Mientras en Santa Cruz crece la huelga de hambre de los trabajadores de la prensa, los periodistas de El Alto, La Paz, Sucre, Potosí, Cochabamba y Tarija alistan la recolección de firmas para presentar una iniciativa ciudadana a fin de anular el artículo 16 y modificar el 23 de la ley contra el racismo y el reclamo ante las relatorías especiales de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA). Todos mantienen el “duelo nacional” indefinido por el golpe perpetrado contra la libertad de expresión en el país.
En Santa Cruz continúan en huelga de hambre Percy Suárez (independiente); Pedro Rivero Jordán y Guider Arancibia, de El Deber; Milton Montero (Canal 11); Remberto Araúz (Bolivisión); Roberto Carlos Hurtado (Ftpsc); Carmen Montaño (Estrella del Oriente); Pedro García (Red Uno); Osman Patzi (CTPB); Yasmani Espinoza (Red Unitel); y, José Chavarría (El Día y El Sol).
Ayer fue dada de baja Mirtha Aguilar, de Radio Cotoca y se sumaron Julio Aguilar y Javier Padilla, del sector de educación.
En diálogo con EL DEBER, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Pablo Zenteno, confirmó el levantamiento de todos los piquetes de huelga de hambre del país, salvo el de Santa Cruz, por considerar que la medida de fuerza pierde efectividad tras la aprobación de ley contra el racismo en la Asamblea Legislativa.
El dirigente respaldó la protesta que continúa en la capital oriental, sin embargo, señaló que las fuerzas estarán enfocadas hacia la recolección de firmas para activar una iniciativa ciudadana en el Congreso.
Señaló que tampoco participarán de la reglamentación de la norma aprobada en la Asamblea porque eso sería avalar el quiebre de la libertad de expresión que se perpetró con la nueva Ley contra el Racismo.
Explicó que también realizarán una intensa actividad de concientización de la población en los nueve distritos del país a fin de hacer conocer a la gente sobre el peligro que significa para la democracia la aprobación de los artículos 16 y 23, en los que se prevé el encarcelamiento de periodistas y el cierre de medios.
Por su parte, el representante de los periodistas de El Alto, Leopoldo Ibarra, informó que en dicha ciudad se iniciaron los trabajos de recolección de firmas en contra de los artículos 16 y 23 de la ley.
"A partir de la fecha estamos abriendo libros notariados en todos los distritos de la ciudad de El Alto. Hemos decidido recolectar firmas para que en el marco de la iniciativa popular realizar un referéndum para eliminar los artículos mordaza 16 y 23 de la ley antirracismo promulgada en contra de la voluntad popular como todo el mundo lo sabe", aseveró.
El entrevistado explicó a el diario EL DEBER que su sector emitió varias resoluciones, entre una de ellas, declarar enemigo de la ciudad de El Alto al presidente Evo Morales; el Vicepresidente, Alvaro García Linera, a sus diputados y al dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de esta urbe, Remigio Condori, por haber traicionado la sangre de los caídos en octubre del 2003.
"También hemos declarado duelo indefinido en esta ciudad”, dijo el dirigente.
San Ignacio se moviliza contra la ley
Autoridades, instituciones y población de San Ignacio de Velasco, con sus firmas estampadas en un libro notariado, expresaron su respaldo al sindicato de trabajadores de la Prensa local y a los organismos de los periodistas en el departamento, que mantienen una serie de medidas para hacerse escuchar con el Gobierno, contra los artículos 16 y 23 de la ley contra el racismo.
Los periodistas ignacianos anunciaron por radio y televisión que se aperturó un libro de recolección de firmas en la plaza principal y en lugares estratégicos de mayor concentración de gente, y positivamente acudieron a firmar. El sindicato de la prensa manifestó que no se descarta entrar en movilizaciones como marchas, y hasta la huelga de hambre para apoyar la lucha de la dirigencia cruceña. Entre tanto, en una reunión a realizarse hoy a las 9:00, los trabajadores de los medios de Montero y de las cuatro provincias del Norte Integrado definirán las nuevas acciones de protesta.
“Ahora hay que abrir el frente legal”
Renán Estenssoro / Ex presidente de la APLP
Pocas veces como ahora el gremio, el conjunto de los periodistas junto a medios y organizaciones de la prensa de todo el país, se ha movilizado en rechazo a una ley que vulnera la libertad de expresión.
En el pasado, en tiempos de dictadura, en alguna ocasión grupos de periodistas se movilizaron en demanda de la liberación de colegas que habían sido detenidos por difundir información que no era del agrado del gobierno de turno.
Sin embargo, estas protestas nunca aglutinaron a todo el sector y terminaron cuando el ministro del Interior de turno cedía y ordenaba la liberación de los detenidos. Justamente en esto radica el valor de la Ley de Imprenta. Esta norma, con poco más de 80 años, evita que los periodistas vayan a dar a la cárcel por publicar información, lo que no quiere decir que los libere de la responsabilidad que supone lo que escriben o dicen.
La Ley contra el Racismo y toda Forma de Discriminación prevé la sanción con cárcel para quien emita juicios racistas o discriminatorios y la clausura del medio que los difunde. Los periodistas no pretendemos que no se castigue a los racistas. Al contrario. La historia muestra que siempre hemos estado al lado de los débiles y de los explotados en busca de justicia. Hoy seguimos en la misma vereda. Sólo demandamos que la Ley de Imprenta se respete. Y para ello, el gobierno sólo debe derogar los artículos 16 y 23 de la mencionada Ley.
Contra todo pronóstico, las protestas y medidas de presión del sector continúan, a pesar de que se sabe que doblegar al Gobierno por esta vía es casi imposible. El sacrificio de los colegas es admirable y plausible aunque ahora deben abrirse los frentes legales, y para ello se precisa de dirigentes bien asesorados que armen un nuevo escenario de lucha, con la demanda de inconstitucionalidad de los artículos cuestionados. Si esta acción no prospera, habrá que trasladarla a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Por otro lado habrá que insistir en la acumulación de firmas que posibilite la convocatoria a una consulta ciudadana. Éstas son las vías que nos permite el ordenamiento jurídico vigente y, quizá, las mejores en estos momentos difíciles.
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