Los dueños de los medios de comunicación que fueron calificados por el Gobierno como “cártel de la mentira” serán convocados por el presidente Evo Morales para conocer si las noticias relacionadas con el caso de su exnovia, Gabriela Zapata, fueron difundidas por decisión suya o por iniciativa de los periodistas que las redactaron.
En tanto, el representante de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CTPB), Héctor Aguilar, exigió que cualquier denuncia por delito o falta de los periodistas sea tratado por un Tribunal de Imprenta en el marco de la Ley de Imprenta, vigente en el país.
“¿Será o no cartel? pero algunos, muy pocos medios de comunicación tienen mucha bronca. Estos días estoy pensando invitar, convocar a los dueños de estos medios de comunicación (para conocer) si (esas publicaciones) es decisión del dueño o, finalmente, del periodista. No pueden hacer daño a Bolivia”, enfatizó el Jefe de Estado, en la residencia presidencial.
En anteriores declaraciones, el ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, acusó a cuatro medios de comunicación: El Deber, Página Siete, Agencia de Noticias Fides y la red Erbol, además de los periodistas Amalia Pando, Andrés Gómez, Carlos Valverde y Raúl Peñaranda, de conspirar contra el Gobierno de Morales y conformar un “cartel de la mentira”.
También el vicepresidente acusó a los medios de información independientes de integrar, con los políticos opositores, una “mafia mediática y conspiradora”.
ADVERTENCIAS
El 15 de junio, el vicepresidente Álvaro García advirtió que no se perdonará a “políticos y medios de comunicación mentirosos y abogados mafiosos” que conspiraron contra el presidente Morales, utilizando el caso Zapata para provocar su derrota en el referendo del 21 de febrero. Anunció sentencia de cárcel.
Así como Morales, García y Quintana, otras autoridades, como la ministra de Comunicación, Marianela Paco, y el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, en las últimas semanas apuntaron contra esos medios que supuestamente conspiran contra el Gobierno de Morales y sostuvieron que la Ley de Imprenta no refleja la realidad del país.
TRABAJADORES DE LA PRENSA
Al respecto, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), Héctor Aguilar, rechazó los constantes ataques del Gobierno contra los medios de comunicación y periodistas y exigió respetar la libertad de expresión, de información, tal como están reconocidas en la Constitución Política del Estado.
Indicó también que cualquier difusión de información que haya sido considerada como falsa por otra persona, debe ser tratado mediante el Tribunal de Imprenta, como dispone la Ley de Imprenta.
“Vamos a exigir que los delitos de prensa o delitos periodísticos sean tratados bajo la tutela y la jurisdicción de la Ley de imprenta y no bajo un tribunal ordinario, que pone en riesgo y penaliza la labor de los trabajadores de la prensa”, enfatizó Aguilar a radio Erbol.
De la misma forma, solicitó a los consejos municipales de todo el país constituir los tribunales de Imprenta para tratar esos casos. “Está en manos de los municipios. Los artículos 21 y 24 señalan que es una tuición exclusiva en las capitales de departamento, municipios y provincias que se constituyan los tribunales. Estamos hablando de los 339 municipios y es una labor fundamental de los consejos municipales”, recalcó el representante sindical.
En caso que persistan estos ataques a medios de información y periodistas, la Confederación, que agrupa a los trabajadores de la prensa de todo el país, saldrá a protestar a las calles para hacer conocer su rechazo a los mismos, por los gobiernos de turno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario