Los trabajadores de una decena de medios impresos del país dieron ayer un plazo de 15 días para que la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb) corrija las irregularidades identificadas en la Ley 544 de Seguro Privado e Invalidez Permanente por Accidentes, Enfermedades en General u Otras Causas para las Trabajadoras y los Trabajadores de la Prensa de Bolivia "Hermanos Peñasco Layme".
La reunión se realizó ayer durante toda la tarde y parte de la noche en uno de los salones del periódico Los Tiempos en la ciudad de Cochabamba. Allí se analizaron varios temas referidos a la mencionada norma que aún no está vigente debido a la falta de la formación de un directorio que maneje los recursos que serán cancelados por los medios de comunicación y periodistas independientes a un fondo común.
Del debate realizado por representantes de El Diario, La Patria, Los Tiempos, El Deber, Página Siete, La Palabra del Beni, la Agencia de Noticias Fides, El Día, El Potosí y Correo del Sur se emitió un documento donde se da el plazo de 15 días para que la Confederación de la Prensa de Bolivia resuelva y corrija las siguientes irregularidades observadas:
La ley no beneficia a trabajadoras y trabajadores afectados por invalidez temporal y accidente. El registro irregular de beneficiarios incluidos en la nómina presentada por el ex dirigente Boris Quisbert en la cual figuran docentes universitarios, autoridades universitarias y empleados de empresas de cable, entre otros. "Este antecedente demuestra que el beneficio no llegará a los verdaderos trabajadores de la prensa", se indicó en el documento.
Otras de las observaciones mencionadas en el encuentro como una resolución, es que el Directorio del Fondo Privado de Seguro de Vida tiene una mayor participación de funcionarios de Gobierno, una figura que no se justifica cuando el Estado no realiza aportes al Seguro Privado.
Ese fue el resultado de la preocupación expresada por los representantes de los medios impresos debido a las distorsiones que sufre la Ley 554 en el proceso de afiliación de beneficiarios que generan distorsión en el espíritu de la norma creada para beneficiar a trabajadoras y trabajadores de la prensa.
Asimismo, se advirtió que la confiscación originada en el aporte del Seguro de Vida, generará un riesgo para las empresas periodísticas y la estabilidad laboral de los trabajadores.
EXPLICACIÓN
Antes del debate de los periodistas, el gerente de LA PATRIA, Marcelo Miralles Iporre brindó una explicación técnica y detallada acerca de las consecuencias que traerá este seguro, que no solo pone en riesgo la estabilidad laboral, sino también vulnera la Constitución Política del Estado y la Ley General del Trabajo.
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