Amalia Pando se queda en Bolivia y dará pelea

La periodista Amalia Pando, que dirige el programa 'Cabildeo' asegura que no abandonará el país a pesar de la presión que siente por parte de las autoridades del Ministerio Público y del Gobierno, y tampoco revelará el nombre de los periodistas que cubrieron el caso Zapata.

'Cabildeo' es un programa de análisis político y se emite en los canales virtuales y su portal web http://amaliapandocabildeo.com. Hace dos días, desconocidos hackearon la cuenta y la frecuencia de radio Líder, por donde se transmite el programa, tenía interferencia.

Pando, con 35 años de trayectoria en el oficio, pidió protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, porque se siente 'amenazada' de ser enviada a la cárcel por el Gobierno.

En una entrevista exclusiva con EL DEBER, consideró que con todo esto el Gobierno quiere hacer creer que hubo 'conspiración' contra el presidente Evo Morales.

¿Le llegó un memorial de la Fiscalía para que presente la entrevista que le e hizo a Gabriela Zapata y en la que acusa al Ministro de Obras Públicas?
Tuve la visita en las oficinas de Radio Líder -donde trabajo por las mañanas- de dos policías con el pretexto de un requerimiento fiscal. Hecha la denuncia no volvieron a aparecer. La denuncia se basaba en que los requerimientos fiscales nunca son dejados por policías. Y porque, además, se negaron a dejar dicho requerimiento.

Posteriormente otro fiscal- a pedido del Ministerio de Minería- dejó un requerimiento de una copia de la entrevista a Gabriela Zapata Montaño realizada por mi programa 'Cabildeo'. Dejamos la copia en el despacho del fiscal mencionado.

Y, finalmente, un tercer requerimiento, esta vez de un juez a pedido del Ministerio de Obras Públicas de la grabación de la misma entrevista y, además, la lista de periodistas que trabajan en 'Cabildeo'. Este
mismo requerimiento llegó a varios otros medios de comunicación. No respondí todavía, pero de antemano les aseguró que no presentaré ninguna lista de periodistas por ser una amenaza al ejercicio del periodismo.

¿Usted va a presentar el material periodístico que solicita la Fiscalía?
Sí. Los requerimientos solicitando la copia de una entrevista son de todos los días. No hay razón para negarme pues las entrevistas son públicas. Pero, otra cosa es la exigencia de entregar listas de los autores de las notas o investigaciones. Esto es amedrentador e ilegal.

¿Cómo califica esta acción emprendida por la Fiscalía con relación al trabajo de los medios de comunicación que difundieron el caso Zapata?
Responde a un lineamiento gubernamental de hacer creer a la opinión pública que hubo una conspiración contra el presidente Evo Morales usando el caso Zapata. Una estupidez. Los únicos que hablaron, mintieron, se contradijeron, enredaron y aún no pueden salir de su propio laberinto son los del propio Gobierno y la señora Zapata.

¿Existe la posibilidad de que usted tome la decisión de salir del país debido a estas acciones, tal como sucedió en el caso del periodista Carlos Valverde? ¿Se siente perseguida o presionada?
Me siento acosada y difamada por el Gobierno. Después de la detención del abogado León, todo es posible. La Fiscalía, por encargo del Gobierno, puede inventar cualquier tipo de acusación.

La Constitución me protege,pero no hay juez en el país que haga respetar la Constitución. Hoy y aquí lo único que se respeta es la voluntad y los intereses de Evo Morales. Todos estamos en peligro.

A pesar de ello, yo me quedo y continuaré trabajando hasta donde se pueda. He pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una protección para que se garantice la libertad de pensamiento, expresión y de prensa.

¿Qué tipo de protección le puede dar la CIDH, de acuerdo a sus normas?
​La petición requiere de medidas de protección y necesarias para que los afectados ejerzamos el periodismo en plena libertad sin la intrusión de órganos del Estado, más allá del Tribunal de Imprenta, debiendo cesar las constantes amenazas, insultos y agresiones por parte del presidente, vicepresidente y demás autoridades.

Si la Comisión nos brinda su protección y el Gobierno incumple las garantías constitucionales en esta materia, podrá ser sujeto de sanciones económicas significativas. Además del castigo moral de la opinión pública internacional.

¿Cuál cree que es la intención del Gobierno con relación al caso Zapata?
Salvar el desportillado prestigio del presidente Evo Morales y aprovechar la oportunidad para castigar a quienes el Gobierno responsabiliza de su derrota en el referendo del 21. Algo parecido al caso terrorismo con el que acabó con el viejo liderazgo político-empresarial de Santa Cruz. Solo que el 2008 estaba de subida y ahora está de salida, que no se equivoque porque el tiro puede salir por la culata. Cuando los gobiernos quiebran el orden democrático y usan la represión para controlar las naturales protestas, solo ganan más protestas y bronca popular que terminan con los afanes tiránicos.