viernes, abril 17, 2015

Representantes del Sindicato de Trabajadores de EL DIARIO Preparan cruzada en defensa del ejercicio de la profesión

El Sindicato de Trabajadores de EL DIARIO lamenta que algunos funcionarios del Ministerio Público de Viacha no sólo decidieron mantener el proceso judicial en contra del periodista Carlos Quisbert, sino que en la actualidad el fiscal Rudy Terrazas se dedica a efectuar amedrentamiento solicitando informes a la Universidad Mayor de San Andrés UMSA, para definir la situación académica de este compañero periodista.

“Como sindicato no sólo nos mantenemos en estado de emergencia, sino que demandamos a las autoridades competentes como el Defensor del Pueblo, Derechos Humanos y organismos internacionales a pronunciarse ante la vulneración de los derechos humanos y profesionales de Quisbert y de todos los trabajadores de la prensa, quienes el único “delito” que han cometido es investigar y dejar de ser sólo vocero de autoridades coyunturales o personas particulares que puedan tener algún interés”, sostuvo Carmiña Moscoso.

A las autoridades judiciales nuevamente, se pide, demuestren desconocer la Constitución Política del Estado (CPE), que desde el artículo 107 establece claramente que “el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información”. En su parágrafo II establece que todos los bolivianos y bolivianas tienen el derecho a la libertad de expresión, opinión e información.

Asimismo la Carta Magna garantiza a los trabajadores de prensa tener la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.

“Por lo tanto la propia Constitución no exige a los ciudadanos que sean titulados en comunicación o periodismo, para ejercer el cumplimiento de sus principales derechos constitucionales. Por lo tanto, las aberraciones generadas por algunos de los servidores públicos del ámbito judicial, quienes en pleno desconocimiento de la principal norma, debieran ser sancionados, porque demuestran que pese a tener un ‘título profesional’ no están aptos para garantizar la protección de los derechos humanos, el debido proceso y menos el cumplimiento constitucional”, indicó.

“Ante el claro desconocimiento de los derechos constitucionales e interpretar las normas sólo a capricho de algunos supuestos “titulados”, es que esta organización determina crear jornadas de denuncia y orientación en diferentes ámbitos de cobertura periodística, donde los trabajadores y trabajadoras de la prensa favorezcan a este propósito con la finalidad de que en el inmediato futuro se evite que otros colegas deban enfrentar procesos penales, que sólo demuestran el actual interés político de buscar penalizar la profesión”, señaló.

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