“Este Gobierno es el que más ha intentado afectar, reducir y arrinconar a la libertad de expresión y la libertad de prensa desde la recuperación de la democracia. Los gobiernos anteriores en ningún caso tuvieron la decisión o incluso la fuerza para poder hacer las mismas presiones que está ejerciendo el gobierno actual”, explica Raúl Peñaranda.
Peñarada renunció a la dirección de Página Siete el 22 de agosto de 2013, luego de una serie de ataques contra el periódico y su persona por parte de distintos funcionarios del Gobierno, como el entonces ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, como también el vicepresidente Álvaro García Linera, quien acusó al medio de representar “intereses de chilenos de la derecha”.
Tanto Peñaranda como su colega Andrés Gómez –quien en 2017 fue despedido de Radio Compañera por presiones del Gobierno, que amenazaba con no poner publicidad estatal en la emisora hasta que él dejara el medio– identifican cuatro aspectos principales que ponen en peligro la libertad de expresión en el contexto actual: el control de los medios a través de la publicidad estatal, la descalificación de periodistas, el maltrato verbal o físico a periodistas y la falta de acceso a información pública.
Publicidad estatal
“Un primer flanco es el tema de la asfixia económica y el uso de la publicidad estatal. Para eso el Gobierno ha multiplicado por 15 el presupuesto que, en el pasado, existía para la publicidad estatal.
Antes de Evo Morales, los gobiernos gastaban unos 10 millones de dólares en propaganda; ese monto ha subido a 150 millones de dólares. Es para tener la posibilidad de cooptar a los medios, de premiar a los que cambien de línea y tengan una línea a favor del Gobierno y también sirve para castigar, sin dar publicidad, a los medios que son independientes”, explicó Peñaranda.
Al respecto, Gómez indicó que el gobierno actual usa los recursos públicos para presionar a medios de comunicación y periodistas independientes y libres para así controlar la línea informativa. “Ha usado propaganda gubernamental para presionar y chantajear a los medios. Con esta estrategia ha logrado controlar entre el 80 y 90%. Lo reconoció el propio presidente Evo Morales: no dijo que usaban estrategias, sino dijo que antes había un 90% de medios opositores y ahora es al revés”, expresó.
Descalificación
La segunda amenaza que se identifica es la descalificación de periodistas, que tiene como resultado la autocensura y el miedo. “Es el ataque, la infamia, la calumnia, la difamación, la injuria para rebajar la estima pública que tienen los periodistas ante la sociedad, para bajar su buen nombre, para afectar su credibilidad. Eso genera miedo en otros periodistas que ante tal ataque prefieren callarse, autocensurarse o evaluar la información desde la perspectiva de su seguridad personal y no ya como servicio público”, explicó Gómez.
Maltrato
El tercer aspecto observado es la presión de los llamados movimientos sociales afines al Gobierno hacia los periodistas a través de maltrato verbal y hasta físico. “Son presiones desde grupos políticos o grupos de poder fáctico que amenazan, advierten a los periodistas a veces abiertamente, a veces de forma velada o a veces atacan físicamente”, agregó Gómez.
Coincide con él Nelson Martínez, presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), quien comentó que en varias ocasiones se denunció la violencia ejercida contra los trabajadores de la prensa. “En la cobertura diaria de situaciones de conflicto, los periodistas terminan siendo lastimados, golpeados o siendo víctimas de violencia verbal por parte de policías, de organizaciones sociales. Las gasificaciones, las pedradas igual afectan a tanto periodistas como a camarógrafos, choferes, fotógrafos”, detalló.
Bloqueo
La cuarta amenaza identificada es el bloqueo o la imposibilidad de acceder a información pública por parte de los periodistas que no tienen acceso a entrevistas con autoridades nacionales. “Varios periodistas cuando acuden a la fuente de información especialmente oficial son restringidos en cuanto a la posibilidad de realizar entrevistas a funcionarios o autoridades. No pueden acceder a la contraparte en el caso de hacer algún tipo de seguimiento informativo y se ven obstaculizados en poder tener la versión de autoridades o gente que trabaja en el Estado”, dijo Martínez.
Según el representante esta práctica común de no acceder a entrevistas de medios se da en los tres niveles del Estado (gobierno central, gobernaciones y municipios). “Por otro lado, hay una actitud selectiva de a quiénes dar declaraciones. Hay periodistas de ciertos medios a los que se les restringe información”, agregó.
Pero estos no son los únicos aspectos que amenazan la libertad de expresión. “Hay otros mecanismos también; el trabajo de Impuestos Nacionales, luego, las amenazas de juicio, todo eso conforma esa situación y es claramente más preocupante y más grave que en gobiernos anteriores”, agregó Peñaranda.
Para Gómez estos aspectos afectan principalmente al ciudadano pues le llega una información condicionada sin la diversidad de fuentes que debería tener. “Se pierde la calidad de la investigación, se reducen temas que afectan al Gobierno, los casos de corrupción no son difundidos en estos medios de comunicación. Esas cosas dejan al ciudadano desamparado con una información no contextualizada y por tanto no adecuada como para que pueda tener un juicio respecto a la realidad”, analizó Gómez.
Periodistas despedidos y cambios en la Ley
Para los periodistas las amenazas contra la libertad de expresión son constantes. En una revisión de los atropellos sufridos por trabajadores de la prensa entre 2015 y 2018 se identificaron más de 15 casos de restricción a la libertad de expresión. A algunos los mencionamos a continuación.
En mayo de 2015, Enrique Salazar fue despedido del canal en que trabajaba, Red Uno, dos días después de haber tenido una fuerte discusión con la entonces ministra de Comunicación Marianela Paco, durante una entrevista. Este mes, el periodista inició un programa que se emite a través del canal estatal.
En agosto del mismo año (2015), Amalia Pando oficializaba su renuncia a ERBOL por escrito. “Sé que el Gobierno ha pedido mi cabeza reiteradamente y entonces se la entrego. A ver si así se salva ERBOL”, aseguró. Ese mismo mes, John Arandia anunció su salida de Cadena A. “Hay una lucha que está delimitada por el poder con la asfixia económica”, comentó.
Después, en febrero de 2016 cinco periodistas de distintos medios fueron atacados durante su cobertura al incendio de la Alcaldía de El Alto, según informó la Asociación Nacional de la Prensa (ANP). En abril de esa gestión, durante las protestas de los discapacitados en La Paz, Jesús Alanoca de El Deber, fue detenido por la Policía y se le exigió borrar las imágenes que había grabado durante una gasificación. En la misma época, el entonces fotoperiodista de Página Siete, Álvaro Valero fue agredido por un funcionario de INRA.
En mayo, Carlos Valverde decidió mudarse a Argentina, donde estuvo más de un año. “Aviso que estoy en Buenos Aires, Argentina, no estoy aislado, estoy a ‘resguardo’; la presión política (…) era muy fuerte”, publicó Valverde en su cuenta de Facebook.
En noviembre, la Policía detuvo a dos periodistas de Página Siete que cubrían la audiencia del excomandante del Ejército y de las Fuerzas Armadas. En este contexto, Humberto Vacaflor, al recibir el Premio Libertad 2016 de la ANP, dijo que “En este momento la libertad de expresión en Bolivia está muy dañada, casi en el grado que se dañó en los gobiernos militares”.
En febrero de 2017, Católica TV decidió terminar el ciclo del programa Encontrados, que conducía Gonzalo Rivera –un año antes el comunicador dejó la radio ERBOL de manera sorpresiva tras recibir la comunicación de que ya no podían pagarle–. Ambos hechos se dieron entre la suspensión de publicidad estatal y amenazas de un proceso por discriminación.
Sólo en el primer semestre del año pasado, se registraron 18 casos de restricciones a la libertad de prensa, según el reporte semestral de violaciones a los derechos humanos sucedidas en Bolivia del Observatorio Boliviano de Derechos Humanos. Entre los casos identificados figuraban ataques informáticos a portales de medios, agresiones físicas y verbales a periodistas en los conflictos de Achacachi y el intento de cerrar la radio Líder, donde trabaja Amalia Pando.
Estas situaciones no pasaron desapercibidas por el ámbito internacional, pues en mayo del año pasado, una relatoría especializada en el tema de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) lamentó la marcada hotilidad que origina “confrontaciones y estigmatizaciones constantes” de parte de altas autoridades del Estado hacia medios de comunicación, calificándolos de ser miembros de un “cártel de la mentira”.
Igualmente, Reporteros sin Fronteras alertó que Bolivia atraviesa “problemas perceptibles” en este campo. Asimismo el parlamento europeo hizo un llamado para que se respeten libertades.
En este mismo tenor, en octubre de 2017, los gremios periodísticos denunciaron la intención del Gobierno de alterar la Ley de Imprenta y explicaron que tocar esta norma es un peligro para la libertad de expresión. Finalmente, esta posible modificación fue descartada por el presidente de Senadores, José Alberto Gonzales.
Al respecto, Nelson Martínez dijo que “si existe una señal de esa naturaleza de parte de legisladores, de cortar la libertad de expresión, de atentar a la Ley de Imprenta, no puede ser otra cosa que reprochable por parte de las organizaciones periodísticas que también se han manifestado de manera directa”.
Este año, el Tribunal Nacional de Ética Periodística denunció riesgos en el ejercicio de la libertad de expresión implicados con la promulgación del nuevo Código de Sistema Penal, ya que éste contiene artículos que afectarían la vigencia de la Ley de Imprenta.
Por su parte, el presidente Evo Morales negó en reiteradas ocasiones que existan amenazas contra la libertad de expresión. En septiembre de 2016, consideró que, “falsamente, algunos organismos se quejan” de que ese derecho no se respeta. Apuntó que en algunos países quienes insultan a un presidente en redes sociales son detenidos en 24 horas, pero que él no pidió eso cuando fue objeto de ataques. “Por eso digo: siento que no solamente tenemos libertad de expresión, siento que tenemos exagerada libertad de expresión”, manifestó en su discurso con ocasión de la promulgación de la Ley de Adecuación para Operadores de Radiodifusión.
Actualmente, el gremio se encuentra en emergencia debido a los artículos 309, 310 y 311, del recientemente promulgado Código del Sistema Penal, que versan sobre difamación y calumnias.
“Esas figuras ya están dentro de la Ley de Imprenta, pero vuelven a aparecer en el Código, aspecto que significó para el sector de la prensa una fuerte crítica a esta situación porque establecen penas mayores que las definidas en la Ley de Imprenta. Las penas deben darse en el Código y quedan sin efecto otras leyes como la de Imprenta; no deja de haber contradicción”, explicó Martínez.
En ese sentido, el representante indicó que se ha solicitado una explicación sobre este punto y también se han presentado propuestas de normas para que esta ambigüedad no continúe.
Las redes sociales como espacio de expresión
Ante este escenario, los periodistas opinan que las redes sociales se han convertido en un espacio fuerte para el ejercicio de la libertad de expresión. “Las redes sociales son espacios que equilibran las fuerzas entre la sociedad, los medios independientes y el Gobierno porque permiten difundir y amplificar la voz de algunos medios y algunos líderes opositores”, indicó Peñaranda.
El periodista comentó que si esta crisis se hubiera dado hace 10 años, cuando las redes sociales no tenían el alcance que tienen ahora, la ciudadanía estaría en una situación mucho más débil.
“De no ser por las redes sociales estaríamos en una situación realmente muy precaria. Las redes sociales son las que permiten la circulación de ideas y hacen que la información que dan algunos medios independientes llegue a mucha más gente”, agregó Peñaranda.
Para Gómez, las redes sociales se han convertido en el escenario de debate de la política, donde todos los interesados pueden participar.
“Lo más importante de las redes sociales es que ahí no hacen política solamente los políticos tradicionales o los gobernantes sino hace política el ciudadano común y corriente, es decir, el titular de la libertad de expresión que todos los días tiene la posibilidad de interactuar, de criticar, de sugerir a las autoridades”, indicó.
En ese sentido, el periodista ve una nueva amenaza en este ámbito, pues el gobierno de Evo Morales también intenta controlarlo.
“Como la democracia es el gobierno de la opinión pública, al Gobierno le preocupa que no pueda controlar las redes sociales porque son millones y millones de personas que están expresando sentimientos y pensamientos. Lo que intentará hacer ahora el Gobierno es desprestigiar, reducir la credibilidad, fabricar la realidad desde su perspectiva o sus intereses”, acotó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario