lunes, febrero 02, 2015

Proceso a La Razón: se hizo justicia con el secreto de fuente

Vaya regalo. El 9 de mayo de 2014, en vísperas del Día del Periodista, la Procuraduría General del Estado emitió un comunicado en el que informaba que el juez 11° de Instrucción en lo Penal de La Paz, Jhonny Machicado, ordenaba al periodista de La Razón Ricardo Aguilar Agramont el “levantamiento del secreto de fuente” de un reportaje que escribió sobre la demanda marítima boliviana.

Así comenzaba una batalla legal en la que finalmente se impuso la justicia para reconducir el proceso y que éste se ventile en un Tribunal de Imprenta y no en la Justicia Ordinaria. Pero si la razón se impuso en los estrados, no menos importante fue la solidaridad de entidades vinculadas a la actividad periodística y de gente que manifestó su apoyo en las calles.

Sin que medie una notificación de la apertura de la investigación, la denuncia, que derivó en esta decisión del juez Machicado, fue planteada el 22 de abril en contra de Aguilar por los delitos de espionaje y revelación de secretos, y contra la directora de La Razón, Claudia Benavente, por complicidad. El fiscal del caso se pronunció el 25 de abril y el juez lo hizo el 29, y los periodistas aludidos fueron notificados el 7 de mayo, dos días antes de que se haga público el caso.



Benavente y Aguilar, citados por la Fiscalía en mayo de 2014 para prestar declaraciones.

El texto difundido por la Procuraduría, cuyo titular es Héctor Arce, dice: “De conformidad al artículo 9 de la Ley de Imprenta, (el juez) ha dispuesto el levantamiento del secreto de fuente, debiendo el periodista Ricardo Aguilar Agramont revelar en el plazo de tres días el nombre o los nombres de las autoridades o exautoridades, del funcionario o funcionarios públicos, exfuncionario o exfuncionarios públicos que le reveló o revelaron información reservada sobre la demanda marítima boliviana”.

Las reacciones no se hicieron esperar, uno de los primeros en pronunciarse sobre el contenido del artículo —De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los “actos unilaterales”, publicado en el suplemento Animal Político el 13 de abril— fue el expresidente Carlos Mesa, el encargado de explicar los argumentos jurídicos e históricos de la demanda judicial contra Chile en foros internacionales. “En mi opinión —no soy funcionario de gobierno, por lo tanto y como tal, es que hablo— no creo (que afecte)”, dijo la exautoridad y en su condición de experiodista advirtió que “el tema de la reserva de fuente es un elemento fundamental, clave y que hace que un periodista tenga un trabajo garantizado, en libertad y con seguridad”.

Y mientras el caso avanzaba en los tribunales ordinarios, en las calles y en foros el apoyo a La Razón en defensa de la inviolabilidad del secreto de fuente se fortalecía, incluso fuera del país. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras y la Asociación de Periodistas de la provincia de Pichincha que agrupa a comunicadores de Quito, la capital de Ecuador, hicieron llegar su apoyo a este diario, a su directora y al periodista acusado.

Y el 29 de julio, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), miembro de la SIP, organizó un encuentro en el que los directores de El Deber, Pedro Rivero; de El Diario, Jorge Carrasco Guzmán; de Los Tiempos, Juan Cristóbal Soruco; de El Día y El Sol, Marcelo Santa Cruz; de Opinión, Federico Sabat; de La Patria, Ximena Miralles; y de El Potosí, Juan José Toro, además del director de la red de radios Erbol, Andrés Gómez, ratificaron la defensa de los principios constitucionales que otorgan el derecho a ser informados y a brindar información sin censura.



Organismos que aglutinan a periodistas exigieron al Gobierno respetar la ley vigente.

Paralelamente a las acciones judiciales y a los pronunciamientos institucionales, entre ellos el del Defensor del Pueblo, en La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Oruro hubo más manifestaciones en rechazo a la demanda interpuesta por el Procurador General del Estado y para exigir que el caso, como correspondía, pase a jurisdicción de un Tribunal de Imprenta.

En esos mítines se manifestaron dirigentes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, de la Confederación de Trabajadores de la Prensa, de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, entre otros representantes del gremio, además de profesionales del ámbito jurídico e intelectuales.

Quienes guardaron silencio sobre los riesgos de un proceso de este tipo para el ejercicio del periodismo fueron los representantes de la Asociación de Periodistas de La Paz, pero finalmente el clamor para cesar la competencia de un tribunal ordinario fue atendido por la Justicia el 5 de agosto, cuando el Tribunal de la Judicatura de La Paz aceptó la excepción de incompetencia, presentada por abogados de La Razón, y el caso fue derivado al Tribunal de Imprenta el 28 de noviembre.

Así, el Tribunal de Imprenta del municipio de La Paz se instaló en una primera sesión el 18 de diciembre con 23 de los 40 miembros. Por fallas en la coordinación aún está pendiente el sorteo de los miembros que tendrán a su cargo el caso de La Razón.

Ahora, el proceso seguirá su curso en aplicación de la Constitución Política del Estado y de dos derechos universales: informar y ser informado.

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