Funcionarios de la Sala Penal 1 confiscaron la grabadora y borraron el audio del proceso vulnerando varios derechos. Este medio deplora el atentado a la libertad de prensa
La periodista de OPINIÓN Tatiana Castro Escalante sufrió, ayer, el decomiso de su grabadora y el borrado del último audio de parte de funcionarios de la Sala Penal Primera del Tribunal de Justicia de Cochabamba.
Ante este hecho, el diario OPINIÓN denuncia la vulneración del principio de publicidad de la justicia y el acceso a la información, así como atentados a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y a la libertad de trabajo.
La periodista de este diario cubría, junto a otros medios de comunicación, la audiencia pública de cesación de la detención preventiva del dirigente universitario de la San Simón, Jarlin Coca. En plena audiencia, una funcionaria de la Sala (que no quiso revelar su identidad) le arrebató la grabadora. Ante los reclamos de la periodista, el secretario de la Sala, José Luis Cáceres Orozco, argumentó el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal, pese a que dicha normativa no se adecua a este caso.
LA DIRECCIÓN La Dirección del diario OPINIÓN lamenta la situación que se ha presentado contra una de nuestras periodistas de parte de funcionarios que tienen el deber de facilitar el trabajo de la prensa y de no interferir.
Lo que ha ocurrido es una muestra de la intolerancia y del abuso que se ejercita, incluso, desde niveles judiciales, que deberían ser los primeros, por su esencial función en la sociedad y en representación del Estado, en cumplir el supremo ideal humano que en ámbito general es la convivencia pacífica, respetuosa y justa.
Lamentablemente, las acciones de ayer contra nuestra periodista, que en realidad han sido agresiones contra este diario, no solo impiden una relación respetuosa y constructiva entre el periodismo y las instituciones, por el contrario, las degradan y dejan un precedente funesto.
Esperamos que esta situación, más allá de que las autoridades acepten responsabilidades en el hecho y de lamentaciones posteriores, merezca sanciones a quienes corresponde.
EXPLICACIÓN La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Nuria Gonzáles, y la vocal de la Sala Penal Primera Karen Gallardo explicaron a este medio que ninguna pidió que los funcionarios actúen de esa forma.
La presidenta afirmó que solicitaron a los funcionarios que estén atentos a lo que pueda ocurrir en la audiencia del dirigente universitario Jarlin Coca, porque en anteriores ocasiones hubo forcejeos de estudiantes y por esto también se pidió la presencia policial.
No obstante, Gonzáles puntualizó que ninguna conocía de la confiscación de la grabadora a la periodista y mucho menos de la eliminación del audio.
La máxima autoridad judicial del departamento atribuyó el hecho a un “exceso” de los funcionarios.
Agregó que ya se hizo la llamada de atención a los responsables para que no se repita esa conducta.
Gonzáles pidió disculpas, aclarando que en el Tribunal de Justicia se respeta el trabajo periodístico. A la vez dijo que, según la normativa, se debe solicitar autorización al juez o vocal para grabar las audiencias, puesto que solo son válidas las transcripciones oficiales.
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