Mientras de manera unánime trabajadores, periodistas y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) hacen conocer serias observaciones a la Ley de Seguro de Vida para Periodistas "Hermanos Peñasco", el Gobierno a través de la ministra de Comunicaciones, Amanda Dávila, ha confirmado para hoy la promulgación de la norma en el Palacio de Gobierno.
El anuncio va acompañada de una incontrastable paradoja: la rúbrica presidencial será como homenaje al Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando menos en este gobierno se han registrado las mayores agresiones a periodistas en los últimos años. "Solo comparable con la época de las dictaduras", señaló el periodista Humberto Vacaflor. En tanto que la ANP sustenta que en los primeros 11 meses del año se registró un total de 17 agresiones
físicas y 14 agresiones verbales contra periodistas.
Una muestra unilateral. En esa crítica situación Dávila confirmó que el presidente Evo Morales será quien promulgue la norma. “El presidente Evo Morales quiere que esta ley sea promulgada el día lunes 10 de diciembre en homenaje al Día de los Derechos Humanos que es una fecha histórica a nivel mundial", anunció la autoridad ayer a una radio estatal.
Y la ANP, a tiempo de anunciar una reunión de emergencia para hoy, mediante documentación hizo conocer serias observaciones al proyecto de Ley que finalmente fue aprobado en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Se destaca que la idea de un seguro de vida nació de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz y su dirigente Boris Quisberth, alineados al oficialismo desde la preparación y aplicación de la Ley Contra Toda Forma de Racismo. La muerte de los hermanos Verónica y Víctor Hugo Peñasco, asesinados en la madrugada del sábado 25 de febrero de 2012, fue empleada como argumento para señalar que los periodistas viven bajo permanente riesgo y que los dueños de medios deben ofrecer seguridad a sus dependientes.
El mismo argumento fue utilizado para imponer a las empresas la obligatoriedad de garantizar transporte nocturno a sus trabajadores.
La idea de una aparente decisión gubernamental de garantizar protección a los periodistas a través de un Seguro de Vida cae en profunda contradicción con los hechos si se observan los datos de la Unidad de Monitoreo de la ANP que registran un permanente asedio del Gobierno al trabajo de reporteros y camarógrafos. Asimismo, la ANP señala que el dirigente Quisberth ha perdido legitimidad como dirigente sindical dado que ha fenecido su gestión.
“Es que este señor más que defender los verdaderos intereses de los trabajadores de la prensa de La Paz, ha sido funcional del MAS y el oficialismo”, apuntó Vacaflor.
Los cuestionamientos. En la misma postura de la ANP, los trabajadores del diario paceño La Razón, mediante comunicado han hecho conocer no solo su rechazo a la norma, sino el veto definitivo en una nota enviada al presidente de Estado, Evo Morales. "Pedir al presidente, Evo Morales, vetar el proyecto de ley aprobado por el Órgano Legislativo para que sea devuelto con el objetivo de que sea revisado por los representantes de los trabajadores y empresarios. Además, advertimos que la no aceptación de este pedido derivará en que los trabajadores de La Razón se reservarán el derecho a interponer un Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional", dice la solicitada firmada por Willy Chipana, Eduardo Paco y Daniel Quenallata, dirigentes del citado medio.
La ANP, además, observa que la creación de un fondo privado administrado por funcionarios públicos podría servir como antecedente para una futura incursión del Gobierno en otras organizaciones de carácter privado. El sector se reúne hoy en La Paz para analizar y determinar acciones.
Aspectos
Las observaciones a la norma a favor de los periodistas
Aporte. El artículo 6 determina que el Fondo se constituirá con aportes del uno por ciento (1%) de los ingresos brutos mensuales generados por los medios de comunicación privados y públicos.
Los productores independientes autogestionarios, de naciones y pueblos indígenas, y de comunidades interculturales y afro bolivianas y comunitarios aportarán con el cero veinticinco por ciento (0,25%) de sus ingresos brutos mensuales.
Dudas. La ANP realizó intensas gestiones en la Comisión Económica de la Cámara de Senadores para explicar que la aplicación del tributo a los ingresos brutos resta recursos al aparato recaudador del Estado, a las empresas y a los trabajadores que ven mermadas sus primas anuales.
Administración. Hay dudas porque habrá una instancia pública la que administrará los recursos.
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