La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) hace un llamado urgente a periodistas, comunicadores, medios de información y ciudadanos a preservar y defender por sobre todo interés sectorial los preceptos, derechos y libertades plenas que otorga la Constitución Política del Estado (CPE), y la Libertad de Expresión, como bases de construcción de democracia.
La ANP fue la primera institución que se declaró en alerta por el contenido del nuevo Código del Sistema Penal, el pasado 27 de septiembre, con una preocupación por los alcances del concepto de la mala práctica y abogó por todos los profesionales bolivianos al cuestionar el contenido de la norma. Advirtió que, en caso de aplicarse, alentaba a “un retroceso histórico que sancionaría el pensamiento renovador y el avance de la propia ciencia”.
En el sector periodístico, el Código del Sistema Penal implicaba el desconocimiento a la autorregulación comprendida en el Artículo 107 de la Constitución.
En una soledad institucional y tras intenso debate en el ámbito legislativo, “se obtuvo la ampliación de protecciones en el Artículo 196 sobre Delitos contra la Libertad de Expresión” para beneficiar a la “libre emisión del pensamiento expresado por cualquier medio de comunicación”.
En coherencia con ese principio, la ANP denunció la censura a los mensajes de los profesionales de la salud, el pasado 31 de diciembre. De la misma manera, logró que se haga una declaración de reconocimiento a la vigencia del parágrafo segundo del Artículo 107 de la CPE, y de la Ley de Imprenta.
Desde octubre de 2010, rechazamos la censura previa contenida en la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación que es contraria al parágrafo segundo del Artículo 106 de la Constitución, señala.
Por estos y otros antecedentes de actuación institucional basada en principios, subraya al ANP, “llamamos a evitar que se silencie la voz del ciudadano, y consideramos imperioso el respeto al Artículo 168 de la CPE, referido a los límites para la reelección de Presidente y Vicepresidente, sin lugar a interpretaciones interesadas, como garantía de una democracia saludable”.
Con esta declaración “hacemos una renovada defensa de los preceptos contenidos en la Constitución y reprobamos todo intento de suprimir libertades y derechos contenidos en ella”, remarca.
CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL
Según el análisis del abogado constitucionalista, Williams Bascopé, entre los artículos observados del nuevo Código del Sistema Penal que atentan a la libertad de expresión están los artículos 245 y 246 que apuntan a controlar las redes sociales porque aquel que de una información que conduzca a un resultado incorrecto tendrá una pena de cárcel de 2 a 4 años.
“El Gobierno culpó a las redes sociales sobre su derrota en el referéndum del 21 de febrero de 2016 con el caso Zapata. Si este artículo estuviera vigente se procesaría a los internautas”, afirmó Bascopé.
Asimismo se penaliza a quien use información o imágenes que suplante una identidad. “Eso quiere decir que los creadores de memes serán denunciados y perseguidos. Esto viola toda libertad de expresión y pensamiento, establecido en el artículo 21, numeral 3 y 6 y el artículo 106 de la Constitución Política del Estado”.
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