La Defensoría del Pueblo investiga la denuncia sobre la restricción al funcionamiento del canal Abya Yala por parte de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), al omitir la autorización de la licencia de Valor Agregado, impidiendo de esa manera que ese medio pueda ser parte de la grilla de señales de cable en la ciudad de La Paz, lo cual, según la Defensoría, se constituye en una vulneración a la libertad de expresión.
“Este caso llama la atención, de verificar la mora de la ATT en atender la solicitud de licencia, se configuraría en una flagrante vulneración a la libertad de expresión, pues con medios legales y de control estatal se estaría generando una limitación real a la labor de Abya Yala”, denunció la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
De acuerdo a la denuncia, la ATT estaría incurriendo en dos vulneraciones, “por un lado, evitando sus operaciones en canales de cable y por otro, ahogando económicamente a dicho medio de comunicación; aspecto que es transversal, pues, no sólo afecta el funcionamiento, sino también genera un daño real en contra de los trabajadores, quienes al responder con la exigencia del pago de sus derechos laborales pueden llegar a generar la quiebra del medio de comunicación con su eventual desaparición”, manifestó.
Según la denuncia presentada por el Sindicato de Trabajadores de Abya Yala, se presentó toda la documentación solicitada por la ATT para la emisión de la Licencia de Valor Agregado, pero esta entidad del Gobierno, a la fecha no da una respuesta.
Asimismo, la Autoridad habría emitido una orden a los operadores de cable para que exijan a canales nacionales la presentación de dicha licencia, y al no contar con ella, ese canal fue eliminado de la grilla afectando sus operaciones y el pago de cargas sociales a favor de sus empleados.
En ese sentido, la Defensora manifestó que se tratan de medidas restrictivas, asumidas por el Gobierno de Jeanine Añez y que las mismas no pueden ser asumidas en un contexto preelectoral, cuando la población requiere una información diversa.
“La libertad de expresión es la piedra angular de una sociedad democrática y en tal sentido no puede restringirse el funcionamiento a los medios de comunicación, el generar medidas de limitación a ciertos medios de comunicación en el contexto actual, puede ser tomado como un acto político en contra de medios que no son afines a una línea política o tienen voces disidentes a los actos gubernamentales”, remarcó Cruz.
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