La Ley de Telecomunicaciones -que pasó al pleno del Senado para su tratamiento- establece que las radioemisoras comerciales, al igual que las social comunitarias, deberán presentarse a licitación para adjudicarse la licencia.
Y aunque, según asambleístas, esta situación aún no será una exigencia inmediata, algunos propietarios de medios, así como investigadores y comunicadores de Cochabamba, han puesto reparos a la aplicación de la ley.
El director de radio Centro, Antonio Torrico, explica que implementar una emisora significa una importante inversión económica en tecnología y recursos humanos. En este sentido es un riesgo hacerlo (invertir) por un período de quince años, aunque las autorizaciones se amplíen, porque en algún momento la licencia de la frecuencia será sometida a una licitación.
Torrico expresó que no hubo la participación necesaria para la redacción de la norma que afecta a las radios.
En Cochabamba (en Cercado) actualmente predominan las radios comerciales en el espectro de Frecuencia Modulada (FM) con un porcentaje aproximado de 75 por ciento (42 emisoras) en relación a un 25 por ciento (14) de frecuencias compartidas por la emisoras educativas, de la Iglesia católica y otras confesionales, en este grupo están por ejemplo Pío XII, Fides y San Rafael. En Amplitud Modulada (AM) el 71.50 por ciento son comerciales (Centro, Cosmos, RTC -que ya no está al aire-, Cochabamba, y Urkupiña) y 28.5 por ciento son confesionales (San Rafael y Voz de la Esperanza).
El director del Servicio de Capacitación en Radio y Televisión Para el Desarrollo, (dependiente de la Universidad Católica Boliviana) José Luis Aguirre explica que la asignación de frecuencias destinadas al Estado será definida por el Órgano Ejecutivo del nivel central. Las frecuencias que van al sector comercial serán asignadas mediante licitación pública y las destinadas al sector social comunitario serán a través de proyectos, y su calificación.
La norma hace referencia a la banda de Frecuencia Modulada y de televisión analógica. La medida -según Aguirre- debió comprender tanto la banda Frecuencia Modulada (FM) como la Amplitud Modulada (AM) y, además incluir el espacio de la radio digital ya que con esta tecnología “aflorarán los verdaderos conflictos de intereses por el control de telecomunicaciones”.
Cree que podría haberse pensado en la distribución en los 33 por ciento para cada sector dejando el 1 por ciento al margen de lo gubernamental para reservar una frecuencia en todas las bandas para establecer el mayor sistema nacional de radiodifusión educativa intercultural y para el desarrollo que el país necesita.
Considera acertado el hecho de que las frecuencias del sector comunitario sean asignadas mediante un concurso de proyectos y su calificación. Sin embargo, se cuestiona sobre las entidades responsables de calificar las propuestas y su “efectiva aplicación a lo largo del tiempo de uso de una frecuencia”.
ESTATIZACIÓN La principal crítica realizada por el investigador y docente de la Universidad Mayor de San Simón, Constantino Rojas es que el Estado al poseer un tercio de las frecuencias radiales “hay una tendencia a estatizar los medios de comunicación”.
El Gobierno tiene en Cochabamba un canal de televisión (Canal 7), corresponsales de la Agencia de Información (ABI), el periódico (Cambio) y la Red Radiodifusora Patria Nueva que cuenta con repetidoras en todo el país y establece convenios con radios comunitarias para la cobertura informativa. En este sentido el Estado “ya no tiene necesidad de contar con más licencias de funcionamiento”.
Desde la perspectiva de Rojas hay una reducción (al 17 por ciento) al trabajo de la radiodifusión educativa (social comunitario) que aglutina a las emisoras de la Iglesia católica, las mineras y campesinas que “necesitan contar con frecuencias porque desarrollan un trabajo educativo importante”, como por ejemplo radio Pío XII y las Escuelas Radiofónicas de Bolivia (Erbol).
Un otro 17 por ciento de las frecuencias estará a disposición de los pueblos originarios. En la zona de Raqaypampa ya funciona una.
Según Rojas existe el riesgo de que estas emisoras se sumen al trabajo gubernamental realizado por la Red Patria Nueva.
Sin embargo, sería importante el trabajo desarrollado por este grupo para la reivindicación cultural y de su identidad porque hasta ahora han estado marginados de los grandes medios de comunicación.
Datos.
Objetivos de la ley
* Garantizar la distribución equitativa y el uso eficiente del
recurso natural y limitado del espectro radioeléctrico.
* Asegurar el ejercicio del derecho al acceso universal y
equitativo a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación, así como del servicio postal.
* Garantizar el desarrollo y la convergencia de redes de
telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación.
* Precautelar la conservación del medio ambiente mediante el aprovechamiento responsable y planificado del espectro radioeléctrico, la instalación adecuada de infraestructura para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.
* Promover el uso de las tecnologías de información y
comunicación para mejorar las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos.
Principios
Acceso universal, asequibilidad, calidad, continuidad, inviolabilidad, neutralidad tecnológica, protección del medio ambiente y solidaridad.
“Se respetarán las actuales licencias”
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Adolfo Mendoza explica que uno de los aspectos principales que ha motivado la redacción de la ley es el cumplimiento de la Constitución Política del Estado sobre la prohibición de las concesiones de los recursos naturales: en este caso, el espectro electromagnético y más bien se establezcan contratos a través de licencias de funcionamiento.
Sin embargo, “se respetan los derechos adquiridos”, Mendoza aclara que aquellas emisoras cuyas licencias estén vigentes o que tengan una validez, por ejemplo, hasta el 2018, serán respetadas. El senador añade que los representantes de las emisoras pueden beneficiarse con una renovación de la licencia por un período más.
DUDAS Sobre la distribución de frecuencias, José Luis Aguirre y Constantino Rojas expresan su duda de qué figura seguirán las frecuencias de la Red de Radios de los Pueblos Indígenas y Originarios “¿éstas se diferenciarán de su actual dependencia gubernamental adquiriendo la independencia?”
Aguirre señala que para la asignación de frecuencias (Art. 38) a diferencia de la ley previa (1632) no se menciona: “no podrán ser beneficiarios de concesión para explotar servicios de radiodifusión, personas individuales o colectivas extranjeras” (Art. 457).
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