En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) que agrupa a los principales diarios, revistas especializadas y una agencia de noticias, expresa preocupación por los permanentes ataques al trabajo de periodistas y medios informativos, acciones que vulneran el derecho de los ciudadanos a ser informados y los principios constitucionales sobre libertad de prensa y de expresión.
El año 2016 estuvo marcado por la alarmante cifra de 59 agresiones verbales y físicas contra reporteros y fotógrafos, y por las constantes declaraciones de funcionarios de gobierno que atribuyen a los medios independientes una labor de conspiración a través de un supuesto “cártel de la mentira”.
Los datos registrados por la Unidad de Monitoreo de la Libertad de Expresión de la ANP demuestran un ascenso en el número de agresiones. En 2014, se presentaron 23 casos; mientras en 2015, un total de 28 que, comparados con los 59 observados en el último año, muestran una tendencia inquietante.
Valoramos el pedido de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en su informe anual 2016, y en el capítulo dedicado a Bolivia, reclama al Estado “contribuir a generar un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas ajenas, incluso cuando las mismas le resulten ofensivas o perturbadoras”.
También pedimos al gobierno garantizar el mandato constitucional de emitir ideas libremente por cualquier medio de difusión, sin censura previa, y el cumplimiento de ese postulado en concordancia con el artículo 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH que señala: “la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley”. En Bolivia, el artículo 16 de la Ley contra el Racismo y toda Forma de Discriminación contraviene ese principio.
La ANP lamenta que de manera simultánea a las agresiones físicas y verbales, se imponga una asfixia financiera a las empresas periodísticas a través del recorte de la publicidad estatal, el permanente hostigamiento tributario, la obligatoriedad de ceder costosos espacios sin justa remuneración, obligadas por ocho leyes y el anuncio de nuevas contribuciones sociales que anticipan el cierre de pequeñas radioemisoras, canales de televisión y publicaciones impresas.
Aún en medio de estas dificultades, la ANP y sus medios asociados ratifican el compromiso de informar con la verdad, alentados por el deseo de preservar las libertades ciudadanas y la democracia.
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