La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) solicitó ayer al Gobierno boliviano que “derogue y/o modifique” la norma que “amenaza” el funcionamiento de más de medio millar de radioemisoras y la consiguiente pérdida de más de 2.500 fuentes de trabajo.
En una resolución aprobada ayer en Punta Cana (este dominicano), donde la SIP concluye su reunión de medio año, el organismo recuerda que el Gobierno de Bolivia aprobó en 2011 una Ley General de Telecomunicaciones que dispone una nueva distribución del espectro radial.
La misma, asevera, “disminuye” la participación de las radiodifusoras comerciales a un 33 por ciento y reserva el 67 por ciento restante para el Estado, las comunidades interculturales y los pueblos indígenas, “mientras medio millar de radios enfrentan la burocracia estatal buscando la renovación de sus licencias, bajo la amenaza de su silenciamiento”.
A su vez, la SIP, pide al ejecutivo de Evo Morales que “no vulnere” el derecho a la comunicación y la información, consagrado en el Artículo 106 de la Constitución del país, “dejando a un lado las propuestas antidemocráticas de controlar y regular las redes sociales”.
Transparencia
También solicita al Parlamento la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el conocimiento de determinados hechos de interés público.
Por último, insta al Gobierno boliviano que suspenda la publicación gratuita y obligatoria de sus campañas y mensajes en los medios de comunicación independientes “porque resultan gravosas para sus deterioradas economías”.
En sus consideraciones sobre Bolivia, la SIP señala que el Gobierno de Morales y algunas organizaciones sociales que le son afines políticamente, tras los resultados adversos del referendo por la modificación de un artículo de la Constitución del 21 de febrero de 2016, “buscan proponer el control y la regulación de las redes sociales en el país”.
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