La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a los propietarios de los medios impresos de Bolivia y a una agencia de noticias, rechazó su designación como representante de los medios privados en el Consejo Directivo del Seguro Privado de Vida “porque ello implicaría una flagrante violación a la Constitución Política del Estado”.
Mediante una carta, explicó que la ANP “no es representativa de la totalidad de los medios privados existentes en todo el territorio nacional que incluyen radioemisoras, canales de televisión y servicios informativos digitales”.
La misiva está firmada por el presidente de la ANP, Marcelo Miralles, y está dirigida al presidente de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Héctor Aguilar.
“La ANP no puede atribuirse una representación que no le corresponde ni le compete”, indica la carta y cita el artículo 122 de la Constitución, que declara nulos los actos de quienes usurpen funciones.
Por otro lado, la entidad ratifica sus puntos de vista contrarios a algunos aspectos centrales del seguro para periodistas. El principal argumento es que “las empresas periodísticas deben responsabilizarse por el seguro de vida de sus propios dependientes de manera directa y no a través de una bolsa común para beneficiarios que no pertenecen a las empresas aportantes”.
En criterio de la ANP, el esquema del Gobierno (el de la bolsa común) “es cuestionable porque usa el dinero de las empresas periodísticas para el pago de un seguro a personas que no tienen relación laboral con los medios aportantes, en detrimento de los verdaderos dependientes que son excluidos por las organizaciones gremiales”.
En criterio de la ANP, el aporte del 1% del ingreso real y efectivo “representa un duro golpe financiero a las empresas periodísticas independientes, algunas de las cuales se hallan al borde de una quiebra”.
En ese marco, indica que las empresas que no generan utilidades “corren el riesgo de desaparecer en el corto plazo como efecto de este nuevo tribuno (seguro)”.
La entidad también observa que en el Consejo Directivo hay dos representantes del Gobierno, dos del sector sindical y solo uno de los medios privados que, a su vez, son los principales aportantes.
En los últimos años, el trabajo periodístico, en muchos casos, se tornó en una actividad de mucho riesgo, en especial para los periodistas que realizan coberturas a los conflictos sociales donde varios reporteros, camarógrafos y fotógrafos fueron atacados de forma violenta y dañados sus equipos de trabajo.
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