La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denuncia, mediante un comunicado, que un juez pidió grabaciones y nombres de periodistas a cinco medios de comunicación que cubrieron el caso Zapata en el marco de una demanda planteada por el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, en contra de la exnovia del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata.
La ANP pide al juez Primero de Instrucción en lo Penal, Luis Yepez Portugal, dejar sin efecto la orden judicial y respetar la Ley de Imprenta que, en su artículo 2, indica que los responsables de las publicaciones son "los directores de diarios, revistas y publicaciones periodísticas". Esto quiere decir que no se puede revelar el nombre de los periodistas.
"El pronunciamiento responde a la orden judicial que exige a la periodista Amalia Pando y al Canal 18 de televisión la entrega de grabaciones, y a los periódicos Página Siete, Los Tiempos, El Deber y El Diario, revelar la identidad de los periodistas que procesaron como noticia una declaración de la excompañera sentimental del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, que involucra a varias autoridades en presunto tráfico de influencias", señala el comunicado de la ANP.
La organización que agrupa a los propietarios y directores de los medios impresos y agencias de Bolivia, indica que el juez Yepez envió una comunicación que fue entregada a los medios señalados el 13 de junio y que "responde a una solicitud de la apoderada legal del ministro Claros, Kathleen Fernández, que recurre a la autoridad judicial para acumular antecedentes que permitan la apertura de una acción penal por calumnia e injuria".
El requerimiento de Fernández pide al juez que "éstos (los medios citados) proporcionen las generales de las personas de la redacción de dicha noticia en estos medios de comunicaciones en fecha 18 de mayo del presente". Al pie del documento, el juez Yepez da curso al pedido con su firma y sello.
A mediados de mayo, en una entrevista lograda por el programa Cabildeo de Amalia Pando, Zapata denunció la existencia de un supuesto "consorcio de ministros" y acusó a los titulares de Obras Públicas, Milton Claros, y de Minería, César Navarro. "Lo que ahí pasa es que hay un consorcio de ministros (…) Todo esto se ha suscitado por la pelea del tren Montero-Bulo Bulo. CAMC le denuncia al ministro de Obras Públicas por el incumplimiento de deberes y por la falsificación que él ha hecho para rescindir el contrato. Entonces, lógicamente se hace un amparo constitucional, él ya tenía una empresa para darle contrato", afirmó Zapata, aunque luego se retractó de sus acusaciones en contra de Navarro.
Claros anunció en aquella ocasión que iniciaría un proceso en contra de Zapata, que es el que se está llevando adelante y por el que un juez está pidiendo los nombres de los periodistas que cubrieron la noticia.
La ANP también le recuerda al Órgano Judicial que está vigente la Ley de Imprenta que en su artículo 28 señala: "Los funcionarios públicos que fuesen atacados por la prensa en calidad de tales, sólo podrán quejarse ante el Jurado (de Imprenta)".
La organización de medios explica al juez que los reporteros no escribieron a título personal, sino realizaron un trabajo periodístico que tiene relación con la administración de bienes estatales y por lo tanto son temas de orden público.
De persistir el intento de vulnerar la Ley de Imprenta, la ANP recurrirá a instituciones internacionales para demandar el respeto de las normas que protegen el trabajo periodístico, expresa el comunicado.
Consultado sobre el requerimiento, el fiscal general, Ramiro Guerrero, dijo que "si se ha enviado algún requerimiento en el marco de esa investigación o de otras investigaciones es para solicitar alguna imagen, alguna declaración en el marco de esa investigación". Por el contrario, indicó que algunas personas "quieren victimizarse".
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