La institución internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), dedicada a la defensa de la libertad de prensa en el mundo y a la protección de periodistas, emitió un comunicado ayer sábado en el que denuncia una campaña del Gobierno boliviano contra los medios en Bolivia.
«Este clima de hostilidad hacia la prensa, que perjudica profundamente la libertad de expresión en Bolivia, no puede durar más”, señaló Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de RSF.
“Los insultos, las persecuciones ilegales y las campañas de difamación emprendidas por los altos representantes del Estado contra los periodistas de su propio país son intolerables y engendran la imposición una autocensura nefasta para la libertad de prensa”, añadió Colombie.
El comunicado de la institución denuncia que el 19 de mayo de 2016, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en una sesión de interpelación preparada por el Legislativo, “acusó a la Agencia de Noticias Fides (ANF), así como a (la red) Erbol y a los diarios El Deber y Página Siete de formar parte de un ‘cártel de la mentira’”.
“Desde hace varios meses los reporteros Amalia Pando, Raúl Peñaranda y Andrés Gómez son blanco de una verdadera campaña de difamación, marcada por ataques verbales”, dijo la entidad, una ONG internacional que tiene su base en Francia.
El comunicado de la institución denuncia también el caso del periodista Wilson García Mérida, director del periódico virtual Sol de Pando, “acusado de sedición, sin motivo válido, por el ministro Juan Ramón Quintana” y quien “recibió una citación para que se presentara al siguiente día en la oficina de un fiscal en Cochabamba, una ciudad ubicada a cientos de kilómetros de donde él se encontraba”.
RSF relata que el abogado de García Mérida intentó aplazar la fecha de la citación, obtener más información sobre el proceso y, sobre todo, conocer los cargos presentados por Quintana contra el periodista. “Para escapar de esta denegación de la justicia, el periodista tuvo que huir a Brasil, donde se encuentra actualmente”, añade el texto.
Reporteros Sin Fronteras también denuncia los casos del periodista Jesús Alanoca, del diario El Deber, quien fue interceptado cuando cubría una manifestación en La Paz, por agentes de la Policía que le ordenaron que borrara todas las fotos que había tomado y lo detuvieron arbitrariamente; y del fotoperiodista Álvaro Valero, del diario Página Siete, que fue agredido durante una manifestación por un funcionario público que intentaba impedir que realice su trabajo.
La entidad también denunció como un acto contrario a la libertad de prensa el interés del Gobierno de reformar la Ley de Imprenta.
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