La prensa nacional criticó hoy duramente el “registro” de las supuestas llamadas telefónicas de funcionarios de la embajada estadounidense en Bolivia a dirigentes indígenas de la marcha del TIPNIS, por considerarlo atentatorio a las garantías constitucionales.
“Es lamentable ver cómo una persona que construyó su carrera alrededor de la defensa de los derechos humanos, como es el caso de (Sacha) Llorenti, se desempeñe ahora apelando a las mismas malas artes que critica de los políticos del pasado”, opinó el diario “Página Siete”.
El ministro Sacha Llorenti declaró el lunes que los extractos telefónicos presentados por el presidente Evo Morales como prueba de los supuestos vínculos de la protesta del TIPNIS con la embajada estadounidense fueron obtenidos mediante un “registro” autorizado por “autoridades competentes” y no por “pinchazos” o “interceptación de llamadas”.
Si bien las supuestas llamadas podrían ser catalogadas como “un error político” -opinó el diario “Página Siete”-, de ninguna manera pueden ser tipificadas como un delito.
“La Constitución protege el derecho de cualquier ciudadano a tener conversaciones libremente, sin temer ulteriores sanciones, siempre que el contenido de las mismas tenga fines lícitos”, subrayó en su editorial.
Agregó que el control de las llamada están dando la razón a quienes expresaron su temor de que la recién aprobada Ley de Telecomunicaciones, que autoriza los “pinchazos telefónicos”, aunque sólo en caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa o conmoción interna, pueda ser utilizada por el gobierno para “amedrentar y atemorizar a sus adversarios”.
Sin embargo, “el corazón del asunto”, según el matutino paceño, “es otro: un Gobierno que se comprometió a consultar a los indígenas antes de tomar decisiones que los afecten, no cumple ahora su palabra”
“Esa reflexión es la que debería proponer al interior del gabinete el ministro Llorenti y no elucubrar formas para intimidar a los adversarios, indígenas para más señas”, concluyó.
Por su parte, el diario “Los Tiempos” opinó en su editorial que el gobierno “ha dado un paso audaz” al presentar, los extractos de las llamadas como “prueba” de sus denuncias contra los manifestantes del TIPNIS.
“Con ese procedimiento, el Gobierno ha violado la Constitución Política del Estado (CPE) y lo propio ha hecho la empresa que ha entregado ese documento. Hay más aún. Se presenta como contrario a las normas que se hable telefónicamente con algún funcionario estadounidense. Como bien ha reaccionado la embajada de ese país, sus funcionarios pueden comunicarse con quien deseen, como, obviamente, lo puede hacer cualquier ciudadano boliviano”, señaló el matutino cochabambino.
Según “El Deber”, tras la denuncia del presidente Morales, “habría que ponerse en los zapatos del canciller David Choquehuanca, al que es posible imaginar tan desgastado como desconcertado, sin saber qué rumbo seguir ni qué hacer, en sus afanes por restaurar las maltrechas relaciones bilaterales con EEUU”.
“Y es que poco después de que el encargado de la diplomacia boliviana anunciara, en una reciente rueda de prensa, la existencia de ‘grandes avances’ en un acuerdo marco con la primera potencia mundial tras superar, por fin, una no revelada ‘palabra’ que habría obstaculizado la firma del documento, sus gestiones corren el riesgo de regresar al punto de partida, a fojas cero”, comentó el diario cruceño en su editorial.
“La nada novedosa arremetida del jefe de Estado contra el ‘imperio’ fue su respuesta pública al pliego petitorio del movimiento indígena, que crece y se fortalece en su demanda contra la construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, embanderando sus derechos reconocidos constitucionalmente como pueblos indígenas sobre sus territorios”, añadió.
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