El informe de la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), puntualizó las vulneraciones que recibió la prensa boliviana en 2013, incluyendo la acción gubernamental, las amenazas corporativas y los delitos comunes.
En tal sentido, en el marco referido al país, el informe de la Relatoría dirigida por Catalina Botero, aborda las Agresiones, detenciones y amenazas contra medios de comunicación y periodistas; Responsabilidades ulteriores; Declaraciones estigmatizantes; Acceso a la información pública; Internet y libertad de expresión; Otras situaciones relevantes.
Entre las agresiones destacan las recibidas por sectores gremiales a Radio Tiluchi, Radio Fides, La Voz de las Mayorías, Cadena A, PAT, BTV, radio televisión de Caranavi, El DIARIO, entre otros.
Sobre esta casa periodística, recuerda: “El 1 de junio desconocidos habrían robado e incendiado la vivienda del periodista Humberto Apaza Orozco, corresponsal de El Diario y secretario Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro, en la ciudad de Oruro”.
“El 26 de junio una periodista del periódico El Diario de La Paz habría sido víctima de un intento de secuestro por parte de desconocidos, en el centro de la ciudad de La Paz. La periodista habría sido interceptada por dos individuos, que la habrían insultado y golpeado, y habrían intentado forzarla a abordar un vehículo. Gracias a la intervención de una persona que circulaba por el lugar, la periodista habría logrado liberarse de los agresores”
En el acceso a la información, el informe también registró la polémica por la presentación del anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, que quedó estancada en la Asamblea Legislativa hasta la fecha.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se encontraría analizando un proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, propuesto por el Poder Ejecutivo. Periodistas y organizaciones de prensa han criticado algunos aspectos del proyecto, en particular el artículo 42º, que establece excepciones para el acceso a la información pública. En particular preocupa la ambigüedad de las cláusulas que consagran ciertas excepciones, como la que se refiere a la información que “ponga en riesgo la seguridad o defensa del Estado”, la información cuya divulgación “implique riesgo inminente para la estabilidad del país, su economía, sus recursos o el interés público”, la información sobre “estudios de impacto ambiental” y otras informaciones “determinadas por Ley o Decreto Supremo”.
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