Un dirigente sindical de la Central Obrera Departamental de La Paz (COD), afín al partido del presidente Evo Morales, propuso el cierre de medios de información frente a una supuesta “politización”, lo que determinó una protesta de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) que agrupa a las principales empresas periodísticas de Bolivia.
Frente a las declaraciones del secretario ejecutivo de la organización laboral, Hugo Torres, la ANP recordó que la recuperación de la democracia fue obra de los sectores sindicales que enfrentaron a las dictaduras de las décadas de los 70 y 80, y que una de las libertades reconquistadas fue el derecho a disentir y expresar ideas por cualquier medio y sin censura previa.
“Los trabajadores vamos a hacer una evaluación de todos los medios de comunicación, de aquellos que han tenido un trato despectivo al pueblo y a los trabajadores. Si los medios persisten en esta situación estamos en la obligación de exigir que estos medios, si tienen que cerrarse, tengan que cerrarse”, afirmó el dirigente a la Agencia de Noticias Fides (ANF).
El punto de vista fue expresado siete días después que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anticipó el cierre de medios de información que en su opinión “mienten” al país.
“¿Cuántos medios de prensa van a desaparecer como consecuencia de su osadía temeraria de mentirle al país?”, interrogó Quintana y luego mencionó a los diarios independientes El Deber y Página Siete.
El dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, discrepó con su compañero de la dirigencia sindical y dijo no compartir con la propuesta de cierre de medios.
En Bolivia, los periodistas y organizaciones sindicales que agrupan a trabajadores de la prensa están afiliados a las centrales obreras departamentales y a la histórica COB que resistió el último golpe de estado, en julio de 1980, cuando fueron sus principales dirigentes fueron detenidos, torturados y exiliados.
En un comunicado difundido el fin de semana, la ANP de Bolivia lamentó el surgimiento de esta corriente contraria al trabajo periodístico independiente y recordó que la Constitución Política del Estado y el Código Penal protegen la labor informativa y el funcionamiento de empresas periodísticas.
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