El Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan León Cornejo, afirmó hoy que no existe delito en la información que difudieron la Agencia de Noticias Fides y los periódicos "Página Siete" y "El Diario", referida a un discurso del presidente Evo Morales, por lo que no correspondería un proceso penal en la justicia ordinaria.
Recomendó que, en el caso de llevarse algún proceso, debería ser tratado por la Ley de Imprenta.
"La ANP ya expresó su posición concreta al rechazar que se vaya a tribunales ordinarios en el supuesto caso de que existiera un delito, que no existe; en todo caso, la ANP está exigiendo que si hay un tratamiento de este tema vaya a las normas de la Ley de Imprenta. Se ha de prestar todo el apoyo necesario a los medios para su defensa legal", manifestó León Cornejo a Unitel.
"No hay razón para juzgar a la Agencia de Noticias Fides (…), hemos hecho una revisión del caso y efectivamente no hay la menor razón para juzgar a los periódicos, por la sencilla razón de que lo único que han hecho es transcribir periodísticamente lo que dijo el presidente en Tiahuanaco", agregó.
Asimismo, dijo que el Gobierno no pudo demostrar la "prueba del delito" para acusar de racismo por los titulares y las notas de prensa escritas por los tres medios de comunicación.
Advirtió que pretender atemorizar a los periodistas para sentar un precedente podría llevar a la "autocensura" de los medios de comunicación, lo que determinaría además que la prensa evitara difundir noticias gubernamentales por temor a ser procesada.
"Para no cometer un posible delito en estas circunstancias, nos abstenemos de decir nada de lo que haga el presidente de la República, nada de lo que haga el Gobierno. En una autocensura grave pero radical, pierde el gobierno, pierden los medios, pero sobre todo pierde el país que tiene el derecho de ser informado de forma imparcial", señaló.
Reiteró que la única forma de respetar la Constitución Política del Estado (CPE) en este caso, es el de acudir a los tribunales de ética y si amerita un proceso, debe ser llevado al Tribunal de Imprenta y a la Ley de Imprenta, que es la norma madre de la prensa.
El Gobierno del presidente Evo Morales demandó el 21 de agosto pasado a la Agencia de Noticias Fides y a los periódicos "Página Siete" y "El Diario" por el supuesto delito de "difusión e incitación al racismo o la discriminación".
Pero, además, les atribuyó intenciones que van desde generar "un enfrentamiento y consecuentemente un odio racial y discriminación entre bolivianos", hasta poner "en peligro la unidad del Estado plurinacional".
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