Carlos Quisbert Fernández, periodista de EL DIARIO, estuvo privado de su libertad ilegalmente al menos 76 horas imputado por el presunto delito de obstrucción a la justicia tipificado en el artículo 32 de la Ley 004 (Marcelo Quiroga Santa Cruz de Lucha Contra la Corrupción). Ayer recuperó su libertad tras que la Sala Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presidido por los magistrados Ramiro López y Ricardo Chumacero, quienes decidieron dar como procedente el recurso de acción de libertad.
“Soy periodista, no escribo columnas de opinión, lo único que he reflejado es la parte y contraparte en este caso. Doy a conocer lo que las víctimas dieron a conocer”, declaró Quisbert en una improvisada rueda de prensa a poco de terminada la audiencia donde dispusieron su libertad.
La audiencia se desarrolló en el Salón Rosado, desde las 15.45 horas, en medio de gran expectativa de los gremios de prensa del interior del país e incluso a nivel internacional. Al lugar también acudieron familiares del periodista, compañeros de trabajo, autoridades de la Asamblea Departamental, asesores de la Fiscalía General de Estado, del Senado (José Alberto ‘Gringo’ Gonzales, representante de la Asamblea Departamental de Derechos Humanos, del Defensor del Pueblo y organizaciones gremiales como dirigentes de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz.
La expectativa fue inusual debido a que pocas veces un periodista era sometido a una audiencia donde reclamó el respeto de sus derechos como ser humano y en especial como trabajador de la prensa.
Los abogados, quienes expusieron la acción de libertad como el instrumento legal para restablecer los derechos usurpados en una acción que fue calificada como arbitraria e injusta, cuestionaron el accionar, primero del fiscal Rudy Terrazas y luego de la juez cautelar de Viacha, Lorena Camacho.
A su turno, los abogados Jorge Aramayo por EL DIARIO, Eduardo Olivares, por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), William Bascopé y César Rojas, representantes legales del periodista Quisbert, expusieron los errores legales e infracciones que cometieron cada una de las autoridades que decidió privar de su libertad al periodista que acudió al Centro de Rehabilitación de Qalauma para entrevistarse con Madeleine, quien se encuentra con detención preventiva imputada por los presuntos delitos de feminicidio y vejación sexual en el caso del bebé Alexander.
De acuerdo con los antecedentes, su aprehensión se produjo a eso de las 15.00 horas del domingo 1 de marzo en predios del Centro de Rehabiltación de Qalauma y de ahí llevado a la fuerza anticrimen de Viacha, donde se entregó un informe, extrañamente elaborado por el jefe de seguridad del recinto carcelario de jóvenes, capitán Jimmy Corrales Prado, de quien se dijo ya tenía la resolución de imputación que fue firmada luego por el fiscal Terrazas.
“Esto es un delito de acuerdo con el informe de acción directa que ha presentado el uniformado”, dijo el abogado Olivares.
Posteriormente, se observó que se haya utilizado el artículo 32 de la Ley 004 para inculpar de un delito que está plenamente tipificado para los funcionarios públicos que cometen acciones de corrupción y que éstas van en contra de los intereses del Estado. Lo que fue utilizado como uno de los fundamentos para justificar la ilegalidad en la detención de Quisbert.
Asimismo, se explicó que con la imputación contra el periodista se intentó vincularlo con el caso Alexander argumentando que él tenía interés personal en el caso y “pretendería influir en la imputada”, motivo por el que se lo apresó y secuestraron, luego, todas sus pertenencias, para ello tuvieron que acudir hasta el puesto de venta donde dejó su mochila con su cámara, reportera, celular y otros objetos.
César Rojas, abogado de la familia de Quisbert, observó, además, una serie de irregularidades al momento de su aprehensión, como el hecho de que lo mantuvieron incomunicado por varias horas, evadieron que el imputado haya observado que no estaba siendo notificado y menos hacerle conocer sus derechos, a todo ello se suma el procedimiento para notificarlo y luego imponerle una audiencia cautelar que por norma debía ser suspendida en cuarto intermedio luego de rechazar el asesoramiento de la Defensa Pública y pidió que se esperara a su abogado de confianza a quien no le dejaron ingresar.
SE DEFIENDEN
A su turno, el fiscal Terrazas argumentó que se siguieron todos los pasos legales y por el hecho se decidió imputarlo por el delito de obstrucción a la justicia teniendo en cuenta que podía influir en el caso Alexander. Además, agregó que se encontraron en poder del periodista documentos y manuscritos que consideraron sería utilizado para obstaculizar la investigación en el caso Alexander.
La juez Camacho, a su turno, hizo conocer su posición a través de un informe escrito, en el que detalla lo ocurrido el lunes cuando decidió emitir la resolución de detención preventiva contra Quisbert, lo que consideró se apega a la normativa.
RESOLUCIÓN
Según el presidente de la Sala Penal Primera, Ramiro López, el hecho de encontrar actividad defectuosa en la detención fue el elemento que posibilita la procedencia, sin embargo, aclaró que la juez Camacho tiene la opción de emitir otra resolución tomando en cuenta que el proceso se encuentra abierto, que puede ser publicado en seis meses.
“Haciendo una valoración del caso y de la acción de libertad interpuesta por Jorge Carrasco Guzmán, en representación del coaccionante, Carlos Quisbert Fernández, contra las autoridades jurisdiccionales, se dispone dejar sin efecto la Resolución de medidas cautelares 46/2005 de 9 de marzo que establece la resolución de la Sala Penal Primera”, afirmó el presidente de la Sala Penal Primera.
Además, dijo que se instruyó a la juez Lorena Camacho de Viacha, que ejerce el control jurisdiccional del caso, emitir una nueva resolución porque se violaron los derechos de Quisbert, tomando en cuenta que en la audiencia cautelar no contaba con asistencia legal para asumir su defensa.
Por su parte, Quisbert consideró que con la resolución de libertad no sólo se estableció que estaban equivocados, sino que se garantiza la libertad de prensa y de expresión.
“Respetando al Fiscal General del Estado debo decir que en el Ministerio Público hay muchas anomalías porque lo único que hice es buscar la contraparte de la información que recababa, pero en el caso del bebé Alexander coartaron a los imputados bajo el argumento del silencio judicial o la reserva de la investigación”, sustentó.
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