Los representantes de la Asociación Nacional de Periodistas, a tiempo de brindar la ayuda legal para los periodistas, Juan Carlos Paco Veramendi y Boris Delgado, detenidos en los disturbios registrados el miércoles por los enfrentamientos entre mineros y policías, identificaron excesos, cometidos por la Policía y los fiscales, que a pesar de conocer que ellos cumplían con su labor, continuaron vulnerando su derecho con una aprehensión ilegal.
La tarde del miércoles, luego de que se rompiera el diálogo entre el Gobierno y el Comiste Cívico Potosinista (Comcipo) se produjeron una serie de hechos violentos, con la explosión de cartuchos de dinamita y destrozos a instalaciones del Viceministerio de Régimen Interior, en la avenida Arce.
Producto de estos hechos, la Policía Nacional aprehendió en acción directa a 52 personas, entre las cuales se encontraban dos periodistas potosinos.
El coronel Gari Omonte, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), afirmó que Paco fue sorprendido en flagrancia realizando actos vandálicos y se lo acusa de instigación a la violencia.
Según la explicación de Eduardo Olivares, asesor legal de la ANP, el primer caso que se conoció fue el de Paco, periodista de radio Líder de Potosí, quien pese a contar con la credencial e identificarse como periodista, al momento de la aprehensión, fue esposado y conducido a celdas de la Felcc.
En el caso de Boris Delgado, periodista de TV 99, el asesor de la ANP explicó que este habría sido detenido sin permitirle explicar su identidad y profesión.
En ambos, la ANP, corroboró la acreditación de los periodistas. Es más, en el caso de Paco, este fue delegado por la Federación de Trabajadores de la Prensa de Potosí, para que realice la cobertura del conflicto en La Paz.
El artículo 207 del Cógico Penal boliviano señala que “el que causare estrago por medio de inundación, explosión, desmoronamiento, derrumbe de un edificio o por cualquier otro medio poderoso de destrucción, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años”, dicha norma habría sido aplicada a quienes, de acuerdo a las imágenes de los canales de televisión, colocaron un cartucho de dinamita en la puerta del Ministerio de Gobierno.
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