En 2015, el Gobierno endureció su relación con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), fundaciones y entidades sin fines de lucro. Cuatro de ellas fueron tildadas de hacer política “encubierta”, mentir y defender intereses foráneos detrás del argumento de defensa de la Madre Tierra. A los medios no les fue mejor, tres fueron adjetivados de ser “paraopositores” y de hacer campaña por el NO y, en ese marco, se produjo la salida de relevantes periodistas de los medios en los que trabajaban.
Bastó que el 10 de agosto, el vicepresidente Álvaro García Linera señalara al Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), a la Fundación Tierra, al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) y a la Fundación Milenio, de hacer “actividad partidista” en contra de los intereses del gobierno, para que el Ejecutivo restregara a las sindicadas con la Ley 351 de Otorgación de Personería Jurídica –aprobada el 2013– por la cual se les obliga a renovar su personería bajo un nuevo marco normativo.
Las entidades aludidas, todas bolivianas, rechazaron por separado las acusaciones del Gobierno, calificaron de infundadas las declaraciones del Vicepresidente, ratificaron su independencia institucional y su compromiso de trabajo a favor de la población y denunciaron la vulneración de sus derechos civiles.
El incidente convocó a una treintena de intelectuales del mundo que se solidarizaron con las ONG amenazadas. En una carta pública, dirigida al Vicepresidente de Bolivia, expresaron su preocupación “por las acusaciones y amenazas de expulsión”. Los académicos calificaron las advertencias como “un gesto de autoritarismo e intolerancia”, y advirtieron que de ejecutarse las amenazas lanzadas, “implicarían (...) una grave restricción de los derechos civiles, entre ellos, la libertad de expresión y de asociación y, por consiguiente, un retroceso enorme para la democracia boliviana”.
García Linera salió a la palestra para decir que los intelectuales “fueron utilizados” por las cuatro ONG. Negó que hubiese amenazado de expulsión a las institucionales nacionales. “A quienes sí he prevenido y advertido con la expulsión, es a organismos internacionales, ONG y gobiernos extranjeros que financian y se involucran en actividades políticas, que van en contra de los intereses del Estado de Bolivia y el proceso revolucionario del pueblo que se viene desarrollando durante los últimos diez años”.
LA ARREMETIDA DE LA ASFI
A pesar que el ministro de Autonomías, Hugo Siles, afirmara y ratificara que desde el Gobierno no hay persecución en contra de las ONG críticas, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) a recomendación de su cartera, instruyó a las entidades financieras y a las participantes del mercado de valores, verificar que las organizaciones sociales, ONG, fundaciones y entidades sin fines de lucro cuenten con resolución ministerial de aprobación de modificaciones al Estatuto Orgánico y Reglamento Interno para realizar sus operaciones.
La Ley 351 no obtuvo la respuesta que esperaba y hasta septiembre apenas dos ONG, nueve fundaciones y nueves entidades sin fines de lucro lograron sus personerías, la mayoría afines al gobierno. Hasta octubre, de las 38 “caducas”, ocho movieron sus trámites de cero y 290 recibieron la advertencia de ser declaradas en caducidad.
MEDIOS INDEPENDIENTES
A los medios de comunicación independientes no les fue mejor, García Linera tildó a un periódico local y dos agencias de noticias de ser “paraopositores”, “paraderechistas” y de hacer campaña por el NO rumbo al referéndum para modificar la Constitución que permita una nueva reelección del presidente, Evo Morales y de su persona.
Las adjetivaciones lanzadas por el segundo hombre del gobierno fueron rechazadas por los directores de los tres medios, dos de ellos ligados a la Iglesia católica, por el contrario, ratificaron su compromiso de servicio con la sociedad y con la búsqueda de la verdad. El clima de hostilidad en contra de los medios no sólo se percibió a nivel del Ejecutivo, sino también en otros Órganos del Estado.
A fines de agosto, la influyente periodista Amalia Pando se despidió de Erbol, en medio de denuncias de acoso político por parte del gobierno y una sistemática asfixia económica en contra de este medio. “El gobierno pidió mi cabeza, entonces la entrego”, dijo la comunicadora antes de dejar la radio que la cobijó 10 años. Días después también el periodista John Arandia se despedía de manera intempestiva de Cadena A.
LEY 351, UN RETROCESO DE CUATRO DÉCADAS
La Ley 351 de Otorgación de Personerías Jurídicas, en análisis del director del Cedib, Marco Antonio Gandarillas, se realizó en un contexto “represivo”. Fue presentada como un simple trámite burocrático, pero en los hechos deja sin efecto las personerías jurídicas obtenidas antes de la promulgación de la misma. “Esta es la inconstitucionalidad más importante de esta ley debido a que atenta contra el principio de irretroactividad de la ley”, dijo.
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