Dos representantes de medios responden y reiteran vigencia de la Ley de Imprenta

José Gramunt, llegando al quinto piso de la Fiscalía de Distrito con el apoyo de todo el gremio. GALERÍA(2)

El sacerdote católico y comunicador José Gramunt de Moragas y el director del periódico Página Siete se presentaron ayer ante la Fiscalía para declarar sobre el caso interpuesto por el Ministerio de la Presidencia por supuesta difusión e incitación al racismo. En ambos casos se reiteró que no existió delito alguno y que el ámbito de procesamiento debe ser mediante la Ley de Imprenta.

El sacerdote jesuita con sus 90 años cumplidos se apersonó, con ayuda de un bastón y personal de ANF a dependencias del Ministerio Público, manteniendo un temple que lo ha caracterizado durante toda su trayectoria profesional. Al salir de la audiencia, se mantuvo firme y dijo que este proceso sólo “es un capricho del gobierno” de turno.

Con tono respetuoso, el sacerdote y director de la Agencia de Noticias Fides (ANF) dijo que la actuación de la Fiscal fue muy correcta y que se negó toda competencia para hechos que no son delictivos.

“Esto no es para la justicia ordinaria, corresponde a la justicia especial del Tribunal de Imprenta”, precisó Gramunt.

El primer periodista en acudir a la citación fue el director del periódico local Pagina Siete, Raúl Peñaranda, quien ratificó que su presencia ante la Fiscalía responde al respeto que se tiene por las autoridades judiciales, pero que de ningún modo valida a esa instancia para procesar la labor informativa, regulada y establecida en los marcos de la Ley de Imprenta y la Constitución Política del Estado (CPE).

Detalló que se le hicieron preguntas sobre la labor que se realiza en una sala de redacción y las responsabilidades por el polémico texto que causó la denuncia desde el Gobierno central. “La Ley de Imprenta establece que son los directores quienes asumen la responsabilidad de las notas. Hemos reiterado que no hubo error ni delito, hemos actuado trabajando periodísticamente de manera adecuada”, expuso.

Peñaranda agregó que los delitos penales son personales y no contra el medio, por tanto, un periodista no puede ser juzgado en la vía ordinaria por el desempeño de su labor más aún cuando existe una Ley de Imprenta que está vigente y un Tribunal de Imprenta que se conformó recientemente por convocatoria del municipio.

La fiscal que lleva el caso, Claudia Pasten, informó que se tomaron las declaraciones de los primeros convocados durante la etapa preliminar del proceso investigativo que durará como plazo máximo 90 días para luego actuar en el derecho que corresponda. Reiteró también que no sólo serán convocados los directores o editores de los tres medios sino los redactores y otras personas que sean requeridas en eta etapa investigativa.

El director Ejecutivo de la Asociación nacional de la Prensa (ANP) Juan León Cornejo, dijo que esta entidad defenderá y respaldará a todos los periodistas del país, más allá que no sean afiliados, como Página Siete, porque el tema de la libertad de prensa y de información representan intereses ligados directamente al ejercicio democrático.

León Cornejo anticipó que ya se remitieron notas a nivel internacional denunciando los excesos del régimen del partido de Gobierno al Grupo Galdi de países andinos, la Alianza Regional por la Libertad de Expresión, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la IIfex, también relacionada a la defensa de la libertad de expresión en el mundo.

Para hoy se tiene prevista la presencia del editor general del Decano de la Prensa Nacional, Ernesto Murillo, y para los siguientes días los gerentes y presidentes de las empresas encausadas.