Raúl Peñaranda: “Jaime Iturri, de ATB, y Claudia Benavente, de La Razón, fueron designados por el Vicepresidente”

El 8 de abril, el periodista Raúl Peñaranda presentó su libro "Control remoto". En él, resume los resultados de una investigación de seis meses sobre el control gubernamental de varios medios que se dicen “independientes”. Las conclusiones a las que llega son quizá las anunciadas en el subtítulo de su libro: "De cómo el gobierno de Evo Morales creó una red de medios paraestatales y un plan para acosar a la prensa independiente". Hasta hoy, las respuestas gubernamentales a la investigación de Peñaranda han sido poco específicas y, de hecho, más que respuestas, fueron descalificaciones un tanto rutinarias: Peñaranda, sostuvo la ministra de Comunicación Amanda Dávila, es un “agente chileno” financiando, obviamente, por “una ONG norteamericana”. El vicepresidente García Linera, quizá demasiado ocupado negando su relación con BoA, ha declarado tener cosas más importantes que hacer “que la definición de líneas editoriales en medios”. Entre tanto, quizá el único en el gobierno que reconoce un nuevo panorama mediático en el país es el mismísimo presidente Morales: “Antes sentía que el 80% o 90% de los medios eran mis opositores. Ahora quedan 10% o 20% de opositores”.

Nueva Crónica. En resumen ¿cuáles son los hallazgos de tu investigación?
Raúl Peñaranda: Que los medios ATB, PAT, Full Tv, Abya Yala y La Razón son controlados periodísticamente por la Vicepresidencia. Estos medios han sido adquiridos por empresarios amigos del gobierno, en coordinación con éste, y luego han cedido el control periodístico a la Vicepresidencia. Eso se desprende de los testimonios de varias personas, algunas de las cuales han pedido que sus nombres no sean revelados, pero también de otras que han hablado dando su nombre y apellido.
No terminan allí los medios progubernamentales, obviamente. Hay que añadir los medios propiamente estatales; y además las denominadas Radios de Pueblos Originarios (pro), también conocidas como “radios comunitarias”, financiadas por el gobierno de Venezuela; y centenares de radios rurales de la zona andina, ya sea cooptadas o ya sea genuinamente proclives al gobierno de Evo Morales. Todas esas categorías implican una gran cantidad de medios favorables al gobierno; no se puede establecer un número preciso, pero se puede señalar que es un número abrumador.

NC. Me imagino que la propiedad –directa o enmascarada– es una de las formas en que el gobierno aspira o ejerce una especie de control mediático e informativo. ¿Hay otras formas?
R.P. Exacto, la propiedad es una de las formas del control mediático. A propósito, yo me limito a señalar quiénes son los propietarios “formales” de esos medios, los que figuran en el Registro de Comercio. Y también me pregunto si esos empresarios –algunos de los cuales no tienen tradición como tales, o por lo menos no como para poder demostrar que han podido adquirir nada menos que redes de tv– podrían demostrar que son los propietarios reales. Eso debería ser parte de otra investigación. Por eso es que la propiedad, como tú dices, puede ser “enmascarada”.
Pero ese es sólo un elemento. En el libro hay una descripción detallada de cómo el gobierno presiona a los medios independientes a través de auditorías de Impuestos Nacionales, Autoridad de Empresas, Unidad de Investigaciones Financieras, etc. y, por supuesto, a través del retiro, en algunos casos total, de la publicidad gubernamental (en el caso de erbol y Página Siete, por ejemplo).
La otra forma de control es entregarle mucha publicidad a los medios que yo llamo paraestatales, esos que el gobierno controla a través de la Vicepresidencia, y a otras cadenas de tv que, si bien siguen siendo independientes del gobierno, han variado su agenda noticiosa hacia temas que no incomodan a las autoridades, como asuntos barriales, temas de crónica roja, farándula, etc.
El gobierno ha logrado así constituir una red de medios “paraestatales”, término que utilizo siguiendo la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua: “Dicho de una institución que, por delegación del Estado, coopera a los fines de éste sin formar parte de la Administración Pública”.

NC. Cuando hablas de un “control” de la Vicepresidencia –y de Álvaro García Linera– de ATB, PAT, Full Tv y La Razón ¿qué quiere decir, en concreto, la palabra “control”? ¿La designación de sus directores, como por ejemplo Jimmy Iturri en ATB y Claudia Benavente en La Razón? ¿Imposición de contenidos? ¿Prohibiciones? ¿Coordinación con ejecutivos de esos medios? ¿Agendas?
R.P. A esos medios hay que añadir Abya Yala, un canal privado bajo supervisión directa del gobierno. El control se produce mediante varios mecanismos. Primero: la designación de sus directivos. Jaime Iturri, en ATB, y Claudia Benavente, en La Razón, fueron designados por el Vicepresidente y son, además, muy amigos de él, desde hace años. Segundo: la coordinación de lo que se dice y, más importante, sobre lo que no se habla. Obviamente la imposición de contenidos está implícita y muchas veces se da de manera “natural”, porque en esos medios opera ahora la autocensura.

NC. ¿Cómo hiciste la investigación? ¿Cuál fue su duración, método, fuentes, etc.?
R.P. Me tomó seis meses, entre septiembre de 2013 y marzo de 2014. Lo que hice fue acumular testimonios de muchas personas que estaban relacionadas con el tema. Como he dicho, algunas de ellas me pidieron que sus nombres no sean revelados, pero otras han aceptado que sus identidades sean publicadas. Ese fue el primer elemento.
El segundo es que realicé 14 estudios de caso, siete para los canales ATB y PAT, y siete para La Razón, en los que se demuestra la distorsión informativa, la manipulación y la omisión de temas. En La Razón, por ejemplo, no se registra ni un solo editorial realmente crítico con el gobierno. En ATB, durante una semana de estudio sobre las inundaciones, sólo se registra una opinión, de 17 segundos, en la que se pide declarar el Beni zona de desastre ¡17 segundos! Esos estudios de caso demuestran lo que ya se sabe, lo que cualquier lector percibe con sólo hojear La Razón o cualquier televidente con sólo ver atb y pat. Lo importante es haberlo comprobado mediante un estudio que cumplió parámetros metodológicos.
El tercer elemento son estudios sobre la cantidad de publicidad estatal que reciben esos medios y su comparación con la que reciben medios independientes. La publicidad estatal que los medios paraestatales reciben es abrumadora, realmente es una cantidad insultante, grosera. He hecho estimaciones de esos ingresos y son millonarios. Si se multiplica esos ingresos por los años en los que algunos de estos medios han estado bajo control del gobierno, uno llega a la conclusión de que éste es también un excelente negocio: primero se compran los medios (a precios bajos, además, porque operan presiones del gobierno), y luego los llenan de ingresos que provienen de ellos mismos.

NC. Me imagino que, como con cualquier investigación sobre propiedad de medios, te encontraste con obstáculos, silencios, puertas cerradas, etc.
R.P. Bueno, claro que sí. He enviado cuestionarios a todos los que menciono en el libro. Lamentablemente, ninguno quiso responder, ni el Vicepresidente ni Benavente ni Iturri; la ministra Amanda Dávila, de Comunicación Social, sí envío una respuesta, pero señalando, en general, que no tenía los datos que le estaba pidiendo. Lo que sí hizo fue entregar un legajo sobre los contratos de publicidad de su Ministerio, pero con tanta información y de manera tan poco clara (hay 50.000 cifras más o menos en las 220 páginas que me entregó), que no he logrado, y la palabra es adecuada, “descifrarlo”. Pero estoy trabajando en ello, quizás para una publicación posterior.
Yo creo que la falta de respuestas a mis cuestionarios también es demostrativo de algo: si esas personas no tuvieran nada que ocultar, responderían a mis preguntas. Pero prefirieron no hacerlo.
Sobre los montos de la publicidad estatal, como la Ministra se negó a entregarme la información, tuve que pasarme horas de horas mirando las programaciones de los canales de tv. Mucho tiempo, grabando, desgrabando, haciendo gráficos, hasta llegar a las conclusiones que he llegado, sobre los ingresos millonarios que menciono más arriba.

NC. ¿Crees que lo que descubres en tu investigación sobre los medios en su relación con el Estado y el gobierno sea algo nuevo, algo que no sucedía o no ha sucedido en las relaciones entre poder y prensa en Bolivia, antes?
R.P. Sí, es algo nuevo. Gobiernos anteriores siempre intentaron controlar los medios mediante presiones, favores a sus propietarios, relaciones políticas estrechas, etc. Pero ese control era inestable, pasajero, cambiante. No ha habido un caso en el que algún gobierno pudiera decir que tenía control absoluto de algunos medios privados, no lo ha habido. Por ejemplo, hoy el Vicepresidente tiene cierta certeza de cómo saldrán las informaciones sobre el caso BoA en esos medios. Antes, eso no se podía esperar.
No quiero decir que antes del gobierno del mas no había problemas entre el poder y la prensa. Los hubo y serios, con actitudes autoritarias, como las del ex ministro Carlos Sánchez Berzaín, sólo por mencionar un ejemplo. Pero, como digo, eran imposiciones que podríamos llamar “variables” y dependían del momento.
Hay otra diferencia. Los regímenes anteriores estaban acosados por muchos problemas y varios de ellos no lograron terminar sus mandatos. En cambio, ahora el horizonte de poder del mas es mucho mayor; ha empezado su noveno año y podría estar cinco más en el poder; además, yo estoy seguro de que el próximo año plantearán la reelección indefinida, así que tendremos gobierno del mas para largo y, por tanto, más presiones a los medios.

NC. Ya en respuesta a tu investigación, no sé si conociéndola, Claudia Benavente, directora de La Razón, además de negar haber tenido reuniones de coordinación con la Vicepresidencia o de tener afinidades pro-gubernamentales, sostuvo aquello de que “no hay medios independientes, sólo medios responsables”. No sé si con ello negaba la independencia de La Razón, pero en todo caso es una línea de defensa también adoptada por el quincenario de Walter Chávez, El Desacuerdo, que publicó un editorial en el que se afirma que la “objetividad es ideología”. ¿Qué opinas de estos argumentos?
R.P. Mira, yo creo que cuando se empieza a relativizar todo, entonces todo pierde sentido. Yo creo que sí existen medios independientes del gobierno. Esos medios son Página Siete, erbol, El Deber y otros varios más, entre los que tienen llegada nacional. Y esos medios también son responsables. Así que los argumentos de Benavente y del quincenario de Walter Chávez son mentirosos y buscan confundir de lo que estamos hablando. Todos los medios pueden, y quizás, deben tener una mirada específica sobre la realidad, una posición incluso filosófica sobre la información y el periodismo. Pero ello no quita que puedan reflejar la realidad de la mejor manera posible, sin presiones de autoridades, avisadores publicitarios, etc. En esos medios paraestatales, ese reflejo de la realidad no se da, no sigue el proceso que tiene que seguir: el de periodistas que puedan trabajar libremente y, después de una reflexión interna en la redacción, puedan escribir lo que creen es más cercano a la cobertura que han hecho.
Yo puedo asegurar, a menos que alguien me pueda comprobar lo contrario, que La Razón en los últimos cuatro años no ha publicado un solo editorial crítico contra el gobierno. ¡Uno solo! ¡En 1.400 días! Si esa es una definición de “periodismo responsable” entonces estamos en problemas.

N.C. Una cosa es la propiedad de los medios y otra su control editorial o informativo. Por lo que entiendo, lo que importa aquí no es tanto la propiedad –bastante confusa, por otra parte– de ATB, PAT, Full tv y La Razón, sino el hecho de que esa propiedad influye o marca la cobertura y el trabajo periodístico de esos medios ¿no?
R.P. Exacto, como ya he dicho, más que determinar quién figura o no figura como accionista y más allá del hecho de si existen o no documentos privados entre ellos, y si existen o no testaferros, cosa que no he podido comprobar, lo que sí es real es quién tiene el control periodístico de esos medios.

N.C. Y los medios no-gubernamentales ¿están haciendo su trabajo?
R.P. Un medio da examen todos los días, su trabajo se basa en estar expuesto, y de allí es que también los errores y problemas sean más evidentes. Junto con el de los cantantes y un puñado de otros oficios, el de los periodistas es un trabajo que consiste en exhibirse. Un abogado, un dentista, un sociólogo, un médico, un psicólogo, trabaja, digamos, a puertas cerradas: si comete errores quizás no los conozcamos nunca. Por eso la labor de los periodistas está siempre bajo la lupa de la sociedad.
Yo he sido crítico sobre las maneras en que el periodismo, en los últimos 20 años, ha trabajado. Y eso incluye mi propio desempeño. Tras la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada, por ejemplo, y antes de la llegada del mas al poder, muchos canales, por ejemplo Unitel, hicieron un trabajo casi político. No era un modelo a seguir. Escribí un libro al respecto, titulado Los canales en cuestión.
Hoy por hoy, sin embargo, un puñado de medios independientes (muchos más pero que no tienen alcance nacional) hacen un trabajo responsable, valiente y comprometido con un periodismo serio, que ayuda a la democracia.

N.C. ¿Qué opinas de una de las respuestas gubernamentales a la aparición de tu libro: “denunciar” que eres un “agente chileno”, “financiado por una ONG norteamericana”?
R.P. No es un secreto o algo de lo que deba avergonzarme que mi padre boliviano fue a estudiar a la universidad a Chile, conoció allí a mi madre y se casaron. Yo nací en Santiago en 1966 y, a los 11 meses de vida, mis padres se trasladaron a Bolivia. Mi hermano Juan José (QEPD), nació ya en Bolivia, en 1969. En 1980 mi padre estaba en una mala situación económica y fue a Chile en busca de empleo. La familia viajó después. Yo estuve en Chile entre 1980 y 1984 y es en ese período en el que presumo que obtuve el pasaporte que la Ministra ha mostrado. No lo renové después porque ya vivía en Bolivia y desde entonces tengo pasaporte boliviano.
Si han logrado encontrar un pasaporte de los años 80 que ni yo logro encontrar en mi casa, podrían haber encontrado un artículo en el que yo critique la posición boliviana sobre su demanda marítima o respalde la chilena. Y no lo pueden encontrar porque no existe: yo he escrito abundantemente sobre el tema pero siempre respaldando la posición boliviana. Así que eso de que “soy agente”, obviamente, es una tontería.
Estoy orgulloso de mis orígenes y de mis padres; nada de esto me avergüenza. Que muestren mi pasaporte como si fuera un delito me causa pena, pero los perdono. La Ministra, al hacerlo, ha logrado dos cosas: uno, que yo venda más libros; dos, violar su ley contra la discriminación. Dije en una radio que se ha convertido en mi “jefa de marketing”. Casi casi quisiera enviarle flores.
Sobre lo otro, es verdad que participo de una fundación (que no ha sido creada todavía formalmente) pero que ya se denomina Grupo Andino de Libertades Informativas y cuyas entidades integrantes reciben financiamiento de ong estadounidenses. De ahí a decir que tengo “relaciones políticas” con eeuu es otra tontera.®

Entrevista de Mauricio Souza C.