jueves, enero 23, 2020
lunes, enero 20, 2020
Tarijeños piden reapertura del caso Cristian Mariscal
Los familiares del periodista Cristian Mariscal y la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Tarija anunciaron una marcha para exigir que la justicia reabra la investigación de su desaparición. Ayer domingo se cumplieron seis años de un caso sin resolver y una familia herida que aún espera respuesta.
La movilización se realizará hoy lunes 20 de enero, en la plaza principal Luis de Fuentes y Vargas de la ciudad de Tarija a partir de las 09 de la mañana. A días de que familiares de la víctima protagonizaran una movilización, para solicitar al gobierno constitucional de Jeanine Áñez , que el caso sea reabierto.
El caso Mariscal ha estado desde el inicio plagado de contradicciones y negligencias, errores que costaron mucho, que arruinaron pruebas y que impidieron conocer la versión real de los hechos. No existe ningún imputado, ni hay investigadores asignados al caso, no hay pericias en marcha y penas queda en el Ministerio Público o algún fiscal que tuvo conocimiento cercano del caso.
ANTECEDENTES
Cristian Mariscal, un periodista de investigación que desapareció en Tarija el 19 de enero de 2014 en la madrugada, es otro de los ejemplos que pone en evidencia la retardación de justicia que soportó Bolivia durante el anterior gobierno.
Con un proceso de investigación lleno de irregularidades, hasta hoy no se han hecho esfuerzos serios para encontrar el paradero de Cristian, quien fue visto por última vez la madrugada del 19 de enero de 2014 por su exnovia, la cual presentó declaraciones contradictorias las siguientes semanas. Además de haberse encontrado pruebas de sangre en el domicilio de ésta, las mismas que se “contaminaron” en el camino al Instituto de Investigaciones Técnico Científico Policial (Itcup), por lo que fueron desestimadas sin más.
Desde ahí, el caso quedó inconcluso, la falta de más pruebas y la desidia de las autoridades han permitido que se hayan cumplido seis años de impunidad, que también han dado lugar a sospechas relacionadas con la misma labor periodística de Cristian. Su padre, Jaime Mariscal, quien murió de cáncer mientras seguía buscando a su hijo e impulsando la investigación junto con el abogado Temer Medina, sostenía que Cristian había sido asesinado por poseer información delicada.
Así se lo dijo al periodista Jesús Vargas (Jefe de redacción de “El Periódico”): “Cristian vio algo en el aeropuerto de Tarija. Vio un cargamento extraño. Le contó a su enamorada lo que había visto y dijo que lo iba a decir.” Varios medios nacionales como El País o El Periódico, y algunos internacionales como Infobae, señalan también que Cristian podría haber estado tras una pista de contrabando de drogas.
Lo cierto es que pasado el tiempo, y al ver que no había ningún avance en la investigación, la familia de Cristian exigió respuestas al exfiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, junto al exfiscal del distrito de Tarija, Gilbert Muñoz. También advirtieron que llevarían el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de haber constatado que la justicia boliviana no tiene interés en encontrar el paradero de Cristian. La hermana de Cristian, María Mariscal, el año 2017 declaró al periódico El País de Tarija: “Lamentamos que hasta ahora no haya una respuesta y que hasta la fecha no podamos saber qué es lo que ha pasado con Cristian, prácticamente nos han ocultado, nos han trancado ahí en las pruebas que se han descubierto y lo han hecho desparecer y por eso el caso está en cero”.
Igualmente, el abogado de la familia, Tamer Medina, que junto al padre fallecido de Cristian fundaron la Organización de Víctimas de Impunidad, Inseguridad y Corrupción, declaró ante el mismo medio que también ha decidido demandar al Estado boliviano ante la CIDH, pues según sus declaraciones: “los fiscales y hasta el mismo presidente Evo Morales conocen muy bien el caso. A Evo le enviaron cuatro cartas para hacerle conocer las irregularidades de la investigación…, sin recibir respuesta (…) En concreto aquí, el Estado es responsable y ellos saben todo eso y no han hecho absolutamente nada para esclarecer también esa corrupción interna que hubo en el proceso de investigación, porque no han hecho absolutamente nada, porque los agentes del Estado no han querido que se descubra la verdad sobre el tema”.
La última noticia del caso se dio hace tres años atrás, cuando el ex fiscal Ramiro Guerrero informó que la Interpol admitió el recurso de búsqueda internacional, por lo que, por ahora, Cristian estaría siendo buscado en todo el mundo, lo cual sigue dejando en la incertidumbre a su familia y a todo el gremio de periodistas en el país.
La movilización se realizará hoy lunes 20 de enero, en la plaza principal Luis de Fuentes y Vargas de la ciudad de Tarija a partir de las 09 de la mañana. A días de que familiares de la víctima protagonizaran una movilización, para solicitar al gobierno constitucional de Jeanine Áñez , que el caso sea reabierto.
El caso Mariscal ha estado desde el inicio plagado de contradicciones y negligencias, errores que costaron mucho, que arruinaron pruebas y que impidieron conocer la versión real de los hechos. No existe ningún imputado, ni hay investigadores asignados al caso, no hay pericias en marcha y penas queda en el Ministerio Público o algún fiscal que tuvo conocimiento cercano del caso.
ANTECEDENTES
Cristian Mariscal, un periodista de investigación que desapareció en Tarija el 19 de enero de 2014 en la madrugada, es otro de los ejemplos que pone en evidencia la retardación de justicia que soportó Bolivia durante el anterior gobierno.
Con un proceso de investigación lleno de irregularidades, hasta hoy no se han hecho esfuerzos serios para encontrar el paradero de Cristian, quien fue visto por última vez la madrugada del 19 de enero de 2014 por su exnovia, la cual presentó declaraciones contradictorias las siguientes semanas. Además de haberse encontrado pruebas de sangre en el domicilio de ésta, las mismas que se “contaminaron” en el camino al Instituto de Investigaciones Técnico Científico Policial (Itcup), por lo que fueron desestimadas sin más.
Desde ahí, el caso quedó inconcluso, la falta de más pruebas y la desidia de las autoridades han permitido que se hayan cumplido seis años de impunidad, que también han dado lugar a sospechas relacionadas con la misma labor periodística de Cristian. Su padre, Jaime Mariscal, quien murió de cáncer mientras seguía buscando a su hijo e impulsando la investigación junto con el abogado Temer Medina, sostenía que Cristian había sido asesinado por poseer información delicada.
Así se lo dijo al periodista Jesús Vargas (Jefe de redacción de “El Periódico”): “Cristian vio algo en el aeropuerto de Tarija. Vio un cargamento extraño. Le contó a su enamorada lo que había visto y dijo que lo iba a decir.” Varios medios nacionales como El País o El Periódico, y algunos internacionales como Infobae, señalan también que Cristian podría haber estado tras una pista de contrabando de drogas.
Lo cierto es que pasado el tiempo, y al ver que no había ningún avance en la investigación, la familia de Cristian exigió respuestas al exfiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, junto al exfiscal del distrito de Tarija, Gilbert Muñoz. También advirtieron que llevarían el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de haber constatado que la justicia boliviana no tiene interés en encontrar el paradero de Cristian. La hermana de Cristian, María Mariscal, el año 2017 declaró al periódico El País de Tarija: “Lamentamos que hasta ahora no haya una respuesta y que hasta la fecha no podamos saber qué es lo que ha pasado con Cristian, prácticamente nos han ocultado, nos han trancado ahí en las pruebas que se han descubierto y lo han hecho desparecer y por eso el caso está en cero”.
Igualmente, el abogado de la familia, Tamer Medina, que junto al padre fallecido de Cristian fundaron la Organización de Víctimas de Impunidad, Inseguridad y Corrupción, declaró ante el mismo medio que también ha decidido demandar al Estado boliviano ante la CIDH, pues según sus declaraciones: “los fiscales y hasta el mismo presidente Evo Morales conocen muy bien el caso. A Evo le enviaron cuatro cartas para hacerle conocer las irregularidades de la investigación…, sin recibir respuesta (…) En concreto aquí, el Estado es responsable y ellos saben todo eso y no han hecho absolutamente nada para esclarecer también esa corrupción interna que hubo en el proceso de investigación, porque no han hecho absolutamente nada, porque los agentes del Estado no han querido que se descubra la verdad sobre el tema”.
La última noticia del caso se dio hace tres años atrás, cuando el ex fiscal Ramiro Guerrero informó que la Interpol admitió el recurso de búsqueda internacional, por lo que, por ahora, Cristian estaría siendo buscado en todo el mundo, lo cual sigue dejando en la incertidumbre a su familia y a todo el gremio de periodistas en el país.
sábado, enero 18, 2020
miércoles, enero 15, 2020
lunes, enero 13, 2020
domingo, enero 12, 2020
Daher dice que cedió PAT porque lo extorsionaron a nombre de García Linera
La venta de la red televisiva PAT es el primer caso que puede involucrar judicialmente al exvicepresidente Álvaro García Linera. El empresario Abdallah Daher, en declaraciones judiciales como víctima de una supuesta extorsión, relaciona a la exautoridad con un grupo de personas que lo obligaron a ceder a coste cero la casa televisiva. Así, un negocio entre privados se vuelve de interés público.
Esta acusación es refrendada por el que fuera gerente de PAT, Sergio Weise, que declaró ante la Fiscalía que incluso hubo una reunión en un hotel de cinco estrellas en Santa Cruz de la Sierra en la que el exvicepresidente dijo que avalaba la negociación. Desde Argentina, García Linera niega ser dueño de PAT y haber presionado a Daher o a Weise para que vendan. Otro de los señalados, el empresario y periodista Jaime Iturri, negó la supuesta extorsión y retó a ambos a demostrar sus acusaciones en la vía judicial.
Desde mediados de diciembre, el senador Óscar Ortiz aseguró que hay un grupo de empresas relacionadas a Evo Morales y a Álvaro García Linera, entre las que se encuentra la red PAT, algo que fue calificado como una “vil mentira” por Morales vía Twitter. Ortiz retrucó que “no aparecían los nombres de los dueños reales” y que el personaje clave en esta operación era el empresario paraguayo-venezolano Carlos Gill a través de Marcelo Hurtado. El último aludido negó ser representante de Gill y tener nexos con García Linera o Morales y también ser dueño de PAT. Todo se precipitó en la última semana, cuando Hurtado fue detenido por una supuesta evasión de impuestos y crear empresas para administrar la red, pero fue liberado el jueves y vuelto a detener acusado por la senadora de Unidad Demócrata Carmen Eva Gonzales. Esta vez, la denuncia incluye los supuestos delitos de “organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, extorsión para obtener PAT”. Se informó de que la denuncia es de mediados de diciembre.
A esto se sumó, el mismo día, dos memoriales presentados por Ortiz, en los que solicita al fiscal general la conformación de una comisión de fiscales para investigar a “Hurtado y otros”, por la comisión de los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y creación de sociedades ficticias. Ortiz hace un listado de 21 empresas en las que no está PAT, pero en varias participa como miembro del directorio y socio José Luis Valencia, que figuró como accionista de la casa televisiva verde. Por eso, Ortiz pide que se lo investigue por los mismos delitos y asegura que la compra de PAT “genera susceptibilidades”.
Dos días antes de la segunda detención de Hurtado y de la presentación de memoriales de Ortiz, todo estaba consumado. En la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, el empresario Abdallah Daher y dos exgerentes de PAT prestaron sus declaraciones que dan fundamento a las denuncias de Gonzales y Ortiz.
EL DEBER accedió a ellas a través de un miembro del Gobierno de Jeanine Áñez el jueves, pero esperó a tener los descargos de García Linera y de Iturri para hacerlas públicas.
El primero en declarar fue Sergio Weise Márquez, que en la tercera respuesta ya revela un dato: hay una investigación abierta por supuesta extorsión contra Daher y es conducida por el fiscal Samuel Lima Carvajal. “Cuando yo era gerente del canal PAT acompañé el proceso de presión y de chantaje que se hizo sobre mi persona y el empresario Daher que la empresa sea entregada a los señores Marcelo Hurtado y Jaime Iturri”, dijo.
Luego relató que conoció a Hurtado en una reunión de dueños y gerentes de medios con la entonces presidenta del Senado Gabriela Montaño y días más tarde lo visitó en Santa Cruz y que, supuestamente, le manifestó que pertenecía “a un importante grupo empresarial venezolano con poder político en Bolivia y que tenían todas las intenciones y condiciones” de comprar PAT.
Afirmó que después del acercamiento comercial comenzaron las presiones menos amistosas de parte de Hurtado y de Iturri, que le aseguraron que si no transferían la red de la forma que ellos querían (gratis), las presiones continuarían sobre el grupo Daher en forma de fiscalizaciones a sus empresas.
Tanto Weise como Daher aseguran que una de esas fiscalizaciones incluía una multa por Bs 50 millones. El punto más alto de esta presión fue cuando amenazaron a un hijo de Daher en una denuncia por contrabando, las deudas impositivas de Aerosur y, a Daher padre, en el caso Rózsa.
“Estando en Santa Cruz apareció otro extorsionador, de nombre Luis Clavijo. Primero se jactó de ser una persona clave en el atentado del hotel Las Américas y de ser la persona que decidía quién iba o no preso en Santa Cruz por el caso Rózsa. Me dijo que deberíamos dejarnos de huevadas y entregar de una vez el canal a Marcelo Hurtado y a Jaime Iturri”, se lee en la declaración de Weise.
Dos horas después, a las 10:30 del 7 de enero, Daher inicia su declaración, que coincide con lo dicho por Weise y suma otros datos. Cotiza a PAT de ese tiempo (2010) en $us 20 millones y mete en escena a Carlos Gill, quien habría sido, según Daher, el primero en manifestar interés por la red y le dijo que Álvaro García Linera lo odiaba y si quería continuar en Bolivia debía entregar PAT. Asegura que Gill le puso una metáfora: “Cuando tienes un cáncer y una gangrena, es mejor perder un miembro para poder salvar el resto del cuerpo”.
Gill ya se refirió a su supuesta propiedad de PAT. Hace un año, desde su fábrica de pinturas afuera de Asunción, dijo que se cansó de las mentiras y que no es dueño ni de PAT ni de ATB, sí de La Razón.
Weise involucra en su declaración de forma más directa a García Linera. Asegura que en varias oportunidades Hurtado aseguró que se movían con aval del exvicepresidente y que después de meses de amenazas resolvieron buscarlo con Daher para saber si era cierto. Afirma que hubo una reunión en un hotel de cinco estrellas de la zona de Equipetrol, que fue entre agosto y septiembre de 2012, y en ella participaron Daher, Iturri, García Linera y él.
Luego de tocar muchos temas, “García Linera dijo textualmente: ‘Sé que ustedes están viendo una transacción de un medio de comunicación, prosigan, que tienen mi aval’. En octubre entregamos el canal”, declaró Weise.
A través del teléfono, desde el refugio político bonaerense, García Linera se defiende. “En 13 años de Gobierno democráticamente electo nos hemos reunido con numerosos periodistas y la mayor parte de los dueños de medios de comunicación, todo en el marco de respeto a cuatro principios: la libertad absoluta de información, de los derechos laborales, de la propiedad privada empresarial y de los compromisos tributarios hacia el Estado”, dijo.
Sobre la denuncia de Weise, el exvicepresidente aseguró que en medio de esos encuentros, cuando algún propietario mencionaba sus planes de expansión o de compra y venta de empresas, “nuestra actitud siempre fue la de informar que las inversiones en el país son bienvenidas porque ayudan a su crecimiento y sugerir que se resguarden esos cuatro principios”.
“A aquellos políticos golpistas acostumbrados a asesinar personas y a la verdad, que mencionan que Álvaro García sería propietario de alguna empresa, exigirles presentar inmediatamente pruebas. Si no lo hacen inmediatamente, estarán comprobando no solo sus falsedades, sino también su cobardía y delito”, sentenció.
Jaime Iturri es uno de los nombres que más se repiten en las declaraciones de Daher, Weise y de Juan Alberto Rojas, que asumió la gerencia del canal cuando cambió de dueño. Es uno de los accionistas de la red ATB y ya no se encuentra en el país. En contacto a través del teléfono, se defendió de las acusaciones. “Jamás he extorsionado a nadie. Sergio Weise me buscó en La Paz para ofrecerme el canal y le dije que no podía comprarlo pues la legislación boliviana no permite tener dos frecuencias”, dijo de entrada.
Cuando se le consultó si se reunió con Weise en Argentina, Iturrri dice que sí, cuando viajaron para tramitar la llegada de una empresa de medición de audiencia.
“Volvió a contarme que el canal tenía muchas deudas con Impuestos y con Entel. No tengo la menor idea (por qué lo están denunciando). Sí creo que puede haber un componente político para manchar imágenes, pero quiero dejar claramente establecido que nunca en mi vida extorsioné a nadie”, agregó.
Iturri reta a Daher y a Weise a demostrar sus acusaciones de extorsión en los tribunales, y advierte que, caso contrario, esto se transforma en una calumnia.
CONTEXTO
Cuando comienza la supuesta extorsión contra Daher, el caso terrorismo estaba comenzando. El apellido del empresario aparecía en una lista anotada en la libreta de Eduardo Rózsa, uno de los muertos en el hotel Las Américas. Ese, según contó en su declaración, fue uno de los elementos para presionarlo.
Gill negó ser dueño
Hace un año, en Paraguay, el empresario Carlos Gill dijo: “Me cansé de los rumores. Dicen que soy dueño de PAT, ATB, Gravetal y el Banco Prodem, pero no es cierto”. Admitió estar ligado a La Razón, el tren bioceánico y la empresa que construyó el teleférico de La Paz.
Sin patrimonio
Según García Linera, su único ‘tener’ era una casa en la zona sur y unos 20.000 libros.
Esta acusación es refrendada por el que fuera gerente de PAT, Sergio Weise, que declaró ante la Fiscalía que incluso hubo una reunión en un hotel de cinco estrellas en Santa Cruz de la Sierra en la que el exvicepresidente dijo que avalaba la negociación. Desde Argentina, García Linera niega ser dueño de PAT y haber presionado a Daher o a Weise para que vendan. Otro de los señalados, el empresario y periodista Jaime Iturri, negó la supuesta extorsión y retó a ambos a demostrar sus acusaciones en la vía judicial.
El origen
Desde mediados de diciembre, el senador Óscar Ortiz aseguró que hay un grupo de empresas relacionadas a Evo Morales y a Álvaro García Linera, entre las que se encuentra la red PAT, algo que fue calificado como una “vil mentira” por Morales vía Twitter. Ortiz retrucó que “no aparecían los nombres de los dueños reales” y que el personaje clave en esta operación era el empresario paraguayo-venezolano Carlos Gill a través de Marcelo Hurtado. El último aludido negó ser representante de Gill y tener nexos con García Linera o Morales y también ser dueño de PAT. Todo se precipitó en la última semana, cuando Hurtado fue detenido por una supuesta evasión de impuestos y crear empresas para administrar la red, pero fue liberado el jueves y vuelto a detener acusado por la senadora de Unidad Demócrata Carmen Eva Gonzales. Esta vez, la denuncia incluye los supuestos delitos de “organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, extorsión para obtener PAT”. Se informó de que la denuncia es de mediados de diciembre.
A esto se sumó, el mismo día, dos memoriales presentados por Ortiz, en los que solicita al fiscal general la conformación de una comisión de fiscales para investigar a “Hurtado y otros”, por la comisión de los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y creación de sociedades ficticias. Ortiz hace un listado de 21 empresas en las que no está PAT, pero en varias participa como miembro del directorio y socio José Luis Valencia, que figuró como accionista de la casa televisiva verde. Por eso, Ortiz pide que se lo investigue por los mismos delitos y asegura que la compra de PAT “genera susceptibilidades”.
Las declaraciones
Dos días antes de la segunda detención de Hurtado y de la presentación de memoriales de Ortiz, todo estaba consumado. En la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, el empresario Abdallah Daher y dos exgerentes de PAT prestaron sus declaraciones que dan fundamento a las denuncias de Gonzales y Ortiz.
EL DEBER accedió a ellas a través de un miembro del Gobierno de Jeanine Áñez el jueves, pero esperó a tener los descargos de García Linera y de Iturri para hacerlas públicas.
El primero en declarar fue Sergio Weise Márquez, que en la tercera respuesta ya revela un dato: hay una investigación abierta por supuesta extorsión contra Daher y es conducida por el fiscal Samuel Lima Carvajal. “Cuando yo era gerente del canal PAT acompañé el proceso de presión y de chantaje que se hizo sobre mi persona y el empresario Daher que la empresa sea entregada a los señores Marcelo Hurtado y Jaime Iturri”, dijo.
Luego relató que conoció a Hurtado en una reunión de dueños y gerentes de medios con la entonces presidenta del Senado Gabriela Montaño y días más tarde lo visitó en Santa Cruz y que, supuestamente, le manifestó que pertenecía “a un importante grupo empresarial venezolano con poder político en Bolivia y que tenían todas las intenciones y condiciones” de comprar PAT.
Afirmó que después del acercamiento comercial comenzaron las presiones menos amistosas de parte de Hurtado y de Iturri, que le aseguraron que si no transferían la red de la forma que ellos querían (gratis), las presiones continuarían sobre el grupo Daher en forma de fiscalizaciones a sus empresas.
Tanto Weise como Daher aseguran que una de esas fiscalizaciones incluía una multa por Bs 50 millones. El punto más alto de esta presión fue cuando amenazaron a un hijo de Daher en una denuncia por contrabando, las deudas impositivas de Aerosur y, a Daher padre, en el caso Rózsa.
“Estando en Santa Cruz apareció otro extorsionador, de nombre Luis Clavijo. Primero se jactó de ser una persona clave en el atentado del hotel Las Américas y de ser la persona que decidía quién iba o no preso en Santa Cruz por el caso Rózsa. Me dijo que deberíamos dejarnos de huevadas y entregar de una vez el canal a Marcelo Hurtado y a Jaime Iturri”, se lee en la declaración de Weise.
Dos horas después, a las 10:30 del 7 de enero, Daher inicia su declaración, que coincide con lo dicho por Weise y suma otros datos. Cotiza a PAT de ese tiempo (2010) en $us 20 millones y mete en escena a Carlos Gill, quien habría sido, según Daher, el primero en manifestar interés por la red y le dijo que Álvaro García Linera lo odiaba y si quería continuar en Bolivia debía entregar PAT. Asegura que Gill le puso una metáfora: “Cuando tienes un cáncer y una gangrena, es mejor perder un miembro para poder salvar el resto del cuerpo”.
Gill ya se refirió a su supuesta propiedad de PAT. Hace un año, desde su fábrica de pinturas afuera de Asunción, dijo que se cansó de las mentiras y que no es dueño ni de PAT ni de ATB, sí de La Razón.
Weise involucra en su declaración de forma más directa a García Linera. Asegura que en varias oportunidades Hurtado aseguró que se movían con aval del exvicepresidente y que después de meses de amenazas resolvieron buscarlo con Daher para saber si era cierto. Afirma que hubo una reunión en un hotel de cinco estrellas de la zona de Equipetrol, que fue entre agosto y septiembre de 2012, y en ella participaron Daher, Iturri, García Linera y él.
Luego de tocar muchos temas, “García Linera dijo textualmente: ‘Sé que ustedes están viendo una transacción de un medio de comunicación, prosigan, que tienen mi aval’. En octubre entregamos el canal”, declaró Weise.
A través del teléfono, desde el refugio político bonaerense, García Linera se defiende. “En 13 años de Gobierno democráticamente electo nos hemos reunido con numerosos periodistas y la mayor parte de los dueños de medios de comunicación, todo en el marco de respeto a cuatro principios: la libertad absoluta de información, de los derechos laborales, de la propiedad privada empresarial y de los compromisos tributarios hacia el Estado”, dijo.
Sobre la denuncia de Weise, el exvicepresidente aseguró que en medio de esos encuentros, cuando algún propietario mencionaba sus planes de expansión o de compra y venta de empresas, “nuestra actitud siempre fue la de informar que las inversiones en el país son bienvenidas porque ayudan a su crecimiento y sugerir que se resguarden esos cuatro principios”.
“A aquellos políticos golpistas acostumbrados a asesinar personas y a la verdad, que mencionan que Álvaro García sería propietario de alguna empresa, exigirles presentar inmediatamente pruebas. Si no lo hacen inmediatamente, estarán comprobando no solo sus falsedades, sino también su cobardía y delito”, sentenció.
Lo que dice Iturri
Jaime Iturri es uno de los nombres que más se repiten en las declaraciones de Daher, Weise y de Juan Alberto Rojas, que asumió la gerencia del canal cuando cambió de dueño. Es uno de los accionistas de la red ATB y ya no se encuentra en el país. En contacto a través del teléfono, se defendió de las acusaciones. “Jamás he extorsionado a nadie. Sergio Weise me buscó en La Paz para ofrecerme el canal y le dije que no podía comprarlo pues la legislación boliviana no permite tener dos frecuencias”, dijo de entrada.
Cuando se le consultó si se reunió con Weise en Argentina, Iturrri dice que sí, cuando viajaron para tramitar la llegada de una empresa de medición de audiencia.
“Volvió a contarme que el canal tenía muchas deudas con Impuestos y con Entel. No tengo la menor idea (por qué lo están denunciando). Sí creo que puede haber un componente político para manchar imágenes, pero quiero dejar claramente establecido que nunca en mi vida extorsioné a nadie”, agregó.
Iturri reta a Daher y a Weise a demostrar sus acusaciones de extorsión en los tribunales, y advierte que, caso contrario, esto se transforma en una calumnia.
CONTEXTO
Un hervidero
Cuando comienza la supuesta extorsión contra Daher, el caso terrorismo estaba comenzando. El apellido del empresario aparecía en una lista anotada en la libreta de Eduardo Rózsa, uno de los muertos en el hotel Las Américas. Ese, según contó en su declaración, fue uno de los elementos para presionarlo.Gill negó ser dueño
Hace un año, en Paraguay, el empresario Carlos Gill dijo: “Me cansé de los rumores. Dicen que soy dueño de PAT, ATB, Gravetal y el Banco Prodem, pero no es cierto”. Admitió estar ligado a La Razón, el tren bioceánico y la empresa que construyó el teleférico de La Paz.
Sin patrimonio
Según García Linera, su único ‘tener’ era una casa en la zona sur y unos 20.000 libros.
Caso PAT: denuncian venta forzosa, a costo cero, y muchos apetitos
Uno de los puntos de la extensa declaración que Abdallah Daher prestó el 7 de enero sobre la supuesta extorsión en su contra es cómo se cerró la venta de PAT. Asegura que a coste cero asumieron la propiedad del canal en 2012, ya que se comprometieron en papeles a pagar $us 500.000 en cuatro cuotas que nunca recibió y el resto en minutos de publicidad para sus empresas a los cuales nunca pudo acceder. Declaró que en todo momento los ‘negociadores’ fueron Marcelo Hurtado y Jaime Iturri, y que José Luis Valencia, que figuró como accionista de la red, fue llamado a último momento para firmar el documento. “Participó como palo blanco de Marcelo Hurtado, lo que significa que su responsabilidad es menor porque no ha participado de la comisión del delito”, dijo.
Pese a que Daher asegura que PAT valía $us 20 millones, hay fuentes que trabajaron en el canal que dicen que tenía tecnología atrasada y deudas impositivas, como lo manifestó Jaime Iturri. Según Jorge Alberto Rojas, que fuera gerente de PAT cuando figuraba como dueño José Luis Valencia, Iturri fue contratado como asesor de contenidos.
Consultado sobre qué hacía en el canal, Iturri aseguró que lo invitaron “a dar cursos de narración de historias como forma de hacer un nuevo periodismo y de ahí que alguien dice que les obligué a leer libros completos, Rosario Tijeras o Crónica de una muerta anunciada”.
También admite haber coordinado acciones comunes para transmitir el Carnaval y partidos de fútbol. “Yo no fui socio o cosa por el estilo de PAT”, insistió.
Hoy PAT se encuentra en huelga y con una toma simbólica de los trabajadores. Según Carmelo Pedraza, representante del sindicato, no les pagan el sueldo desde noviembre y no hay quién responda por sus salarios o beneficios sociales, que no se pagan desde 2014. Explica que hay hasta cinco empresas para administrar el canal de televisión .
“Nos ofrecen un poder absoluto, que nos hagamos cargo, pero las deudas son mayores de lo que vale la empresa”, dice Pedraza.
De hecho, uno de los acreedores es el propio Daher, que sigue siendo dueño de los terrenos donde funciona el canal y que insiste en que le paguen alquiler desde 2012.
Uno de los trabajadores del canal que vio lo que se venía y renunció el año pasado, lo describe como un cascarón vacío, pero eso no significa que sea apetecido.
Según fuentes consultadas, hay hasta tres grupos interesados en apoderarse del canal, todos antiguos opositores al anterior Gobierno. Aseguran que uno está encabezado por alguien relacionado con la revolución pitita, otro por un exparlamentario retirado de la política e incluso hablan del propio Daher. El empresario no habló de recuperar la red en su declaración que hizo ante la Fiscalía.
Aseguran también que es visto como una ‘cabecera de playa’ para deshilar el supuesto entramado de influencias de las cabezas del anterior Gobierno con empresarios y que hay intereses que empujan la crisis del medio televisivo.
En el medio están los trabajadores, que no cobran sus salarios desde hace tres meses y piden al Gobierno que lo que adeuda por propaganda con PAT vaya a cubrir sueldos y beneficios sociales.
‘Control Remoto’
PAT entró en la arena política desde que el periodista Raúl Peñaranda lo señaló como un medio ‘paraestatal’. Es decir, que estaba bajo control del Gobierno. Lo negaron.
Beneficiado
En 2014, un estudio reveló que PAT, ATB y Bolivia TV se llevaban el 60% de los gastos en propaganda del Estado. En diciembre, la ministra Roxana Lizárraga mencionó a la red verde como una de las más beneficiadas del último año.
Pese a que Daher asegura que PAT valía $us 20 millones, hay fuentes que trabajaron en el canal que dicen que tenía tecnología atrasada y deudas impositivas, como lo manifestó Jaime Iturri. Según Jorge Alberto Rojas, que fuera gerente de PAT cuando figuraba como dueño José Luis Valencia, Iturri fue contratado como asesor de contenidos.
Consultado sobre qué hacía en el canal, Iturri aseguró que lo invitaron “a dar cursos de narración de historias como forma de hacer un nuevo periodismo y de ahí que alguien dice que les obligué a leer libros completos, Rosario Tijeras o Crónica de una muerta anunciada”.
También admite haber coordinado acciones comunes para transmitir el Carnaval y partidos de fútbol. “Yo no fui socio o cosa por el estilo de PAT”, insistió.
Presente
Hoy PAT se encuentra en huelga y con una toma simbólica de los trabajadores. Según Carmelo Pedraza, representante del sindicato, no les pagan el sueldo desde noviembre y no hay quién responda por sus salarios o beneficios sociales, que no se pagan desde 2014. Explica que hay hasta cinco empresas para administrar el canal de televisión .
“Nos ofrecen un poder absoluto, que nos hagamos cargo, pero las deudas son mayores de lo que vale la empresa”, dice Pedraza.
De hecho, uno de los acreedores es el propio Daher, que sigue siendo dueño de los terrenos donde funciona el canal y que insiste en que le paguen alquiler desde 2012.
Uno de los trabajadores del canal que vio lo que se venía y renunció el año pasado, lo describe como un cascarón vacío, pero eso no significa que sea apetecido.
Según fuentes consultadas, hay hasta tres grupos interesados en apoderarse del canal, todos antiguos opositores al anterior Gobierno. Aseguran que uno está encabezado por alguien relacionado con la revolución pitita, otro por un exparlamentario retirado de la política e incluso hablan del propio Daher. El empresario no habló de recuperar la red en su declaración que hizo ante la Fiscalía.
Aseguran también que es visto como una ‘cabecera de playa’ para deshilar el supuesto entramado de influencias de las cabezas del anterior Gobierno con empresarios y que hay intereses que empujan la crisis del medio televisivo.
En el medio están los trabajadores, que no cobran sus salarios desde hace tres meses y piden al Gobierno que lo que adeuda por propaganda con PAT vaya a cubrir sueldos y beneficios sociales.
ZAPPING
‘Control Remoto’
PAT entró en la arena política desde que el periodista Raúl Peñaranda lo señaló como un medio ‘paraestatal’. Es decir, que estaba bajo control del Gobierno. Lo negaron.
Beneficiado
En 2014, un estudio reveló que PAT, ATB y Bolivia TV se llevaban el 60% de los gastos en propaganda del Estado. En diciembre, la ministra Roxana Lizárraga mencionó a la red verde como una de las más beneficiadas del último año.
