Luego que la ministra de Comunicación, Marianela Paco, anunciara la intención del Gobierno de modificar la Ley de Imprenta, organizaciones de periodistas se están movilizando, en diferentes departamentos del país, en defensa de esta norma que respalda la libertad de expresión y de prensa en Bolivia. De manera unánime, están poniendo de manifiesto que no permitirán que se juzgue al trabajo de periodistas por medio de la justicia ordinaria.
Con carteles y estribillos, los periodistas de los departamentos de Potosí, Santa Cruz, Tarija y Sucre protagonizaron ayer marchas en sus principales ciudades.
Según reporte de la Red Aclo Bolivia, el ejecutivo de Trabajadores de la Prensa de Potosí, Gastón Noya, dijo que la Ley de Imprenta está vigente y que el gremio periodístico defenderá esta norma, porque es la garantía que tienen los periodistas para informar y opinar. Asimismo, rechazó que se intente llevar hasta estrados judiciales a los trabajadores de la prensa.
En la misma línea, el secretario de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb), Héctor Aguilar, manifestó su rechazo a la modificación de la norma y pidió a las autoridades gubernamentales depongan aquel intento.
PARTICIPACIÓN DE MUNICIPIOS
Aguilar instó a los concejos municipales de cada capital de departamento conformar los tribunales de imprenta, para regular el trabajo de los periodistas en los diferentes medios de comunicación.
“Quiero mandar un mensaje claro a las autoridades nacionales, a las departamentales y municipales, como a los trabajadores de la prensa del país: estamos bien unidos, no vamos a permitir la modificación a la Ley de Imprenta; por lo tanto, solicito fraternalmente a los concejos municipales que de una vez por todas conformen los tribunales de imprenta que nos van a permitir garantizar efectivamente nuestro trabajo”, expresó Aguilar.
Los artículos 21 y 25 de la Ley de Imprenta, del 19 de enero de 1925, establecen la creación de tribunales de imprenta, facultad que corresponde a los concejos municipales.
En tanto, los periodistas sindicalizados de La Paz confirmaron una marcha para la siguiente semana. Su dirigenciae anunció la participación de los afiliados a la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb), Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y Asociación de Periodistas de La Paz (APL).
REPERCUSIONES POLÍTICAS
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, cuestionó el manejo de la información que tienen algunos medios de comunicación, usando duros calificativos para pretender descalificarlos.
La arremetida de Quintana sucedió en el acto de interpelación que se le hizo el pasado jueves, en la Asamblea Legislativa, donde señaló que existen algunos medios y periodistas que forman parte de un “Cartel de la mentira”, en abierta ofensa al trabajo periodístico en general.
Tras esas y otras expresiones altisonantes se generaron diferentes repercusiones por partes de senadores y diputados. Unos indicaron que los medios de comunicación fortalecen la democracia en el país y otros legisladores señalaron que existe “crisis periodística”.
El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, señaló que no existe ningún intento de amedrentamiento a los medios de comunicación ni a los periodistas. Ante esta declaración, los periodistas que cubren el área política quedaron asombrados, tomando en cuenta que Gonzales antes de ser parte del gobierno del MAS, fue un hombre de radio y televisión.
Para el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Javier Zabaleta, cree que existe una coordinación sistemática y política de algunos medios de comunicación.
“La mejor muestra de la crisis del periodismo boliviano es de que los más premiados en los últimos meses han sido Valverde y Vacaflor, entonces ahí se ve el nivel de la crisis del periodismo boliviano. Segundo que la cantidad de portadas, de diarios colegas que mencionó por su nombre, tenemos que ver todos los días mentiras que después aclaran al siguiente día en recuadros pequeñitos”, dijo Zabaleta.
Por su parte, la senadora de Unidad Demócrata (UD), Elba Pinker, dijo que el país vive en una “barbarie jurídica” y que el Gobierno está tratando de vulnerar el derecho a comunicar libremente.
“No puede ser que estemos viviendo una barbarie jurídica. Debemos respetar, en un estado de derecho a todos los ciudadanos. Todos los bolivianos queremos vivir con ese estado derecho, ya no podemos transitar en la plaza Murillo, también están quitando el derecho a que la gente se pueda comunicar libremente”, finalizó Pinker.
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