La impunidad en casos de agresiones a periodistas y la imposición de la decimotercera ley que confisca recursos a los medios informativos privados han marcado una política gubernamental de asfixia al trabajo periodístico durante la gestión 2018, según evaluación de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), en tanto que el presidente Evo Morales en reiteradas oportunidades expresó que existe amplia libertad de expresión.
Las agresiones físicas, hostigamiento y amedrentamiento sufrido por mujeres periodistas durante la apertura del nuevo edificio presidencial, el jueves 9 de agosto pasado, quedan sin investigación y sin responsables. El hecho es la muestra de impunidad a pesar del anuncio oficial de una investigación de los incidentes denunciados y documentados con testimonios, señala la ANP.
La Unidad de Monitoreo de la Libertad de Expresión de la organización de medios de comunicación denunció incidentes que generaron situaciones de alto riesgo para periodistas y activistas de derechos humanos. El 19 de agosto, un grupo de periodistas y la comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza fueron retenidos en la población de Isinuta (Cochabamba) por colonos afines al gobierno, durante cinco horas, mientras intentaban visitar el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), en el sector denominado Polígono 7.
Entre otros casos reportados por el único observatorio boliviano especializado en temas de prensa y libertad de expresión se menciona el atropello sufrido por el diario El Gran Chaco que circula en la ciudad fronteriza de Yacuiba, en el departamento de Tarija.
La ANP denunció que el medio impreso fue clausurado en dos ocasiones por disposición de la alcaldía dirigida por militantes del partido de gobierno, bajo el argumento de contaminación del medio ambiente con tintas que sirven para la impresión de periódicos. Tras la protesta de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y periodistas de la región, la sanción fue levantada.
El diario tarijeño no fue el único silenciado. En junio pasado, el canal privado “Atesur” de la ciudad de Sucre denunció su exclusión del grupo de emisoras que difunde señal a través del servicio de cable de la Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre (COTES Tv), tras difundir noticias sobre presunta mala administración de la entidad. La medida representó una censura y violenta la libertad de expresión, según un portavoz del medio.
El 23 de agosto, la ANP rechazó la propuesta del presidente Evo Morales de crear una ley contra la mentira “porque limitaría la libertad de expresión y las garantías constitucionales orientadas a proteger el trabajo independiente de periodistas y medios”.
Un dirigente de una organización sindical de trabajadores de la prensa respaldó la iniciativa del presidente Morales.
Morales aludió a la ANP el 5 de septiembre, al mostrarse extrañado por el rechazo de la organización de medios a su proyecto. La idea del mandatario tuvo continuidad el 20 de octubre, cuando anunció el pedido de ayuda al gobierno de China para ingresar en la “guerra digital” de las redes sociales, una solicitud que habría sido aceptada, según la noticia difundida por la Agencia de Noticias Fides (ANF).
Las organizaciones defensoras de la libre expresión IFEX-ALC y la Alianza Regional que representan a organizaciones de varios países del hemisferio expresaron preocupación por la vigilancia policial a mensajes difundidos por periodistas y líderes de opinión en las redes sociales. Las dos organizaciones internacionales se mostraron preocupadas por la acción que atenta contra el derecho fundamental de expresar ideas, pensamientos y propuestas sin censura.
ASFIXIA FINANCIERA
La ANP denunció que la Ley de Partidos Políticos promulgada en septiembre pasado, vulnera nuevamente el derecho constitucional al trabajo y a una justa retribución (Artículo 46), al imponer la difusión gratuita de campañas electorales en diarios, radioemisoras y canales de televisión.
Esta norma es la ley número 13 creada para imponer a los medios informativos la cesión de espacios gratuitos, una medida que la ANP califica de confiscatoria de recursos privados y que genera un debilitamiento de las finanzas hasta colocar a las empresas medianas y pequeñas al borde de su cierre.
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