La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), mediante un comunicado emitido desde Washington, expresó ayer su preocupación por el anuncio del Gobierno de Bolivia de demandar a la Agencia de Noticia Fides (ANF), por presuntas calumnias contra el régimen del presidente Evo Morales.
Según esa organización, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo el 17 de agosto que presentará una “querella criminal” contra la ANF por “calumniar” a Morales por una nota titulada “Evo dice que si se hambrea en el oriente es por ‘flojera’”, incluida en un recuadro que acompañó una información principal sobre un discurso del mandatario.
Romero declaró que la querella pretende “sentar un precedente”, mientras la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, “acusó” públicamente a la ANF de que “de manera sistemática viene distorsionando las declaraciones de las autoridades” y llamó “malicioso, tendencioso y provocador” el artículo de la agencia.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gustavo Mohme, dijo que “resultan desacertados, preocupantes y más cercanos a acciones intimidatorias los planteamientos de dos funcionarios del Gobierno contra la agencia noticiosa”.
Mohme, director del periódico peruano La República, destacó “preceptos contenidos en la Declaración de Chapultepec que consignan que ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad”.
ANF RECHAZA AMENAZAS
Aunque la supuesta querella no fue oficializada y las autoridades ya comenzaron a hablar sobre los códigos de ética de la prensa boliviana, que implícitamente son enmarcadas en la Ley de Imprenta, la amenaza ha preocupado a los periodistas bolivianos.
En declaraciones a EL DIARIO, el padre José Gramunt de Moragas, director de la ANF, manifestó que estas amenazas del Gobierno son infundadas, pero aseguró que este medio de comunicación que cuenta con 49 años de servicio al país, va preparando su defensa legal.
“Desde la semana pasada los ministros amenazan con procesos, los cuales desde el punto de vista jurídico son completamente improcedentes, son acusaciones que de ninguna manera podemos aceptar. Los gobiernos mientras más autoritarios son, menos les gusta que se denuncie las irregularidades que cometen. Me hicieron constantes advertencias, una vez pagamos una multa pero son gajes del oficio”, sostuvo.
PERIODISTAS DEL CANAL ESTATAL
En otro incidente registrado en Bolivia el pasado fin de semana, la Sociedad Interamericana de la Prensa solicitó a las autoridades investigar las circunstancias que condujeron a la retención del periodista Jimmy Arias y el camarógrafo Johnny Callapa, ambos miembros del canal estatal Bolivia TV de Cochabamba, cuando cumplían labores en la población de Santa Clara.
Los periodistas llegaron el 18 de agosto a la zona para cubrir un proceso de consulta a los pobladores - pertenecientes a las comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis)- sobre la construcción de una carretera interdepartamental.
“Con la ayuda de lugareños, los periodistas lograron huir de sus captores quienes, según declaraciones de Arias, pertenecerían a otras comunidades que se oponen a la consulta popular. Fueron rescatados el lunes 20 de agosto en la noche”, precisó la SIP.
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