La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) a través de su presidente, Marcelo Iporre Illanes, rechazó de forma tajante el interés político de investigar sobre la ética de periodistas y medios’ sugerida por el exministro Juan Ramón Quintana a su sucesor René Martínez, y le recordó que dentro de las atribuciones de los ministros de Estado, Artículo 175 de la Constitución Política del Estado (CPE), no establece este aspecto.
“Sin ánimo de atacar a los medios, que no es mi intención, hay que hacer una investigación seria, severa, rigurosa sobre la ética de los medios de comunicación en la construcción del Estado Plurinacional”, dijo Quintana a Martínez cuando le entregaba su despacho el miércoles.
“En el último año, el exministro de la Presidencia fue uno de los principales agresores verbales del trabajo cumplido por periodistas y medios. Calificativos como ‘cártel de la mentira’ y otros fueron generados para atemorizar el trabajo informativo, y es deseable que el ministro René Martínez reencamine las actividades de su despacho en apego a las normas y con la reconocida experiencia ganada en el ámbito legislativo”, manifestó el Presidente de la ANP.
Pese a dejar el Ministerio, Quintana le aseguró a Martínez que “tienes medios de comunicación que son deshonestos intelectualmente, no con el Ministerio de la Presidencia, sino con nuestros propios ciudadanos. Ojalá se modifique esta conducta”.
Iporre respondió: “Vivimos en un Estado democrático donde la construcción del mismo es tarea de todos y no solamente del Gobierno de turno, por lo que todas las opiniones y líneas de pensamiento son válidas, ya sean oficialistas, neutras u opositoras, por lo que instamos a los servidores públicos, y sobre todo a los nuevos ministros obrar con respeto, responsabilidad y apego a la Constitución.
Iporre recordó que “la pluralidad de pensamiento prima en cualquier proceso democrático y lamenta la intolerancia de Quintana, y rechaza el interés político de investigar sobre la ética de periodistas y medios. Esta labor corresponde a los tribunales especializados de autorregulación y sus correspondientes normas, de acuerdo a la Carta Magna”.
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