l periodista venezolano Jesús Urbina Serjant afirmó que el Gobierno de Bolivia refinó los mecanismos de control indirecto a los medios de comunicación, como en un principio se hizo en su país. El catedrático fue uno de los panelistas de la conferencia internacional "Leyes de Comunicación en América Latina: amenaza o fortaleza para la democracia”, organizada por la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP).
¿Cómo está la situación para los periodistas en su país?
Los derechos de comunicación están reconocidos y consagrados en la Constitución y en el tejido normativo venezolano, pero no hay un ejercicio pleno de garantías. Sí hay libertad de expresión en Venezuela, está reconocido ese derecho, pero hay un elemento: es necesario que para que ejerzas plenamente este derecho haya garantías para que tú puedas informar y que no haya acciones contra ti como consecuencia de tus actos informativos y de tus locuciones en el ejercicio de la libertad.
¿Hay mecanismos de censura?
En Venezuela tú puedes decir algo, usar algún medio convencional o internet. No hay mecanismos de censura previa.
Lo que no hay es la seguridad de que serás protegido por un sistema de justicia, por unas instituciones democráticas. Cuando dices, revelas, informas incluso opinas sobre asuntos de discusión pública, te pueden pasar cosas, te pueden botar del trabajo, intimidar, amenazar; te pueden hacer la vida a cuadritos o incluso atropellar tu integridad física, (lo) que ha ocurrido.
¿Ocurre eso?
Tú estás informando sobre un tema de interés público y puede ocurrir que, con la protección o con la anuencia por lo menos de los órganos de seguridad que están presentes en el momento en que ocurre esa situación, cualquier ciudadano o grupos de ciudadanos te golpean, te arrastran por el piso, te rompen los equipos de trabajo e incluso te retienen ilegalmente, te secuestran. Esas cosas pueden ocurrir y ocurren muy frecuentemente.
¿Y las fuerzas del Estado?
También por obra de las propias fuerzas de seguridad del Estado, es muy convencional y frecuente que un periodista pueda ser frenado en su acción informativa por agentes de los cuerpos de seguridad, por acciones administrativas, por controles directos e indirectos públicos no sólo del Poder Ejecutivo, porque (eso) ha pasado con el poder electoral y con el poder ciudadano.
El problema es que las instituciones normativas y de la democracia no son garantías para que puedas ejercer esas libertades sin que haya perjuicios para ti.
¿Hay autocensura?
La mayoría de los periodistas que trabajan para medios en Venezuela ha agachado la cabeza, ha decidido no informar demasiado, incluso ha eliminado sus noticieros y los cambiaron por espacios de entretenimiento o programas de opinión controlada.
La mayoría de esos medios son radio y televisión. Los impresos son controlados de manera indirecta, hay mecanismos como cortarles el acceso al papel y exprimirlos con impuestos.
¿Cómo le va al periodismo independiente?
Afortunadamente tenemos una historia de periodismo independiente, libre y valeroso que corre el riesgo. Es un grupo que no es pequeño. Han asumido hacer un periodismo independiente aun fuera de los medios convencionales, en los que estuvieron en un principio y los despidieron. Para evitar problemas, porque la presión del Gobierno era muy grande, tuvieron que desplazarlos de sus posiciones. Ahora, esos periodistas se dedicaron a fundar medios digitales.
¿Qué porcentaje constituyen los periodistas independientes?
La tercera parte de los periodistas venezolanos se encuentra en una gestión independiente, hace resistencia.
Esos medios han desarrollado un trabajo de periodismo de investigación. Como nunca lo habíamos visto y eso ha sido una salvación para el trabajo informativo nuestro, como en el Panama Papers. Tenemos muchos periodistas gallardamente con abnegación y apego a los principios deontológicos que siguen haciendo el trabajo a pesar de las intimidaciones y de la carencia casi absoluta de garantías.
¿Cómo ve la situación en Bolivia?
Lo que me queda bastante claro es que el Gobierno central de Bolivia ha refinado los mecanismos de control indirecto (a los medios de comunicación), que en Venezuela ya se han puesto en boga desde hace más de una década y los ha implantado de una forma bastante exitosa aquí. Esos controles indirectos que a veces implican, por ejemplo, la presión a un medio hasta que sus directivos o sus propietarios tiran la toalla y lo venden a un testaferro que probablemente sea relacionado con los intereses gubernamentales de la administración central.
Me parece que ese es un mecanismo muy convencional, pero también están las otras presiones, como obligar a la prensa escrita a ceder páginas gratuitamente para publicación de propaganda oficial. Esos son mecanismos de control.
Villena al presidente del Senado: La Defensoría es autónoma
Página Siete / La Paz
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, recordó ayer al presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que la Defensoría es autónoma para designar a delegados adjuntos o tomar otras determinaciones.
La carta fue redactada en alusión a declaraciones de la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, quien aseguró que Villena incumplió el artículo 15 de la Ley 1818 del Defensor del Pueblo al haber designado por su cuenta a los delegados y delegadas adjuntas de esa institución defensorial, sin consultar con la Asamblea Legislativa.
La Ley 1818 fue promulgada en 1997, antes de que se promulgue la Carta Magna en febrero de 2009; por lo tanto, la norma que reclama Montaño quedó sin efecto ante la norma suprema.
"En ese marco, debemos comprender que la autonomía implica la potestad que tiene una entidad de organizarse internamente, determinando y reglamentando su estructura funcional, sin que estos actos estén sujetos a las reformas, revisión, aprobación, ratificación o recurso de otra autoridad de la administración central”, le dijo Villena al presidente del Senado.
En la carta también explica que debe tomarse en cuenta que la previsión observada por la presidenta de Diputados era de aplicación cuando la institución defensorial se denominaba "Defensor del Pueblo” y se constituía en un Alto Comisionado del Congreso Nacional.
Entonces se determinaba que el Defensor ejerce sus funciones por cinco años y podía ser reelegido.
"Obviamente todos estos aspectos no pueden ser considerados como vigentes y válidos en la actualidad, pese a estar insertos en la norma”, dijo Villena.
No obstante, los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa contenidos en el artículo 410 de la Carta Magna señalan que los artículos que resulten contrarios a la norma suprema quedan sin efecto.
Villena finalizará su mandato el 13 de mayo, mientras la Asamblea Legislativa ya inició el proceso para seleccionar al nuevo.
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