“Hemos llegado a un punto insostenible. Cuando una situación asume simultáneamente las características de inevitabilidad e imprevisibilidad da lugar a la permisibilidad de incumplimiento inimputable, no imputable del contrato, artículo 339 de Código Civil, en nuestro caso se refiere al contrato de trabajo”, informó la administración de la empresa, al dar lectura a un comunicado que se dio a conocer en una reunión virtual entre la gerencia y sus dependientes.
La administración del periódico informó que su decisión está amparada al artículo 339 de Código Civil, pese a la vigencia de la norma que prohíbe las desvinculaciones laborales en tiempo de emergencia sanitaria.
“El efecto de fuerza mayor en materia laboral involucra la no necesidad de pago de desahucio debido a que no se trata de una rescisión sin causa forzosa o un despido injustificado”, se detalla en el documento titulado “carta de rescisión”, que fue leído a los trabajadores.
El comunicado agrega que la gerencia se ve "forzada por situaciones externas" a incumplir la duración indefinida de los contratos temporales e insiste en que la abrupta caída de los ingresos económicos durante la cuarentena total por la pandemia generó la baja de los ingresos de la empresa, lo que derivó en la necesidad de realizar una reestructuración institucional a todo nivel.
La administración precisó que la desvinculación de los trabajadores tiene carácter inmediato y da cuenta de que los afectados habían sido notificados.
“Sin otro particular y deseando éxito en sus futuras actividades, le invitamos a usted a contactarse con el oficial de recursos humanos para el pago de sus beneficios. Atentamente, la gerencia, agradecidos con todos”, concluye el documento, al final de cuya lectura se detalló la lista de trabajadores que fueron retirados del medio.
El sindicato de trabajadores de La Razón, a través de sus redes sociales, denunció la “masacre blanca" e identificó como la responsable de la crisis a la directora de ese periódico, Claudia Benavente, quien "no dio la cara y envió a sus subalternos para notificar (de los despidos) vía Zoom”.
De acuerdo con el testimonio de los trabajadores consultados por Página Siete Digital, en marzo de 2019 el periódico dejó de pagar el bono de transporte.
Más tarde y luego de la crisis política de noviembre empezó el retraso en el pago de los sueldos, a tal punto que en mayo se presentó una propuesta de retiro voluntario, que ofrecía el pago del 20% de lo adeudado a la firma de un documento y el resto en cuotas a lo largo de hasta dos años.
Los más de 30 trabajadores que se retiraron en mayo aseguraron que aceptaron ese acuerdo por necesidad, pero denunciaron que ya entonces La Razón "inventó una figura legal" para desvincularlos.
Por esos días se desató una polémica por la cantidad de gerentes que había en la Razón, con "beneficios espectaculares", según los empleados de la empresa, que aseguraron que había al menos 18 gerentes, una cantidad que, a insistencia, fue reducida a 13.
La Razón, de propiedad del empresario paraguayo-venezolano Carlos Gill Ramírez, contaba hasta inicios de este año con unos 250 trabajadores.
Página Siete Digital intentó con insistencia obtener la versión de Benavente, quien no atendió las llamadas.
De acuerdo con el periodista Baldwin Montero, quien también fue despedido de la empresa, el 99% de integrantes del sindicato de trabajadores fue desvinculado, incluida su representante Guadalupe Tapia.
"La decisión fue comunicada sin opción a que nadie diga nada y de inmediato se enviaron cartas de rescisión, también vía digital. No se conoce en qué condiciones quieren pagar los finiquitos", afirmó Montero.
Asimismo, anunció que los trabajadores asumirán acciones legales ante lo que consideran un atropello a sus derechos laborales. "No renunciaremos a nuestros derechos y tampoco dejaremos que los responsables queden impunes", sostuvo.
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