jueves, octubre 02, 2014

ANP exige ley de acceso a la información pública

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) demanda la urgencia de contar con una ley de acceso a la información pública que garantice transparencia en tiempos en que el Gobierno declara bonanza por los altos ingresos en las finanzas públicas.

El director ejecutivo de la ANP Juan León Cornejo insistió en la importancia de reconocer el derecho fundamental del ciudadano a tener acceso a la información pública, tal como recomiendan las convenciones internacionales.

Dijo que si bien en Bolivia hay un proyecto de ley, que se está discutiendo existe la preocupación de la ANP porque en uno de los artículos le faculta al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral a la Policía y a las Fuerzas Armadas de tener información clasificada.

Lamentó que el proyecto permanezca olvidado en alguna gaveta de los congresistas, mientras los periodistas y ciudadanos esperan por el ejercicio de su legítimo derecho de conocer el destino y el uso de los dineros del Estado.

Pidió a los legisladores que agilicen el trámite de la ley de acceso a la información, en consulta y consenso con la sociedad civil para garantizar que la norma cumpla sus reales objetivos. Expresó la necesidad de trabajar en una normativa con la participación ciudadana.

INFORME León realizó sus declaraciones en la presentación del Informe Regional sobre Acceso a la Información Pública y las Instancias de Control y Apelación. El mismo que fue difundido el 28 de septiembre por el Día Mundial del Saber.

Expresó su preocupación porque el estudio realizado por la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información revela que Bolivia se encuentra entre los únicos cinco países de la región que carecen de una ley de acceso a la información pública junto con Venezuela, Argentina, Costa Rica y Honduras.

De un análisis realizado entre un total de 17 países se concluye que en 12 existe una ley que expresamente asiste al ciudadano para solicitar informes a las reparticiones gubernamentales.

En cambio, en Argentina, Bolivia y Honduras rige un decreto, en Costa Rica está vigente una norma constitucional y Venezuela carece de toda legislación que permita a la ciudadanía la solicitud de informes a su Gobierno.

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, y Uruguay, están regidos por una ley. A ese grupo se sumó Paraguay el pasado 22 de septiembre con la promulgación de una norma que acepta la entrega de información de sus funcionarios públicos a los ciudadanos.

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