Frente a las amenazas y ataques verbales del Gobierno, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) denunció ayer la “peligrosa situación de vulnerabilidad” en la que se encuentra el trabajo periodístico y entregó una carta al representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Denis Racicot, con un detalle de los hechos que afectan la labor independiente de periodistas y medios.
Durante más de una hora, el presidente de la ANP, Pedro Rivero, el primer vicepresidente, Jorge Carrasco, y el expresidente Marco Dipp informaron a Racicot y sus asesores sobre el temor generado entre periodistas y directores de medios que la semana pasada fueron amenazados por el vicepresidente, Álvaro García, con la pena de cárcel, por el supuesto delito de conspiración contra el presidente Evo Morales.
“Además de todas las agresiones registradas contra el periodismo a lo largo de la última década, las mismas que han sido oportuna y públicamente denunciadas por la ANP, numerosos hechos y señales nos permiten evidenciar que, en las últimas semanas estamos asistiendo al despliegue de una reacción gubernamental que amenaza y pone en peligrosa situación de vulnerabilidad el libre ejercicio de la actividad periodística y el normal desempeño de los medios de comunicación independientes”, expresa la carta.
Describe que la fase de mayor tensión entre el Gobierno y la prensa, desde el ascenso a la Presidencia de Morales, en enero de 2006, comenzó el pasado 19 de mayo de 2016, cuando el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, durante una interpelación parlamentaria en torno al denominado caso Zapata, dominó la atención informativa de nuestro país en los últimos meses, pretendiendo responsabilizar de la supuesta conspiración a la Agencia de Noticias Fides (ANF), a la red Erbol y los diarios Página Siete y El Deber, así como a los periodistas Carlos Valverde, Amalia Pando, Raúl Peñaranda y Andrés Gómez.
El pasado miércoles 15 de junio, el vicepresidente García aludió a los periódicos Los Tiempos, Página Siete, El Deber, la red Erbol y ANF por la difusión de titulares que, según la autoridad, incurrieron en un ataque despiadado contra Evo Morales al informar el haber promovido el tráfico de influencias por su relación con una persona que utilizó ese vínculo para realizar actos dolosos y de enriquecimiento personal.
“Desvirtuamos el supuesto afán de desestabilizar al Gobierno y ratificamos la búsqueda de una relación de mutuo respeto”, reiteró el Presidente de la ANP.
“Se agotaron las instancias institucionales autónomas para obtener protección a los derechos ciudadanos, y por ello recurrimos a las Naciones Unidas”, explicó Dipp.
Carrasco denunció que desde el poder político “se busca que la línea editorial de los medios de información se someta a los dictados del Gobierno”. “Frente a ello, queremos conservar la independencia de los medios, en estricto apego a los derechos constitucionales de periodistas y ciudadanos, habilitados plenamente para informar y ser informados, de acuerdo a su rol en la sociedad”, añadió.
Los representantes de la organización que agrupa a los principales medios escritos de Bolivia informaron en detalle sobre las permanentes acciones de fiscalización y sanciones injustificadas que se imponen a medios independientes, a manera de represalia por la difusión de noticias contrarias a la imagen del Gobierno.
VETO PUBLICITARIO
Con ejemplos de casos concretos, los directivos de la ANP denunciaron una política orientada a afectar los ingresos de empresas periodísticas independientes, a través de una disposición interna que suspendió la publicidad estatal en los medios comprometidos con la veracidad de la noticia.
“Paralelamente, el Gobierno, a través de las reparticiones estatales y de las distintas instituciones y empresas públicas que controla, comenzó en los últimos meses y semanas –según sea el caso– la aplicación de un veto publicitario parcial, en unos casos, y total, en otros, a los medios de comunicación independientes, como una medida de presión y represalia porque su actividad periodística estuvo ceñida a parámetros periodísticos antes que políticos, y regida a códigos y principios éticos antes que a intereses ajenos a nuestra suprema misión de informar”.
En un apartado de la comunicación, la ANP recuerda al representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que como efecto del ambiente de temor, generado por las permanentes amenazas, los periodistas Wilson García Mérida y Carlos Valverde Bravo buscaron refugio en Brasil y Argentina, respectivamente.
La ANP se solidarizó con las cerca de 500 emisoras privadas que podrían cerrar en el proceso de readecuación de frecuencias dirigido por el Gobierno, y pidió a Racicot realice una vigilancia sobre las políticas estatales en materia de radiodifusión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario