El equipo legal de la ANP, dirigido por el abogado penalista, Eduardo Olivares, expone que la detención de Paco es indebida porque en el momento del choque entre dirigentes cívicos del departamento de Potosí y policías, Paco cubría la conferencia de prensa que se realizaba en el interior del edificio del Viceministerio de Gobierno y a continuación realizó un informe radial, por teléfono celular, a Radio Líder de la Villa Imperial.
Según el reporte de la Unidad de Monitoreo de la ANP, del pasado miércoles 22, la periodista de El Diario, Mabel Pericón, observó que Paco se encontraba con el grupo de reporteros que cubrían los hechos violentos y realizaba labores de cobertura informativa tomando fotografías e intentaba algunas entrevistas.
El periodista fue elegido en una asamblea de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Potosí como enviado especial para reportar detalles de una caminata realizada por dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), entre el 26 de junio y el 7 de julio, y en La Paz realizó cobertura periodística para Radio Líder y otros medios informativos de la Villa Imperial.
La defensa señala que policías antimotines decomisaron al periodista una grabadora digital sin memoria, además de una credencial que posteriormente no fue entregada a los fiscales encargados de la investigación.
SEGUNDO ENCARCELADO
El periodista potosino es el segundo que es encarcelado, con una imputación, en tiempos de la democracia recuperada en 1982.
El 9 de marzo pasado, el periodista Carlos Quisbert Fernández fue encarcelado bajo la acusación de interferir con las investigaciones sobre la muerte de un niño, aunque la defensa demostró que cumplía una actividad periodística de investigación y reclamó la vigencia de los derechos constitucionales que protegen el trabajo de los periodistas.
Olivares puso en duda los argumentos de la comisión de fiscales al señalar que una grabadora de audio, marca Sony, no tiene la letalidad de una dinamita.
Durante la audiencia de medidas cautelares realizadas este viernes, los fiscales Ramiro Jarandilla y Franz Contreras no probaron a Paco la intervención en hechos violentos, ni presentaron artefacto explosivo u otro objeto que pudiera causar “estragos”, una palabra que en la terminología jurídica representa un daño de gran magnitud.
La ANP exige el cumplimiento del artículo 106 de la Constitución Política del Estado que en su parágrafo tercero señala que “El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.
El Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, señala que los periodistas gozan de protección en situaciones de conflicto, un derecho que es exigido por la ANP.
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