Tres años después no hay Cristian. No hay Justicia. Tampoco hay olvido. El caso de la desaparición del periodista Cristian Mariscal, hoy hace exactamente 1.096 días, se ha convertido en una bandera emblemática contra la impunidad, que desnuda la ineficiencia de los llamados por ley a resolver los delitos.
Para hoy está prevista una conferencia de prensa por parte de la familia del periodista desaparecido en la que se hará referencia al itinerario que se debe seguir para denunciar a los responsables de la fallida investigación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una empresa titánica, como la que siguen librando contra la burocracia del Ministerio Público en Tarija.
La historia es de sobra conocida, se cuenta de adelante atrás y viceversa, se reconocen los puntos oscuros, los lugares donde faltan respuestas… El caso pasó a otra instancia cuando en el primer semestre del 2016 todos los imputados fueron sobreseídos. Sin imputados, tampoco hay recursos ni físicos ni humanos que hagan el seguimiento. No se sigue investigando. Pero el Ministerio Público insiste en que el caso “no está cerrado” y que, cuando aparezca alguna prueba, se puede retomar. “¿Cómo aparecerá alguna prueba si no hay nadie investigando?” es la pregunta que duele en el seno familiar, quienes tildan de demagógica la actitud del fiscal departamental Gilbert Muñoz, quien sostiene ese discurso envuelto en recomendaciones procedimentales y términos leguleyos que no vienen al caso para reconocer la situación.
La familia también perdió al patriarca, Jaime Mariscal, quien falleció el 5 de enero de 2016. El parte médico de la defunción es lo de menos. Don Jaime se consumió entre la desesperación y la pena, entre la frustración y la añoranza. Don Jaime, un hombre sencillo y humilde, jamás bajó la cabeza para enfrentarse a tamaño desafío. Solo beneficiado por el normal apoyo brindado por los compañeros del gremio, que han hecho, hemos hecho, del caso de Cristian una causa general contra el sistema. Cristian era visible, pero cada día desaparecen miles. Y no pasa nada. A don Jaime lo acusaron incluso de amenazas, casi de atentado a la autoridad fiscal. Se fue a la tumba con demasiadas preguntas sin respuesta de las que hoy, quizá tenga certezas.
Pruebas arruinadas
Toda Tarija conoce cómo empieza la historia. Cristian Mariscal sale de la discoteca donde trabajaba el domingo 19 de enero de 2014 de madrugada. Una cámara de seguridad lo filma caminando sereno hacia su auto.
Desde ahí todo se basa en las declaraciones de los imputados. La versión comúnmente aceptada es que fue a casa de su expareja, con quien había terminado la relación hacía unas pocas semanas. Gabriela Torres Araoz le negó el acceso a su dormitorio. Torres cambió dos veces su declaración sobre el grado de alcoholismo que tenía cuando lo acompañó a la puerta de su auto, desde donde dice se marchó.
Primero dijo que estaba muy ebrio, pero ni las imágenes del video, ni las declaraciones de quienes compartieron unas cervezas esa noche con él coincidían. Tampoco hubiera quedado muy claro cómo encajaba el hecho de que supuestamente hubiera llegado en tiempo record a orillas de San Jacinto, donde un perito condenado por usurpador, certificó después que realizó sus supuestas llamadas. Nadie más supo nada de Cristian.
Demasiado pronto la historia se empieza a torcer; cuando la Policía encuentra hasta 13 manchas de sangre en el trayecto que va de la puerta de Gabriela a la puerta de la casa por la que salió Cristian. Manchas que fueron limpiadas y pintadas según testificó el pintor que fue empleado ese mismo domingo en el que Cristian desapareció. De nada sirvió, las pruebas recolectadas se arruinaron en un extraño tránsito entre el ITCUP Policial y el laboratorio fiscal del IDIF mientras peleaban competencias. Competencias que quedaron en nada.
Los abogados de Mariscal jalaron otro hilo. El de los más de 60 mensajes intercambiados esa madrugada de la desaparición entre Gabriela Torres y su enamorado del momento, Grover Carranza, ambos operadores del TAM. Varios meses después se ordenó una pericia. El perito contratado en Sucre a tal efecto, Facundo Olascoaga, acabó resultando un hacker habilidoso para los negocios. Los abogados de Mariscal le acusan de haber negociado la pericia. Nunca se culminó. Cuando de ello se trataba otro fiscal, Roberto Ramírez de Chuquisaca, ordenó un allanamiento en las oficinas de Olascoaga que acabaron por arruinar todo el material secuestrado.
Olascoaga dejó entrevistas rimbombantes y declaraciones sugestivas, pero nunca habló demasiado más allá de ventilar sus divergencias con el Fiscal departamental de Chuquisaca, Roberto Ramírez. La CIDH podría determinar cuan determinante resultó este allanamiento. El único dato que dejó Olascoaga fue una triangulación de llamadas que indicaron un punto en el entorno de San Jacinto donde supuestamente se hicieron las últimas llamadas desde el teléfono de Mariscal. La familia lo consideró improbable.
A pocos kilómetros de ese punto se encuentra uno de los moteles de Melgar Mustafá, quien además tiene negocios con grúas y mecánicos. Su nombre saltó asociado a la venta del vehículo de Mariscal con el que desapareció. El mismo Suzuki Samurai, con la misma placa y el mismo registro del B-Sisa fue identificado en una comunidad de Santa Cruz.
El auto había estado parado durante todo el año, hasta que en agosto cargó tres veces gasolina en la semana de Urkupiña, en varios surtidores del trayecto hacia Cochabamba. Como si alguien se hubiera prestado el auto sin saber. La Agencia Nacional de Hidrocarburos tuvo registro de la placa en agosto de 2014. Incluso existieron videos. Pero no fue hasta que Plus TV, en enero de 2015, dio con esta documentación que el Ministerio Público no actuó. Eso sí. En una semana se detuvo a Melgar Mustafá.
Jaime Mariscal describió junto a su pariente mecánico varias soldaduras que habían hecho en el carro, marcas como cicatrices, casi únicas. Pero el tema entró en una sucesión de audiencias y burocracias, paranoias de vehículos clonados y placas dobladas hasta que el juez desestimó la prueba. Otra vez muy cerca, otra vez nada. Don Jaime quedó muy tocado en esa ocasión, aunque no perdió la esperanza de encontrar a su hijo.
“Si está vivo que me digan dónde está, si está muerto, que me digan también, y ya”. Esta fue la última declaración de Jaime Mariscal en el Hospital Obrero, pocos días antes de fallecer, donde convocó a toda la prensa para recordar que la batalla continua.
TRES ESTRELLAS MEDIÁTICAS PARA UN JUICIO POPULAR
Un fiscal paradigmático
Gilbert Muñoz es un Fiscal que creció en la polémica, suspendió a Mario Cossío y en 2012 fue nombrado Fiscal de Distrito. El Fiscal General Ramiro Guerrero, los tres ministros de Gobierno (Moldiz, Romero, Pérez) que pasaron por el cargo, los comandantes policiales y el propio Presidente Evo Morales comprometieron esfuerzos particulares. Todos ellos los administró Muñoz, sin éxito en la investigación.
Un compadre resentido
Rafael Gómez asumió la defensa de la principal imputada por la desaparición; Gabriela Torres, quien era hijastra de su hermano y que no ha sido investigado más allá de la declaración previa. Gómez, a quien se le señalaban vínculos de compadrazgo con Muñoz en los tiempos de Luis Alfaro en el MAS, fue suspendido como vocal del Tribunal Electoral. Gómez sostuvo desde el principio: Sin cuerpo no hay delito. De momento, ha ganado.
Un abogado acosado
Tamer Medina se ofreció para representar a la familia Mariscal en este caso. Abogado de trayectoria reconocida, combativo y habitual de la polémica, mantiene su propia lista de agravios y cuentas pendientes tanto con Muñoz como con Gómez y con otras abogadas que han aparecido en escena a cuenta de Melgar Mustafá, como las doctoras Aguirre y Castellanos. Acompañó a Jaime Mariscal hasta el final, también en los momentos en los que las pruebas se fueron cayendo una tras otra.
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