La Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) solicitará una audiencia a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, para evitar una situación que pueda poner en riesgo la libertad de expresión en el país, informó a EL DIARIO el dirigente de la entidad, Héctor Aguilar.
“Vamos a solicitar una audiencia a esta Comisión, para que también pueda escuchar a los trabajadores de la prensa del país, sobre nuestra postura para evitar que pueda ponerse en riesgo la libertad de expresión en el país”, declaró.
La decisión la dio a conocer Aguilar, después que instituciones, como la Asociación Nacional de Periodismo (ANP), alertó sobre posibles modificaciones que se podrían realizar al Código Penal, al intentar suprimir de este cuerpo el artículo 296, que ofrece la protección a la libertad de prensa en el país.
El representante de la Confederación dijo que “los periodistas no permitirán que se vulneren los derechos a la libertad de expresión, un principio que se constituye en el baluarte de un Estado democrático”.
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En anteriores oportunidades, personas afines del Movimiento Al Socialismo (MAS) mencionaron la necesidad de modificar o actualizar la Ley de Imprenta, los periodistas rechazaron aquellas intenciones, incluso se movilizaron en diferentes ciudades del país.
En ese sentido, Aguilar reiteró que, desde el gremio, no se permitirá ningún tipo de intento de modificar la Ley de Imprenta y de ese modo “violentar el trabajo periodístico que desarrollamos los trabajadores de la prensa (…) Seremos celosos vigilantes de esto, que es un patrimonio para nosotros”.
ARTÍCULO 296
Respecto a los anuncios que se realizaron en los medios de comunicación de suprimir el artículo 296 del Código Penal, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, aclaró que no existe propuesta alguna para eliminar el mismo, porque el Estado garantiza la libertad de expresión.
Aseveró que se generó una polémica sobre un tema inexistente y señaló que en lo personal desconoce de un proyecto que elimine la libertad de expresión.
El artículo 296 del Código Penal Boliviano señala que “será sancionado con reclusión de seis (6) meses a tres (3) años y multa de treinta (30) a doscientos (200) días, el que ilegalmente impidiere o estorbare la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, así como la libre circulación de un libro, periódico o cualquier otro impreso”.
De acuerdo al medio de comunicación la “Hoja del Sur”, que cita al diario Los Tiempos, de Cochabamba, el proyecto de Ley estaría conformado por más de 1.100 artículos, que todavía se halla en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Además, la norma incorpora otro artículo, que abrirá la posibilidad de que periodistas, directores y propietarios de medios sean pasibles a ser sancionados por delitos penales.
Dentro del proceso de reforma de las normas jurídicas que desarrolla la administración del presidente Evo Morales, se establece que en el transcurso de esta gestión se debe aprobar un nuevo cuerpo legal penal. En ese contexto, el Legislativo, en coordinación con el Ejecutivo Judicial, preparó un documento que unifica los tres instrumentos penales: El Código Penal, de Procedimiento Penal y la Ejecución de Penas.
También, el supuesto proyecto incorpora un artículo que hace referencia a la “exención de responsabilidad para trabajadoras y trabajadores de medios de comunicación”, que a la letra señala: “en las infracciones penales cometidas por los medios de comunicación no responderán ningún cargo las personas que sólo intervinieren materialmente en su impresión, difusión, distribución o venta o cualquier otra forma de reproducción y divulgación”.
Otro artículo que se puede mencionar es el artículo 281 sobre la difusión e incitación al racismo o a la discriminación que en su parágrafo II señala que “cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.
El proyecto de Ley del Sisma Penal Boliviano, que las autoridades afirman no conocer, incluye dentro los cambios que se realizan a las normas penales, la incorporación la figura de “separatismo” como un delito que debe ser sancionado con 30 años de cárcel, el cual también afecta a las personas que habrían contribuido en la comisión de este nuevo delito. Sin embargo, en anteriores declaraciones a EL DIARIO, el presidente de la Comisión de Justicia, Lino Cárdenas, aseguró que no llegó hasta aquella instancia ningún proyecto con esas características y sostuvo que aquel planteamiento sería una aberración a la Constitución Política del Estado (CPE).
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