El Gobierno, a través del ministro Juan Ramón Quintana, insiste en acusar al matutino Pagina Siete de entorpecer intereses del Estado boliviano como la demanda marítima y la visita del presidente del Estado, Evo Morales, al papa Francisco, a realizarse en los próximos días.
“Esta vez, esta mentira descomunal, lo que ha intentado es generar un conflicto entre el Gobierno nacional y la Iglesia Católica, lo que ha intentado Página Siete es generar un conflicto entre el pueblo católico boliviano y el Gobierno nacional y lo que ha intentado hacer Página Siete es generar un conflicto entre el Gobierno Nacional y el Vaticano a pocos días de la visita del presidente Evo Morales para un encuentro con el papa Francisco”, dijo en conferencia de prensa.
Consultado sobre este tema, el presidente del directorio de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, calificó como un “exabrupto y un exceso” las declaraciones del ministro Quintana.
“Lo que vemos es la poca capacidad de pluralismo y tolerancia. Página Siete reconoció su error y si el Gobierno siente que se ha vulnerado las normas periodísticas, hay un Tribunal de Imprenta, esa es la posición de la Asociación de Periodistas de La Paz”, dijo.
Con las publicaciones en mano, Quintana acusó a ese matutino de “mentir” desde el comienzo de su trabajo periodístico. A manera de ejemplo precisó varios títulos de portada que denominó las “siete mentiras más importantes de Página Siete”.
“ ‘La muerte de un bebé en Chaparina’ que nunca existió; ‘Gobierno cree que asilo a Pinto puede ser revocado’, nunca dijimos que el Gobierno otorgaría un salvo conducto a Pinto; ‘El Gobierno gasta 2.408 millones de dólares en contrataciones directas en YPFB’, negamos categóricamente que se invierta esos recursos en contrataciones directas; ‘Vicepresidente confirma que figura del desacato volverá al Código Penal’; nunca dijo el Vicepresidente que el desacato volvería al Código Penal; ‘Empresa para la planta de urea se elegirá sin licitación internacional‘; la contratación para la industria de urea ha seguido procedimientos de contratación internacional; ‘Choquehuanca pide a Chile propuesta de canje sea por escrito’, nunca el Canciller propuso que el tema marítimo se resolvería por la vía de un canje; y lo último, ‘Iglesia Católica excomulga a cuatro ministros por su postura ante el aborto’; la Iglesia desmintió y en un comunicado dice que no hay excomunión para los ministros”.
En esa línea cuestionó la línea independiente del aludido matutino, al ratificar sus denuncias respecto a los presuntos vínculos con intereses políticos de la “ultra derecha chilena”.
“Pedirle a Página Siete que esclarezca su papel, su rol, que le diga al pueblo boliviano si de verdad va a hacer un trabajo independiente y nacional o va a seguir siendo funcional a los intereses de la ultra derecha chilenos y de una familia vinculada a la capitalización gonista de nuestras empresas”, cuestionó.
Asimismo, pidió a los empresarios de ese medio escrito, promover e inculcar entre los periodistas y su mesa de redacción, el ejercicio libre y ético de la profesión.
“No queremos un periodismo de Página Siete que envilezca a periodistas jóvenes, como Gobierno queremos que se ennoblezca el papel del periodismo, que sean profesionales que ejerzan su independencia periodística y que beneficien a la opinión pública y si los miembros del directorio de Página Siete quieren hacer política, que se conviertan en partido político y ofrezcan su programa para hacerle frente al Gobierno pero que no utilicen su periódico para agredir al Gobierno, para mentir y difamar contra el Gobierno”, señaló.
Para Quintana el trabajo periodístico de Página Siete tiene una intencionalidad orientada a “erosionar al Gobierno Nacional, a erosionar nuestras políticas de Estado y a generar conflicto entre la ciudadanía y el Gobierno Nacional. Sabemos que Página Siete tiene como empresarios la familia Garáfulic capitalizadores de las principales empresas estratégicas, vinculados a intereses económicos chilenos”, remarcó.
Quintana concluyó señalando que Página Siete violó los mandatos constitutivos y la ética periodística básica, además de dañar el honor y la dignidad de periodistas mediante un periodismo con “interés políticos y económicos”.
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