Diagnóstico: La Sociedad Interamericana de la Prensa emitió ayer su informe anual sobre la libertad de expresión en Bolivia. El Gobierno lo califica de “un comunicado más”.
El Deber y EFE.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró ayer que la prensa boliviana sufre el mayor riesgo contra la libertad de expresión desde que se instaló el sistema democrático en Bolivia, hace 28 años. Mientras autoridades gubernamentales minimizaron dicho informe por considerar que el actual régimen garantiza no sólo la libertad de expresión y de prensa, sino también respeta los derechos humanos.
En el informe anual sobre la situación de la libertad de expresión en Bolivia que dio ayer la SIP en México, se afirma que la ley antirracismo empañó la imagen demócrata del presidente Evo Morales y lamentó que ni el jefe de Estado ni el vicepresidente Álvaro García Linera tomaran en cuenta la petición de los gremios de prensa para que retiren los artículos 16 y 23, que violan la libertad de expresión.
La ley “no podrá alcanzar su verdadera dimensión ni sus fines sociales y humanos si establece la censura previa mediante la imposición de severos castigos contra el derecho público a saber”, comenta parte del informe de la SIP, que agrupa a un millar de periódicos de América Latina, en el que califica como histórica la movilización de la prensa contra los artículos que abren puertas al cierre de medios y juicios penales a periodistas.
En la cita, en la que participaron directivos, entre ellos el director ejecutivo de El Deber de Bolivia, Pedro Rivero Jordán; editores; periodistas; autoridades; expertos de otros países y los presidentes Felipe Calderón (México); Juan Manuel Santos (Colombia) y Porfirio Lobo (Honduras), el informe sobre Bolivia cuestionó la llamada ley antirracismo, que según el documento, ha sido “tramposamente desvirtuada” de sus fines nobles y legítimos para ser utilizada como un arma contra la prensa independiente.
“Los jefes de noticias aplican una oprobiosa censura previa para eliminar frases arbitrariamente consideradas racistas o discriminadoras”, dice el informe al acusar al Gobierno de querer “sacar de la circulación a aquellos medios y propietarios que no estén alineados con el oficialismo”.
Para el fiscal de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, la posición de la Sociedad Interamericana de la Prensa refuerza la cruzada de recolección de un millón de firmas de la población, que busca la derogación del artículo 16 de la ley antirracismo y la modificación del 23.
Además, dijo que durante este Gobierno, la libertad de expresión se ha visto perjudicada no sólo por la incorporación de los dos puntos criticados por el gremio de la prensa, sino también por otras normas que regulan el trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas.
En contraposición, el director de Descolonización, dependiente del Ministerio de Culturas, Idon Chivi, manifestó que el informe de la entidad internacional es un comunicado más, porque no tiene carácter vinculante ni formal para el Gobierno central, sino que sólo refleja una opinión.
La diputada masista Betty Tejada opinó que los momentos más críticos para la libertad de prensa se registraron en gobiernos dictatoriales y no en éste, que lidera la refundación del Estado. Según la legisladora, en pleno proceso de refundación del Estado hay diferentes visiones, pero tiene que prevalecer la defensa de cualquier libertad, y no sólo la de los medios de comunicación.
Sector de La Paz reglamenta ley
Un sector del periodismo paceño elevará mañana, ante la mesa regional que organiza el Gobierno, un propuesta de reglamento para los artículos 16 y 23 de la Ley Contra el Racismo.
De acuerdo con Javier Mancilla, dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de La Paz, se pide que se establezca gradualidad a las sanciones por emitir supuestas declaraciones con tinte racista; que se responsabilice a la persona que emita esos criterios y no al comunicador ni al medio de difusión; que se elabore un glosario en el que se establezca qué criterios o palabras son racistas y que se reconozca la vigencia de la Ley de Imprenta.
En Santa Cruz de la Sierra, un grupo de periodistas también decidió desmarcarse de la línea de acción del ente matriz del periodismo y decidió participar en la reglamentación de la norma, mientras que las instituciones gremiales se mantienen firmes en la recolección de un millón de rúbricas para derogar los artículos 16 y 23 de la ley.
Atentan contra radio Qhana
La red Erbol denunció que desconocidos intentaron incendiar la planta transmisora de su afiliada, radio Qhana Amazonia, que opera en Caranavi.
Las antenas se encuentran ubicadas en Villa Alto Yara, en la colonia Bautista Saavedra, a unos tres kilómetros de esa capital provincial.
Un trabajador de la emisora detectó a tiempo el incendio y pudo, con ayuda de un compañero, controlar el fuego y observó los daños ocasionados a la infraestructura. La Policía recibió ya la denuncia correspondiente.
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