Claudia Benavente y Ricardo Aguilar, directora y periodista de La Razón, presentaron ayer dos recursos para que se declare la incompetencia de la vía penal para juzgarlos por presuntos delitos de espionaje y revelar secretos de Estado. El fiscal Facundo Coronel canceló la declaración de ambos por la solicitud de declinatoria.
El juez Jhonny Machicado ordenó ayer la reserva del juicio a al diario La Razón y con este recurso impidió que los periodistas Claudia Benavente y Ricardo Aguilar se refieran al tema.
“Hay una orden de reserva y no podemos emitir ninguna declaración hasta después de la declaración que acaba de ser suspendida. No puedo referirme al caso”, dijo Benavente, tras ser abordada por los medios de comunicación a la salida del despacho del fiscal Facundo Coronel.
El abogado que La Razón contrató para defender a sus dos periodistas, denunciados por la Procuraduría General del Estado por los supuestos delitos de “espionaje y revelación de secretos” en el caso de la demanda marítima boliviana, tampoco pudo ahondar en el tema a raíz de la orden judicial.
“Nos encantaría poderles explicar a detalle lo que vayamos hacer sin embargo estamos prohibidos por una orden judicial. Sin embargo, hemos presentado una excepción de incompetencia”, sostuvo el abogado Guery Abuday.
Benavente y Aguilar se presentaron a declarar ante el fiscal Coronel acompañados de los trabajadores de este medio de comunicación, que exigieron -a través de su dirigente del sindicato René Castellón- el tratamiento del caso en el Tribunal de Imprenta y no en la vía penal.
“Este proceso no se puede ventilar en el ámbito penal, se tiene que ventilar ante los jurados de imprenta, porque los periodistas estamos bajo el fuero de la Ley de Imprenta”, aseveró Castellón.
El dirigente del Sindicato de Trabajadores de La Razón explicó que el procurador del Estado, Héctor Arce, presentó esta denuncia el 22 de abril, el 25 el fiscal asignado solicitó que se levante el secreto de la fuente y el 29 de abril el juez decidió también que se levante el secreto de fuente. “Pero hasta ese momento, nadie sabía nada, porque recién el 7 de mayo se comunicó a las partes afectadas, entonces este es un tema muy extraño porque se hizo de manera muy rápida, sin que nadie sepa nada”, aseveró.
Para evitar que el Ministerio Público continúe con el procedimiento penal, la directora y el periodista de La Razón, determinaron acogerse al silencio.
“La audiencia era para que digan quién es la fuente y no les queda otra alternativa que presentarse y lo que les correspondía es acogerse al derecho del silencio”, dijo el abogado de los periodistas.
Petición de la ANP
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) exigió que el juez de Instrucción en lo Penal, Jhonny Machicado, explique públicamente los argumentos que derivaron en su decisión de levantar el secreto de fuente en la Ley de Imprenta dentro del proceso que la Procuraduría le instauró al diario paceño La Razón.
El director ejecutivo de la ANP, Juan León Cornejo, declaró que el juez Machicado, que dictó esa orden, tendría que especificar cuáles de las informaciones que contiene el reportaje publicado por el diario La Razón el 13 de abril pasado, estarían enmarcados en las disposiciones 10 y 11 de la Ley de Imprenta.
En criterio de la ANP, la nota periodística firmada por Ricardo Aguilar no delinque contra la Constitución y por lo tanto no se inscribe en el artículo 10 de la Ley de Imprenta.
Ayer diversas instituciones y asociaciones de periodistas de todo el país dieron su apoyo a sus colegas de La Razón y exigieron que el caso debe ser tratado en un Tribunal de Imprenta.
En tanto, el procurador general del Estado, Héctor Arce, aseguró ayer que continuará con el proceso en contra de dos periodistas de La Razón, por considerar que se reveló información que pueden ser considerada como reservada en la demanda marítima boliviana. Dijo que su actuación está apegada a lo que mandan las leyes.
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