‘Se quiere criminalizar la conducta de los periodistas’

Guery Abuday. El procurador del Estado, Héctor Arce, demandó al periodista de La Razón Ricardo Aguilar por “espionaje y “revelación de secretos”, y a la directora Claudia Benavente por “complicidad”, tras un reportaje sobre la demanda marítima, publicado el 13 de abril en Animal Político. El juez 11° Jhonny Machicado ordenó a Aguilar levantar el secreto de fuente. Con una marcha nacional, los periodistas rechazaron el juicio y pidieron respeto a la Ley de Imprenta. El abogado del rotativo explicó la situación legal del caso.


— ¿En qué situación se encuentra el juicio a los dos periodistas de La Razón?

— Después del recurso de incompetencia, presentado por nuestra parte como defensa legal del periódico y que el juez de manera irregular ha declarado improbado, el proceso está en fase de apelación para la remisión al Tribunal Departamental de Justicia, de tal forma que el caso sea considerado en una sala penal para que sea resuelto en una segunda instancia.

— ¿En qué queda la orden de revelar el secreto de fuente?

— También se halla en grado de apelación y está pendiente en su tramitación. Sin embargo, en la investigación de los hechos que han generado esto hay paralización por las excepciones mencionadas, las cuales deben resolverse antes de proseguir con la indagación.

— ¿El Tribunal Departamental ya emitió alguna respuesta?

— Ninguna, porque es un trámite administrativo que antes debe seguir su curso hasta radicar en una sala y ésta señalar una audiencia. Lo importante en este tema es que necesitamos ser escuchados por un juez, por el Tribunal de Justicia, algo que no se nos está permitiendo hasta ahora.

— ¿Por qué se recusa al juez?

— Se presentó la excepción, la misma se notificó a la Procuraduría y a la Fiscalía para que respondan; cuando ocurre esto el juez tiene la obligación, por ley, de señalar una audiencia para que nos escuche y no lo ha hecho. Luego emite el fallo de rechazo a nuestro recurso, con ello se salta procedimientos y es ahí donde acudimos al Tribunal para recusarlo.

— ¿En qué medida este proceso es riesgoso para el ejercicio periodístico en el país?

— Es absolutamente nefasto el hecho de que esto se consolide con una resolución que confirme que cualquier actividad periodística puede ser procesada por la Justicia Ordinaria. Con este juicio se quiere criminalizar la conducta de los periodistas. ¿Cómo se puede decir que Ricardo es espía? Los periodistas tienen su fuero aparte, sino no hay libertad de expresión.

— Directivos de la APLP calificaron el juicio de tramoya y cortina de humo, ¿qué les dice?

— Sin duda alguna es verdadero y no hay discusión de ello. Los dos periodistas de La Razón están afrontando un juicio penal que pretende sancionar una conducta en actividad periodística. No se puede decir que sea un proceso armado o una tramoya porque se está sindicando a dos personas de hechos absolutamente graves.

— En la movilización se cuestionó la ausencia de Benavente, ¿por qué ella no asistió?

— Se tiene que entender que la movilización de los periodistas es una reivindicación a los derechos que la Constitución les otorga. Si Claudia y Ricardo asistían, se hubiese manejado como que ellos dos promueven a la gente para que salgan en su defensa y eso generaría un riesgo procesal que constituye, el día de mañana, un perjuicio a favor de una posible detención preventiva.

— ¿Cómo tendría que terminar el proceso a los periodistas?

— Tiene que concluir, desde mi punto de vista, con que las autoridades competentes dispongan la remisión al Tribunal de Imprenta, no hay otra, eso dice la ley y las leyes se cumplen. La Ley de Imprenta está vigente desde 1925 y debe ser acatada.

Perfil

Nombre: Guery Abuday Yáñez

Nació: 22-07-1971

Profesión: Abogado

Especialista en Derecho Penal

Abuday estudió en el Instituto Americano de La Paz y posterior a ello en la Universidad Católica Boliviana, la carrera de Derecho. Formó parte de la primera promoción de abogados de esa casa de estudios superiores. Tiene un masterado en Derecho de los Negocios, cursado en la Universidad Francisco de Victoria, en Madrid, España; una especialidad en Derecho Procesal Penal, en Arbitraje Internacional, entre otros. Ejerce la abogacía desde hace 18 años.