“No podrán atribuirse la calidad de vocero y asumir representación no delegada del Ministerio Público, tampoco podrán declarar en los medios de comunicación o brindar información sobre casos de especial importancia, gravedad, o de aquellos que causen gran impacto social, sin previa coordinación y autorización de la máxima autoridad institucional”, reza el primer punto del documento emitido el 26 de noviembre de 2018 y que ya generó quejas de periodistas que cubren información judicial.
“Cuando los públicos requieren información, el periodismo no puede cesar en su labor de indagación y búsqueda de la verdad. Es un compromiso con la sociedad, y por ello, su labor se halla protegida por la Constitución”, señaló un pronunciamiento de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales medios impresos y una agencia de noticias.
RESTRICCIÓN INFORMATIVA
“En los casos de especial importancia o gravedad, o aquellos que son de interés de los medios periodísticos, los Fiscales de Materia deberán informar inmediatamente al Fiscal Departamental, a su vez esta autoridad coordinará con la Fiscalía General la información por brindarse a los medios de comunicación”, añade el documento, que en su parte final recuerda que los temas que maneja la Fiscalía no pueden ser expuestos a la prensa sin autorización previa y “sólo los hechos concretos y objetivos serán comunicados”.
El presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, Arturo Yáñez, aseguró que la disposición restringe la libertad de expresión de los fiscales, el derecho a acceder a la información de los periodistas y de la ciudadanía, que están garantizados por la Constitución y la convención y contradice el enfoque especial sobre los derechos humanos.
Los periodistas a través de las redes sociales expresaron su desacuerdo con dicho instructivo que restringe el acceso a la información como ocurría en la anterior gestión fiscal.
ERRORES BAJO RESERVA
La reserva impuesta al caso del bebé Alexander ha sido la demostración de que a mayor silencio, mayores pueden ser los errores que se cometan en la administración de justicia, expresó la ANP.
Un inocente en prisión por cuatro años, un periodista encarcelado por cumplir su labor informativa y la dudosa actuación de jueces y fiscales, fue el resultado de un proceso jurídico marcado por la discreción, señaló la organización de medios.
La ANP respeta el trabajo del Ministerio Público pero aboga por el derecho del ciudadano a ser informado sobre temas de interés público, tal como señala el artículo 106 de la Constitución Política del Estado (CPE), dice el pronunciamiento.
El miércoles 12, un fiscal, consultado para brindar información sobre un determinado caso, aseguró que primero requería de una autorización.
Ante la queja de algunos periodistas por este hecho específico, fuentes de la Fiscalía aseguraron que no hay tal restricción y que los periodistas pueden acceder a las fuentes informativas, previa coordinación. (ANP)
No hay comentarios:
Publicar un comentario