe sobre Venezuela resaltó el incremento del número de juicios y demandas penales y civiles contra periodistas y medios independientes. El reporte mencionó la venta del canal Globovisión a personas afines al oficialismo, así como la salida de varios periodistas.
Editores de Estados Unidos denunciaron restriccciones al acceso a la información pública en casos donde el gobierno considera que esa información podría amenazar a la seguridad nacional.
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