La propietaria del canal 33, Marianela Montenegro, anunció este jueves, que iniciará una demanda penal en contra de los funcionarios y policías que participaron de la intervención a este medio de comunicación, en esta semana. Los intervinientes habrían actuado bajo el argumento de que aparentemente, su radio utilizaba un enlace de transmisión en una frecuencia no autorizada.
En declaraciones a los medios de comunicación, Montenegro denunció haber sido agredida junto a miembros de su familia por efectivos policiales y funcionarios de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), durante el allanamiento que se realizó al canal de televisión 33 y parte de su domicilio el pasado martes.
“Vamos a interponer recursos penales, por todo lo que ha sido el abuso, la gasificación, el hecho que se haya realizado un operativo de asalto por, entre comillas, una simple infracción. Yo he sufrido golpes tremendos, uno de mis hijos ha sido gasificado en la cara, está con cinco días de impedimento y mi hija con dos, toda la familia esta traumatizada, por este operativo que fue como para capturar a un narcotraficante”, señaló Montenegro.
La propietaria del canal 33, quien aseguró que detrás de esta intervención existirían presuntos intereses políticos, calificó la medida como “un abuso de autoridad”, recordando que su programa de corte crítico, al parecer, despertó la molestia de simpatizantes y afines al actual partido de Gobierno, por las denuncias y hechos que se ponen a conocimiento de la opinión pública, argumentando que lo que se busca es acallar a los medios de comunicación, vulnerando la libertad de expresión en el país.
“El tema es político 100%, ya habíamos recibido amenazas de parte de los activistas de la plaza principal, hay gente que viene permanentemente amenazarnos, a romper vidrios, insultarnos, lo mismo, hemos recibido amenazas de parlamentarios del MAS, como el diputado Evaristo Peñaloza, que semanas antes indicó que antes del censo, este canal con una palabra de grueso calibre iba a ser intervenido, porque por las denuncias que hacemos sobre el narcotráfico, la corrupción y las irregularidades de este Gobierno”, reveló.
Al respecto, el Gerente General, Fernando Pessoa, señaló que durante el operativo se confiscaron dos cámaras filmadoras, una computadora, un sistema de enlace, un transmisor y una antena, denunciando que los candados y puertas fueron forzadas en el momento del allanamiento, que inclusive habría invadido su domicilio particular, que se encontraba en el tercer piso del canal, vulnerando sus derechos constitucionales.
“Por una infracción porque yo no sé qué alcance tiene mi enlace, cometen estas barbaridades, no estoy hablando de delitos, primero que la orden de allanamiento tiene otra dirección, aún así, rompieron candados, agredieron a mi familia, se entraron hasta mi domicilio particular; siendo que el canal esta en el segundo piso, nunca recibimos una notificación, actuaron siendo juez y parte”, afirmó.
Por su parte, el parlamentario de Convergencia Nacional, Mauricio Muñoz, criticó el proceder de la ATT y la Policía por la intervención al canal 33, señalando que solicitará un informe a las autoridades respectivas, porque a su criterio se vulneraron derechos constitucionales.
“Expresamos nuestra solidaridad plena con la señora Montenegro, cuyo único delito de tantos años es decir la verdad, nosotros como autoridades electas vamos a solicitar todos los informes respectivos a quienes correspondan, todas las instancias, porque nos tienen que explicar porque se ha realizado semejante abuso contra un medio de comunicación”, enfatizó.
Sobre este tema, el coordinador interino de la ATT en Cochabamba, David Valero, en declaraciones a los medios de comunicación, justificó la intervención al canal 33, argumentando que existía una orden judicial e instrucción de la central en La Paz para proceder a la confiscación de los equipos, porque su señal de enlace, funcionaba fuera del permiso establecido.
DATOS
- La propietaria denunció invasión a su domicilio y agresión a su familia, con gases lacrimógenos, ocasionando inclusive cinco días de impedimento para uno de sus hijos.
- El parlamentario de Convergencia Nacional, Mauricio Muñoz, solicitará un informe a las autoridades, porque en su criterio se vulneraron derechos constitucionales.
- Declaraciones oficialistas afirman que habrían actuado por orden judicial e instrucción de la central en La Paz, porque su señal de enlace, funcionaba fuera del permiso establecido.
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