En 34 años de democracia hubo varios intentos para modificar la Ley de Imprenta de 1925; uno de los argumentos más repetidos es la antigüedad de la norma y, en consecuencia, su desactualización. El intento más nítido ocurrió en la década de los años 80, cuando en el Parlamento se propuso un proyecto que fue calificado como "ley mordaza” y que, al final, no prosperó.
Desde 2002 se registraron al menos siete causas iniciadas contra periodistas y medios de comunicación. Cinco de éstos fueron procesados a través de un Tribunal de Imprenta.
Este tema cobra relevancia debido a que en las últimas semanas surgieron voces del Gobierno que sugieren un debate para regular los medios, a través de una ley, y actualizar la norma que rige el oficio periodístico en Bolivia desde 1925. A esa postura se adscribieron al menos tres ministros de Estado.
Sin embargo, el 21 de mayo, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, aseguró que no existe ninguna propuesta para modificar la Ley de Imprenta o para trabajar en una nueva norma. Añadió que si llegara el momento de debatirla, los periodistas estarían en "primera fila” en ese tratamiento.
Las tentativas
Desde que se recuperó la democracia, el llamado proyecto de ley mordaza del 86 es el antecedente "más directo” de un intento de modificar la norma periodística. Sin embargo, hay autores que indican que en 1987 hubo otra propuesta de reforma.
El primer proyecto fue impulsado por el entonces senador Mario Rolón Anaya, de Acción Democrática Nacionalista. El texto establecía la tipificación de los delitos de imprenta de acuerdo con el Código Penal.
El segundo, impulsado en diciembre del 87, por el diputado Wálter Cerruto, también de ADN, establecía en su artículo 16 que si un periodista no realizaba la retractación suficiente para la satisfacción plena de la persona ofendida y/o calumniada, se debía proceder mediante lo establecido por el Código Penal. No obstante, ninguno de los dos proyectos prosperó.
Los periodistas Juan Cristóbal Soruco y Lupe Cajías registraron la existencia de ambos proyectos de ley, además del comunicador José Luis Aguirre Alvis, en distintos documentos.
El MAS y la Ley de Imprenta
El 3 de febrero, el periodista cruceño Carlos Valverde presentó el certificado de nacimiento del hijo que supuestamente tuvieron el presidente Evo Morales y la exgerenta de la empresa china CAMC, Gabriela Zapata. El 17 de mayo, Valverde dijo que el hijo no existe y surgieron declaraciones del oficialismo en sentido de modificar la actual norma.
Ese mismo día, la diputada Mireya Montaño, del Movimiento Al Socialismo (MAS), realizó la declaración que generó la polémica. "Debería hacerse una nueva normativa al igual que todas las normas que se están implementando con la nueva Constitución Política del Estado”.
En criterio del periodista Andrés Gómez, "la intención de debatir la reforma de la Ley de Imprenta casi nunca fue sincera, sino resultado de momentos políticos, como el actual”.
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Nelson Martínez, sostiene que esa instancia tiene la intención de defender el actual instrumento legal de los periodistas. Aunque aclaró que la APLP está abierta a "conocer criterios, críticas y opiniones” del Gobierno, de los periodistas y de la sociedad.
Casos de imprenta
Según un recuento realizado por este medio -sobre la base de documentación hemerográfica y bibliográfica, además del testimonio de algunos afectados-, en los últimos 14 años se instalaron al menos siete procesos contra medios y periodistas. Éstos fueron interpuestos por distintas instancias (la mayoría presentados por el "poder de turno”).
Entre los casos relevados está el del periodista Jaime Iturri con el ahora exsenador de ADN, Wálter Guiteras, en 2002; el de la extinta Corte Nacional Electoral contra el dueño y director del periódico Jornada, Jaime Ríos Chacón, en 2002; el del reportero de Los Tiempos, Marco Carrillo, quien fue absuelto en 2004 por el Tribunal de Imprenta con una multa de 400 bolivianos, por una acción interpuesta por un personero de la Alcaldía cochabambina; y el del Gobierno contra el periódico La Prensa en 2013.
"Ese fue el primer juicio de un presidente contra un medio de comunicación en la historia de Bolivia”, recuerda quien entonces era jefe de redacción de La Prensa, Carlos Morales, sobre el proceso que instaló el Gobierno contra los directivos del extinto medio paceño. "Evo negoció ‘luz verde’ con los contrabandistas dos meses antes”, fue el titular que colocó en el estrado judicial a los directivos.
"La publicación de La Prensa motivó el proceso contra el periódico que en principio el Gobierno lo planteó en el plano penal, una denuncia por calumnias e injurias. La Prensa logró un fallo de la justicia en sentido de que se trataba de un ‘delito de imprenta’, por lo cual debía ser tratado en el marco de un Tribunal de Imprenta”, acota Morales y recuerda que si bien se constituyó dicha instancia, no hubo un fallo para uno ni otro bando.
Según el periodista Gómez, el caso del reportero Carrillo fue el único que terminó con sentencia de parte del Tribunal de Imprenta. Según el estudio Bolivia: Medios de comunicación y democracia en contextos de cambio, de José Luis Exeni, el periodista Carrillo era acusado de los delitos de difamación, calumnia e injuria "presuntamente cometidos por medio de varias publicaciones” sobre la Alcaldía de Cochabamba.
Un caso reciente es el de la Procuraduría contra el periodista de La Razón, Ricardo Aguilar, por el reportaje "De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los ‘actos unilaterales’”, publicado el 13 de abril de 2014. La demanda versaba -según Aguilar- en que supuestamente el reportero incurrió en los delitos de "espionaje” y "revelación de secretos”.
Aguilar explica que luego de que esa instancia planteara una demanda por vía penal contra su persona- y contra la directora de La Razón, Claudia Benavente por "presunta complicidad”-, se logró derivar el caso a un Tribunal de Imprenta. "Yo supongo que ha prescrito. Sin embargo, uno siempre quiere tener algo por escrito donde diga que ha prescrito”, sostiene.
Además, se tiene registro del proceso penal que el Gobierno inició en 2012 contra ANF, El Diario y Página Siete por supuestamente haber "distorsionado” un discurso de Evo Morales. No hubo sentencia ni cierre formal.
Apuntes sobre la Ley de Imprenta de 1925
Creación La Ley de Imprenta fue promulgada el 19 de enero de 1925 y también es conocida como Ley Saavedra, ya que vio la luz durante el gobierno de Bautista Saavedra.
Artículos Esta norma, que rige el trabajo periodístico en Bolivia, contiene 71 artículos, entre los cuales están aquellos referidos a la protección de la fuente y que no hay delito de imprenta si no existe publicación. En ese sentido, el artículo 9 plantea que el editor o impresor que revela a una autoridad política o a un particular el secreto del anónimo, sin requerimiento del juez competente, es responsable, como delincuente, contra la fe pública, conforme al Código Penal.
Multas Las multas establecidas en la Ley de Imprenta, en caso de que se verifiquen delitos, son pecuniarias; es decir, monetarias. En su artículo 15 determina "Las penas por delitos cuyo conocimiento corresponda exclusivamente al Jurado, son pecuniarias, y en ningún caso pueden exceder los cuatrocientos bolivianos”.
Defensa A lo largo de los 91 años de vigencia de esta norma, fue defendida por gremios periodísticos ante anuncios de modificarla en distintos periodos de la historia.
LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY DE IMPRENTA
La Constitución Política del Estado reconoce el derecho a la libre expresión, además de garantizar los derechos a la comunicación y a la información. Esta norma fundamental fue promulgada el 7 de febrero del año 2009.
El parágrafo II del artículo 107 de la Constitución establece que las opiniones e informaciones vertidas por medios de comunicación deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad ejercidos mediante "las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”.
En Los periodistas y su ley. Argumentos para defender y actualizar la Ley de imprenta, el periodista Andrés Gómez interpreta que la parte final de este artículo se refiere a la actual Ley de Imprenta, vigente desde el 19 de enero de 1925.
A lo largo de sus 71 artículos, la Ley de Imprenta establece los derechos de toda persona a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Además, se incluyen procedimientos en caso de vulnerar esa normativa en los denominados "delitos de imprenta”. El artículo 7, por ejemplo, dicta que no hay delito de imprenta sin publicación mientras que el 8 manifiesta que el secreto en materia de imprenta es inviolable.
Sobre las sanciones, dicta en su artículo 15 que las penas por delitos cuyo conocimiento corresponda exclusivamente al Jurado, son pecuniarias, y que en ningún caso pueden exceder los cuatrocientos bolivianos.
LAS LEYES DE MEDIOS DE LA REGIÓN Y SUS POLÉMICAS CON LOS PERIODISTAS
En los últimos años se generó un debate entre los gobiernos de Argentina, Venezuela y Ecuador con periodistas y medios de comunicación de sus países. La razón fue por "polémicos” proyectos de ley de medios que en su momento fueron aprobados. En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri ya trabaja en la modificación de la ley de medios aprobada durante la presidencia de Cristina Fernández.
El anuncio del Gobierno argentino sobre las modificaciones a esta norma se hizo en diciembre de 2015. En abril de este año, en una controversial sesión legislativa, se logró aprobar un decreto para modificar la normativa.
"Hoy se termina la guerra contra el periodismo y empieza el siglo XXI en lo que tiene que ver con las comunicaciones”, declaró en diciembre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, según un reporte de la BBC.
Datos, relevados por esa cadena de noticias, dan cuenta que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue aprobada en 2009 y "redujo la cantidad de licencias en manos de un solo propietario”. Además, dividió el espacio radioeléctrico en tres partes iguales entre el Estado, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro, y creó un nuevo ente regulatorio: la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (AFSCA). Sin embargo, con el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Mauricio Macri, la AFSCA es reemplazada por el Ente Nacional de Comunicaciones.
En el caso ecuatoriano, la Sociedad Interamericana de Prensa denunció el pasado 18 de mayo -según el portal de noticias RCN- que el Gobierno de Ecuador ataca a los medios y periodistas digitales utilizando la Ley Orgánica de Comunicación como "artillería pesada” para "censurar y silenciar a la prensa”. Dicha norma está vigente desde 2013.
En marzo de 2012, el presidente ecuatoriano Rafael Correa dijo que "los medios de comunicación son los que han respaldado las dictaduras, los que han callado las represiones, los atracos bancarios, etc., y son los que persiguen a los gobiernos que queremos cambiar las cosas”, según una investigación de Pedro Santander en la revista científica Scielo.
A su vez, el portal Infobae refleja que el expresidente venezolano Hugo Chávez fue uno de los impulsores de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de 2005. Dicha norma fue reformada en 2010 "a través de los súper poderes conferidos al líder bolivariano”, se explica en ese medio.
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